Autora:
Ana Prada-Páez
«Puede haber más seguridad en economía que nos deje bien parados en educación para la transformación social y más voz para los barrios que nunca son escuchados, que en una escopeta en manos de un policía».
Matías Lara
En el marco de la Red Latinoamericana de Juventudes Por la Paz desarrollamos acciones encaminadas hacia la defensa de la vida de los jóvenes de la región, en condiciones dignas para el desarrollo de la vida querida en sus múltiples definiciones. Como Red nos hemos puesto a la tarea de promover el diálogo sobre cómo materializar agendas de juventudes, paz y seguridad que logren promover transformaciones, por medio, de la articulación entre jóvenes en los territorios, con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), agencias de las Naciones Unidas e instituciones de gobierno.
Con ese propósito, para esta columna hemos entrevistado a dos jóvenes expertos en cuestiones de juventud y paz: Matías Lara activista de DD. HH. y voluntario de Nuestra Agenda de Argentina y Camilo Pinilla, sociólogo y presidente de la Plataforma Departamental de Juventud de Caquetá de Colombia, para entender la pertinencia de la implementación de agendas locales de juventud, paz y seguridad, y su potencialidad a fin de garantizar transformaciones reales en la vida de los jóvenes latinoamericanos, en el marco de la Resolución 2250 generada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la gran pregunta de fondo ¿Para qué sirven las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)?
Jóvenes cómo protagonistas en la construcción de paz: la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de la ONU En 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 2250, cuyo fin radica en reconocer la importancia de la participación de los jóvenes en la consolidación y el mantenimiento de la paz. La Resolución 2250, invita a Estados miembros del Consejo a incluir a los jóvenes en sus instituciones y mecanismos de toma de decisiones públicas para prevenir conflictos armados y fortalecer la acción organizada liderada por jóvenes de todo el mundo en favor de la paz. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el 26 % de la población de Latinoamérica y el Caribe son jóvenes entre los 15 y 29 años. De manera que desconocer los aportes y vicisitudes de los jóvenes con relación a los conflictos armados es excluir a casi un tercio de la población latinoamericana. La Resolución insta a Estados miembros a trabajar en 5 frentes:
- Garantía de la participación durante las distintas etapas de negociación e implementación de acuerdos de paz.
- Proteger a los jóvenes durante los conflictos armados y el posconflicto, incluyendo la protección frente a violencias sexuales o de género.
- Prevención del conflicto armado, por medio de la instalación de herramientas y políticas públicas inclusivas que visibilicen a los jóvenes como actores de paz fundamentales en la prevención de la violencia.
- Alianzas para la prevención y transformación de los conflictos armados, para ellos la Resolución reconoce la necesidad de apoyo político, financiero, técnico y logístico por parte de agencias de las Naciones Unidas y demás organizaciones regionales e internacionales.
- Reintegración, mediante la creación de programas para desvincular y reintegrar a los y las jóvenes involucrados en conflictos armados. Aunque basada en la experiencia del Acuerdo de Paz de Colombia, sugeriría más un enfoque de reincorporación, que de reintegración, que resulta más integral y procesual a la hora de vincular a actores armados a la vida civil.
- Seguimiento de los avances y retos de la implementación de Resolución, se propone que se haga en cabeza del secretario general, a través, de la elaboración de estudios sobre el progreso de la contribución positiva de los jóvenes a los procesos de paz y a la resolución de conflictos, recomendando acciones a nivel local, nacional, regional e internacional. En este frente es clave desarrollar un enfoque territorial, para escuchar a los jóvenes que habitan en los lugares que suelen ser más marginados en la toma de decisiones políticas de los países latinoamericanos, para garantizar que las resoluciones trasciendan el papel y se materialicen en acciones efectivas para proteger las vidas y la dignidad de los jóvenes.
La necesidad de un enfoque preventivo y repensar el conflicto
A pesar de los grandes avances que trae la Resolución en el reconocimiento de la participación de los jóvenes como actores de construcción de paz, persiste el reto de ampliar el enfoque para comprender los conflictos armados, para ello puede resultar útil pararnos desde propuesta analítica de Galtung de los tipos de violencia, directa, estructural y cultural, con enfoque de género[1].
Si tenemos en cuenta que existen más formas de violencia además de la directa o física, como la violencia estructural y la cultural, que se puede manifestar en exclusión, podemos entender como proponen los expertos en construcción de paz Alma Pérez y Bautista Logioco que la prevención de conflictos debe ir más allá de la prevención de la violencia directa «Garantizar la participación activa de las mujeres, los jóvenes y otros grupos tradicionalmente no representados en los mecanismos que se ocupan de la prevención de la violencia, la construcción de paz, el estado de derecho, la transparencia y la lucha contra la corrupción es absolutamente prioritario para avanzar hacia el desarrollo sostenible», sostienen Pérez y Logioco.
