Columnista:
Germán Ayala Osorio
El uribismo, en tanto ethos, viene naturalizando, dentro de las prácticas políticas y discursivas, el cinismo y la provocación. Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller, es quizás, después de Iván Duque Márquez, la más aventajada en protagonizar actos de provocación, muchos de estos asociados al cinismo con el que suelen demandar de otros gobiernos, lo que a la actual administración se le critica, por notables fallas en el cumplimiento.
Después de que Marta Lucía Ramírez e Iván Duque rechazaran el contenido crítico del Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la funcionaria negó ante el Consejo de Seguridad de la ONU la responsabilidad directa de los agentes del Estado en la violación de los derechos humanos en Colombia, en el marco del paro nacional, las movilizaciones y el ya evidente estallido social. Ahora, en una actitud desvergonzada, exhorta al régimen cubano para que «respete el derecho a la protesta».
Estamos ante una actitud cínica y desfachatada de quien debió asumir la responsabilidad política que le corresponde porque su Gobierno, en nombre del Estado colombiano, no solo desconoció e irrespetó el derecho a la protesta social de millones de colombianos que se movilizaron, sino que cohonestó con la violación de los derechos humanos por parte de miembros de la Policía Nacional y del Esmad, que actuaron con sevicia y con inusitada fiereza. Ahí están por lo menos 80 jóvenes con traumas oculares, víctimas de agentes estatales que violaron protocolos y usaron desproporcionadamente la fuerza. A lo que suma, por supuesto, por lo menos 45 jóvenes asesinados por balas oficiales, todo un récord para un régimen que paso a paso se gana el calificativo de dictatorial.
Es posible pensar que lo dicho por Ramírez ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la reciente exhortación al régimen de Díaz-Canel haga parte de la estrategia para bajarle la temperatura a lo sucedido con el crimen del presidente de Haití, a manos de militares retirados colombianos. Pero no: estamos ante una postura y una forma de enfrentar los reclamos y de desconocer responsabilidades. Y la mejor manera de hacerlo, de acuerdo con ese pernicioso ethos que guía la vida pública y privada de los uribistas, es actuar con total insolencia y descaro, para provocar a sus críticos y detractores.
Seguramente, ese talante ha de provocar a quienes al día de hoy están pensando en demandar al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la sistemática violación de los derechos humanos en el contexto del paro nacional. Como Ramírez y Duque, y los demás áulicos de eso que se conoce como el uribismo, saben que ese conjunto de prácticas y discursividades que lo componen jamás constituirán una doctrina política capaz de dar vida a un partido político —el Centro Democrático es una secta—, entonces optaron por hacer del cinismo y el impudor, una doctrina política que, a pesar de ir en contra de lo evidente y del sentido común, no solo busca matizar los propios escándalos, sino mentir y tergiversar la tozuda realidad social, política y económica de un país y de una nación sometidas a los designios de un selecto grupo de cínicos y provocadores.
