Columnista:
Yeferson Bonilla Hernández
A propósito del cumpleaños número 29 de nuestra Carta Magna promulgada en el 91, no queda la menor duda de que ha sido el documento público más atropellado en la historia de nuestro país, pues se puso de moda en los sectores políticos del legislativo promover reformas constitucionales a su antojo (muchas sin real importancia) y otras porque según ellos, hay que ir modernizando la Carta Magna conforme a las realidades de la sociedad colombiana.
En los últimos días, hemos observado cómo las mayorías del legislativo e incluso el mismo ejecutivo, han salido a celebrar con bombos y platillos el proyecto de ley que reglamenta la cadena perpetua para violadores de menores en Colombia, noticia viral que le permitió a los medios dejar de un lado la situación de la COVID-19, hasta ahí todo suena maravilloso. En un primer plano y, como novedoso en el asunto, es que parece haber sido uno de los proyectos más rápidos para tramitar en la legislatura anteriormente culminada, un proyecto que unió las mayorías del país, a pesar de que ciertos sectores no ejercieron su derecho a votar; unánimemente no fue la cosa, como lo decían algunos medios. La ñapa de este primer plano es que, quien estuvo más interesado en sacar este proyecto de ley a luz verde fue el Gobierno Nacional, por ello tanta presión hacia el senador Lidio García para que le echara fuego a la iniciativa antes de dejar la Presidencia de la corporación.
Lo anteriormente descrito, no es el asunto de fondo más importante en el trámite de este proyecto de ley, lo que más genera zozobra son los vicios ocultos que contiene; por ejemplo, el presidente del Senado, quien debe ser el garante de cumplimiento de la Ley 5ta del 92, no envió las recusaciones ante el Comité de Ética, el cual debía revisarlas antes que cualquier otro trámite, de lo contrario, esto puede conllevar a demandas del Consejo de Estado. Agreguemos algo aún más importante y que tiene que ver directamente con el campo jurídico, la Constitución Política prohíbe la cadena perpetua en su artículo 34, además, en su artículo 1 menciona la protección a la dignidad humana, algo que deja claro que ninguna ley está por encima de nuestra Carta Magna, ahora muchos dirán: ¿y el derecho internacional qué? Pues, cabe resaltar que Colombia forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo cual sería inconvencional aprobar esta iniciativa.
Concluyamos con algunas cositas, la pena es un tema que tiene un amplio significado jurídico, humano y filosófico, algo que estos improvisadores de leyes creen es que debido al auge del delito y, con aumentarlas drásticamente, se soluciona el problema.
Queda claro que para los legisladores y el ejecutivo esta es la oportunidad de buscar protagonismo y estar convencidos de dejar una profunda huella en sus gestiones, y que esto demuestra el desinterés del Estado de luchar contra la impunidad, en vez de estar: redoblando las acciones en el descubrimiento de los autores de estos hechos y modernizando los sistemas de investigación.
