Justicia blandengue

Como ebanistas defendiendo juristas, parecían los magistrados de la Corte Suprema de Justicia abogando por aquellos quienes desde la judicatura, nutren ese oprobioso hábito que tan hastiado tiene a la ciudadanía, como lo es el de dejar libre a cuanto raponero y afines, captura la Policía y ante un juez, lleva la Fiscalía, diariamente, tanto en Bogotá como en el resto del país.

Pretender desconocer o negar que haya jueces extremadamente benévolos, inocuos y fácilmente sobornables en esta nación, es absolutamente penoso. Pero, a ciencia cierta, ¿en quién diablos debería exacta y objetivamente recaer la responsabilidad de que en el país, empezando por las grandes ciudades, al repulsivo hampa muchas veces se le premie con la exquisita libertad? en lo que pareciera ser tan inaudita como repetida generosidad por parte de la justicia, que, a diestra y siniestra no deja de repartir “ordenes de salida” tan solo un par de horas después de que el criminal ha inundado de terror al inerme ciudadano.

Personalmente hallo responsable a un puñado de sinvergüenzas adheridos a los bandullos de este mórbido y emponzoñado Estado. Ineptos e inicuos de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que con su cáustica  y juiciosa abulia ceban las calles diariamente de criminales, evitándoles su merecido carcelazo. Incompetentes que, desde los despachos judiciales, pegándose a inadmisibles nimiedades técnicas y rituales de la frágil, contraproducente y cuestionada normatividad consignada en la Ley 600 de 2000 y ante todo, la 906 de 2004 (y normatividad análoga) por la que se rige el código de derecho procedimental penal en Colombia.

Es una verdad rotunda que cientos de policías a diario ratifican; los jueces pegados a detalles baratos que engrosan hábiles e incisivos abogados, apabullan a las víctimas esputando y despedazando los operativos policiales muchas veces, esmerados y extraordinariamente efectivos, solo en apariencia para jueces, que aplastan la gestión del fiscal de turno abofeteándolo y aceitando el gesto socarrón de quien unas horas antes había sido capturado atracando a una mujer en el centro de la ciudad con un cuchillo que casi intercepta su yugular, el mismo que ahora destila victoria porque un juez halló ilegal su captura, por no haber sido capturado en el justo instante en que cometió su latrocinio o simplemente, por no tener antecedente alguno.

Barbaridades de este calado, todos los días, clavan la moral del uniformado al frío piso de una sala de audiencias. Y la ilusión también, obvio, del alma lacerada de quien hasta hace poco era atracado, manoseado, por un miserable borracho atropellado, estafado, emponzoñado, o de cualquiera sea el modo, de su honra y bienes, vilmente despojado.

Esto sin desconocer naturalmente que haya policías que realicen acaloradamente capturas a la carrera, sin el más mínimo de exigencias legales, o cuando “súbitamente” optan por cazar “brujas o espectros”; o, fiscales que, enajenados por completo de su oficio, demuestran en los estrados gran impotencia, ausencia total de probidad y pericia. Pero es a la autoridad del juez penal o de “control de garantías”, a quien más hallo necesidad de inquirir, porque todavía hay mucho juez permeable y dócil frente a tanta escoria que hoy como nunca quizá, está devorándose al país, a quienes muchas veces también gratifican dejando en libertad con argumentos que producen una infinita desazón tal como aquél de condolerse con el odioso hacinamiento carcelario.

Y sí, del inhumano hacinamiento no son responsables los jueces, sino el impotente gobierno, incapaz de construir mazmorras a granel tal como las exige el nivel delincuencial actual. Pero tampoco a la desamparada ciudadanía se le debe trasladar esta inaudita carga y ruin omisión estatal, viendo con resignación como el repulsivo atracador se sale con la suya.   

Imagen tomada de fiduciaryfactor.com