A propósito del año electoral que se avecina, hemos empezado a escuchar las propuestas de gobierno de quienes aspiran a ocupar el solio de Bolívar, de aquellos que desean vivir sabroso en la Casa de Nariño al menos dentro de los próximos cuatro años.
Es así como unos, los uribistas unidos con un sector de los godos proponen volver trizas los acuerdos logrados con la guerrilla de las Farc; mientras que liberales, los de la U, los verdes, los polistas y los progresistas han centrado su discurso en mantener ese pacto de paz y la lucha contra la corrupción, comprometiéndose con un gobierno de corte social no tan tirado a los extremos de la política pero que no va más allá de la práctica demagógica que tan hábilmente ejercen.
Por último, los de Cambio Radical que con una sucia estrategia buscan lavar las culpas que han arrastrado durante los últimos años por cuenta de los casos de corrupción y paramilitarismo en los que se han visto inmersos, pero que a la poste no dejarán de pelar el cobre como están acostumbrados a hacerlo y terminarán aliados al combo del Centro Democrático desde donde muy seguramente saldrá el que diga Uribe para tratar de acabar con todo lo construido en temas de paz.
Sea como sea, en este baile político todos los ritmos suenan, unos más que otros, mientras que los que solventamos los gastos de semejante recocha en la que se convierten las elecciones, vemos el derroche desde las ventanas del “club de la política” esperando que termine el bacanal para recoger las migajas del banquete y pagar los platos ratos.
La melodía que más suena en este festival es la de la justicia, que dicho sea de paso está íntimamente ligada a la de la corrupción. Sin embargo, lo que no gusta de los músicos que componen este ritmo es que sus notas no buscan pegar como si fueran las de una balada romántica, sino que, contrario sensu, sean de un perfil más bajo, en el entendido que lo único que se pretende es que cualquier reforma que se haga a la justicia no se deslinde en primer lugar del entuerto político ni mucho menos deje de favorecerles, pues el objetivo es pasar de agache toda vez que saben que a un mediano y corto plazo todos, absolutamente todos, tendrán que rendir cuentas; y tal como están las cosas no quedaría títere con cabeza si no se dan a la tarea de hacer las modificaciones que les permita salir incólumes y victoriosos a celebrar con bacanales.
Eso sí, los éxitos obtenidos durante sus torcidas carreras; o en el peor de los casos minimizar el efecto del castigo si las cosas no salen como ellos de manera perversa lo proyectan.
Lo preocupante es que mientras ellos en sus orgías intelectuales planifican una reforma a la justicia hecha a su medida, allá afuera hay un problema mayúsculo en esa materia y es nada más y nada menos que el de un sistema judicial que no funciona.
Si nuestros líderes, si nuestros padres de la patria tuvieran de verdad una vocación de servicio hacia su pueblo estarían visionando una reforma distinta, una reforma que le permita a la locomotora judicial moverse a buen ritmo.
Particularmente me parece perverso que en las elucubraciones mentales de los aspirantes a cargos de elección popular no aparezcan propuestas para resolver la gravísima crisis humanitaria que se vive al interior de los más de 180 centros penitenciarios que tiene el país, que hoy alcanzan valores ponderados de sobrepoblación que superan el 200% y que no se contemple siquiera la posibilidad de atacar de raíz los altísimos índices de corrupción que se miden en el INPEC.
Es mil veces perverso que mientras la corrupta clase política y dirigente de este país busque adelantar una reforma hecha justamente a su medida, nadie se interese por que nazca a la luz una que de verdad le brinde seguridad jurídica a quienes como víctimas o victimarios se convierten en usuarios del sistema judicial.
Es maléfico, es aberrante y perverso que mientras a la gente bien, -bien corrupta- de este país le elaboran un sistema judicial como si fuera el vestido que horma su cuerpo, en las cárceles colombianas haya miles y miles de presos inocentes o no, sin que se les resuelva su situación jurídica.
No existe otra clase de epítetos para calificar el trabajo de fiscales y defensores de oficio mediocres, por cuya negligencia el Estado se ha visto en la obligación de pagar astronómicas sumas de dinero a quienes de alguna manera se han convertido en víctimas de las malas actuaciones del ente acusador.
Que valga la pena decirlo, ha tenido directores muy cuestionados por sus non sanctos vínculos con organizaciones oscuras y otros como el nada gratamente recordado señor Montealegre, quien prefirió dilapidar miles de millones en contratos gaseosos, absurdos y plagados de corrupción como el que le otorgó a la famosa periodista Natalia Springer, solamente para decirle a la entidad que el ELN ha cometido delitos a lo largo y ancho de la nación, mientras los fiscales necesitan capacitarse para que no metan las de caminar a la hora de llevar personas ante los jueces para acusarlos de algún delito.
Es perverso, es maléfico y es aberrante por decir lo menos que quienes ostentan el poder no tengan la voluntad para deslindar de sus cochinas actividades el sistema judicial y se cambien las reglas del juego para nombrar Fiscal, Procurador o Magistrados.
Y me perdonan si soy redundante, pero hay que repetir hasta la saciedad que es perverso, maléfico y aberrante que para llegar a esos cargos solo basta con figurar en los catálogos de la sociedad o del jet-set mientras que los méritos pasan a un segundo plano, pues la política electorera prefirió prostituir el sistema para seleccionar sus miembros como el capo del narcotráfico que con su dedo señala la prepago que le gusta para bailar la fiesta en cuero.