Así mismo, los dos expertos en construcción de paz argumentan que las organizaciones de jóvenes tienen la capacidad de generar impactos transformadores y plantear novedosos desafíos que pueden ser tramitados por medio del diálogo democrático en Latinoamérica.
Matías Lara, resalta como positivo que la Resolución promueve una concepción de paz y seguridad que va más allá de la concepción clásica que atendía únicamente contexto de guerra y conflicto armado, en la actualidad «La juventud está convocada a tener un rol preponderante en su construcción que tiene que ver con la creación de un entorno seguro para la vida».
Según Matías, la realidad actual de los países latinoamericanos corresponde a una diversidad de situaciones y dinámicas que exigen una redefinición del concepto de paz y seguridad, «puede haber más seguridad en economía que nos deje bien parados en educación para la transformación social y más voz para los barrios que nunca son escuchados, que en una escopeta en manos de un policía», asegura el joven argentino.
La redefinición del rol y alcance de las fuerzas armadas es fundamental para la consolidación de paz y seguridad desde un enfoque de derechos humanos, «hay que redefinir el rol de las fuerzas armadas y de seguridad en la región, no se puede seguir formando a las fuerzas armadas con la misma visión castrense, también, hay que redefinir el rol de las instituciones, estando de la mano de la ciudadanía con una significativa participación de la juventud, que es el grupo etario más grande de la región y uno de los motores de la economía debería tener una participación central, si no se da así y seguimos cayendo en peligro de ser una sociedad con los mismos paradigmas», argumenta Lara.
Visiones locales de jóvenes y la agenda de paz
Camilo Pinilla, nos cuenta que el paro nacional que inició el pasado 28 de abril de 2021 en Colombia ha demostrado que los y las jóvenes no se sienten representados con la institucionalidad, ni los espacios en los que se toman decisiones políticas nacionales y locales. «El paro nacional ha convocado a varios jóvenes a organizarse e involucrarse en decisiones de los territorios», comenta Camilo.
En Colombia, existe normativa que promueve la participación de jóvenes en escenarios de construcción de paz y de participación en los procesos locales de toma de decisiones como las leyes 1622 de 2013 y 1885 de 2018. No obstante, como sostiene Pinilla, «una de las luchas en el marco del paro es que el desgaste de muchos espacios para jóvenes por cumplir requisitos y tomar la foto y poca incidencia realmente, como planes de desarrollo planes anuales de desarrollo, agendas de juventud, sorteando los retos de telecomunicaciones, con el paro nacional se pide garantizar una participación de jóvenes que realmente tenga incidencia en las decisiones locales».
Con la implementación del Acuerdo Final en Colombia se han gestado novedosos escenarios de participación desde los territorios enmarcados en los Planes de Reforma Rural Integral, los Programas de Reincorporación, Planes de reparación colectiva con enfoque territorial, los Planes Integral Municipal y Comunitario de Sustitución y Desarrollo Alternativo; y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Sin embargo, cuenta Camilo que han sido limitados los apoyos para garantizar que la sociedad civil participe de manera activa en estos espacios: «Sobre la paz se tiene política pública en Caquetá, aunque solo participaron 3 municipios de los 16. Se continúa trabajando a nivel Florencia». Cuenta Camilo.
Sobre los PDET, Pinilla menciona que han sido reducidas las iniciativas de juventudes, entre ellas la abolición del servicio militar obligatorio, dejando de formar jóvenes para la guerra, en lugar de ello los jóvenes caqueteños han propuesto promover el servicio social con jóvenes y rechazar el reclutamiento forzado, para esto son necesarias transformaciones estructurales en las pésimas condiciones actuales de empleabilidad de las juventudes, la falta de oportunidades, el poco acceso a salud, vivienda, empleabilidad y acceso a tierras por parte de los jóvenes caqueteños.
Para Pinilla, «la presencia de los jóvenes en los consejos de seguridad nos permite expresar lo que sentimos y mostrar otra visión y perspectiva distinta a la de gobierno sobre la realidad de los jóvenes en los territorios. La participación en los Consejos de Seguridad debería dar insumos para construir estrategias para solventar soluciones pacíficas a los problemas de los territorios».
Las reflexiones de Matías Lara y Camilo Pinilla ponen en el centro la necesidad de convertir las resoluciones de los Consejos de Seguridad, como la Resolución 2250, en herramientas prácticas que fomenten la acción local y fortalezcan los espacios de participación de los jóvenes en el diseño, implementación y seguimiento de soluciones a problemas que aquejan a las sociedades latinoamericanas.
[1] Recomiendo leer a Ronni Alexander en: “Gender, structural violence, and peace”. Libro “The Routledge handbook of gender and security” (2016).
