Hace tan solo unos meses atrás, 9 de junio, el planeta recordó una vez más, a un genio extraordinario de la literatura universal: el gran Charles Dickens, novelista excelso, quien expiró en el Reino Unido ese día, hace casi 146 años.
Y así, el mundo se perfumó una vez más, con una espléndida obra, como efectivamente lo es, “Oliver Twist”; cuya temática impecablemente narrada cuenta la historia de un huérfano que luego de ser “expulsado” del orfanato y no soportar ser aprendiz de nadie, huye a Londres, en donde termina envuelto en la cotidianidad de una banda de carteristas; desafiando dramáticamente y sucumbiendo ante el hampa, el hambre, la pobreza, la suciedad y la delincuencia.
Y, aprovechando este marco, quiero “dibujar” y traer a colación una perturbadora realidad que tiene azotada a nuestra sociedad: el fenómeno de la delincuencia juvenil y su tratamiento normativo.
¿Resulta imperativo “desflexibilizar” el benigno trato con el que la ley 1098 de 2008 “Código de Infancia y Adolescencia” “disciplina” la criminalidad (pre)adolescente?
¿Es hora de adoptar medidas severas en contra de los “niños” que delinquen como adultos y, punitivamente, ser tratados como tales?
Personalmente no concibo una laxitud tan nociva como la que hoy día lisonjea el exacerbado hampa adolescente en Colombia. Más allá de los respetables postulados, paradigmas y precedentes directos legales de los que está blindada la normatividad (doctrinas de protección integral, Declaración Universal y Convención de los Derechos del Niño, Directrices impartidas por Naciones Unidas, la transición del prototipo de menor como objeto de compasión-represión al de infante-adolescente como sujeto pleno de tutela y derechos y, algunos procedimientos rescatables del Código de Infancia), soy un convencido de que la escuela del crimen, que desde muy temprana edad está formando imberbes depredadores de sociedad, merece ser castigada con implacable mano dura.
El adolescente ávido de dinero fácil que asesina, aquel que atraca y hiere con puñal o, el depravado que coadyuva en un secuestro o una violación, merecen algo más que una amonestación, una imposición de reglas de conducta o, en el más “estricto” de los casos, la privación en centro especial (más asimilable a un “campo de verano”), de donde muchas veces, se fugan con facilidad; purgando aún en el más aberrante de los casos, no más de ocho años, que en la inmensa mayoría de las veces, se vuelven máximo en dos años efectivos de privación, medidas insulsas y compromisos burlados.
Ahora bien, ello sin mencionar que para quienes con hasta trece años quebrantan ferozmente la ley, la sanción es prácticamente inexistente. Es decir que, para aquel neurálgico segmento de la picaresca que tan lacerado tiene al ciudadano, existe un aterrador manto de inmunidad absoluta. La supuesta severidad de la ley 1098, de la que muchos desde el denostado congreso hablan, resulta (en) un vulgar sofisma.
Me adhiero a quienes propugnan por la imposición para los delincuentes desde los catorce años incluso, de las mismas penas con las que se infligen a los adultos; por lo menos, en aquellos delitos más repugnantes y de mayor impacto y, con más veras, para los “depredadores” reincidentes.
El todo es afianzar con vehemencia y determinación el que, el (pre)adolescente es tan sujeto de derechos como de deberes, otorgarle la dimensión justa que reclama el ser responsable de sus actos, con incidencia incluso en el ámbito penal; y, sin desconocer las garantías que lo cobijan, lograr que el “pequeño” delincuente escarmiente con rotunda efectividad.
La política criminal en la actualidad beneficia mucho más al facineroso que a la víctima. Y, si se trata de preadolescentes, el relajado victimario sonríe con más sorna que nadie, ante la vulnerable víctima.
El debate está abierto.
Publicado el: 21 Oct de 2016
