Columnista:
Germán Ayala Osorio
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró al Estado responsable por los hechos que terminaron con el secuestro y violación de la periodista Jineth Bedoya. Estamos ante una nueva condena que confirma que el colombiano es un orden jurídico-político con un perfil criminal, violador de los derechos humanos y para el caso de la periodista, altamente revictimizante.
Más allá de las condiciones de la condena y de las acciones a las que estarán obligadas las autoridades estatales comprometidas en el acatamiento del fallo, debería de concitar la discusión del grueso de la sociedad, dos asuntos: el primero, la concepción que del Estado tienen tanto el presidente de la República, sus ministros y cada uno de los funcionarios estatales que de muchas maneras participan en su operación y en la construcción de una institucionalidad que, para el caso, deviene claramente negativa y peligrosa, a juzgar no solo por los hechos violentos que sufrió Bedoya, sino por las acciones y actos de habla del actual Gobierno, que terminaron revictimizando a la periodista en cuestión. Y el segundo asunto, alude a los riesgos que corren las mujeres en Colombia, por cuenta de una sociedad patriarcal y consecuencialmente machista, que viene consolidando negativas representaciones sociales alrededor de lo femenino y de la mujer, asociadas a objetos usados para cumplir dos funciones básicas: procrear y proveer placer sexual.
Sobre el primer elemento hay que decir que cada presidente y funcionario estatal, sea de carrera administrativa o contratista, exhiben ideas distintas y contrarias alrededor de qué es eso del Estado. Al devenir discrecionales dichas nociones y concepciones de lo que debe ser el Estado, esta forma de dominación adquiere para cada uno de los funcionarios, incluidos los jefes de Estado, una oportunidad para dar rienda suelta a sus aspiraciones y deseos, y para cumplir con los compromisos adquiridos. Para el caso de los elegidos a través del voto, no existen mayores responsabilidades y compromisos con los sufragantes, salvo que dicho voto de confianza esté mediado por aportes millonarios a las campañas. Y aquí entran en acción los intereses corporativos de las empresas y los empresarios que suelen aportar, cada cuatro años, millones de pesos a las campañas de quienes aspiran a ser presidentes, llegar al Congreso, alcaldías, asambleas, concejos y gobernaciones. De igual manera, aparecen los compromisos que están obligados a cumplir aquellos funcionarios que cobran sueldos millonarios sin cumplir función alguna en disímiles dependencias e instituciones públicas, de los que, por lo menos el 10 %, deberá irse a las arcas de los partidos políticos o de los caciques que los nombraron de manera directa, o que mediaron para que fuera contratados.
Mientras las élites tradicionales mantengan la captura del Estado y su operación bajo un carácter corporativo-privatizado, los delitos de los que fue víctima Jineth Bedoya seguirán ocurriendo, porque justamente, el Estado no se ha asumido desde un deber ético y moral que no solo es garante de unos derechos, sino un faro que guíe la vida de sus asociados.
En cuanto al segundo elemento, hay que decir que al devenir la operación del Estado bajo las señaladas circunstancias, de estas emerge la figura del Gran Macho Violador, institucionalmente incorporada por propios agentes estatales. Por ejemplo, en policías y guardianes del INPEC que, por acción u omisión, permitieron que Jineth Bedoya fuera secuestrada y violada. A estas acciones y actitudes propias de machos, se suma el proceso revictimizante que la periodista soportó por más de veinte años, por parte de operarios judiciales que subvaloraron su caso, desestimaron pruebas, muy seguramente para encubrir o beneficiar no a ciudadanos en particular, sino a machos cabríos que brotan de forma natural de un entramado cultural e histórico con el que se insiste en someter a la mujer.
Para destacar de este caso, la valentía y el coraje de Jineth Bedoya para enfrentar a un leviatán que, además de monstruoso, opera bajo impulsos y pulsiones propias de un acosador o de un depredador sexual. Por todo lo anterior, el fallo ejemplarizante de la CIDH expone el enfrentamiento de una mujer contra unos machos que se esconden detrás del Estado, para extender formas de dominación, con la participación de actores ilegales y legales.
