Apenas han transcurrido los primeros días de 2019 y en Colombia ya tenemos una vergonzosa cifra de de 6 líderes sociales más asesinados en nuestro país.
Desde la firma del acuerdo de paz entre la FARC y el Gobierno Nacional en el año 2016, en nuestro país se ha desencadenado a lo largo y ancho del territorio nacional un fenómeno de asesinatos contra líderes y lideresas sociales cuyo antecedente histórico quizá solo tenga comparación con el exterminio de la Unión Patriótica que inicio en 1985 bajo el mandato del presidente Belisario Betancur y dejó más de cinco mil militantes asesinados incluyendo sus candidatos presidenciales.
La situación cada día es más compleja, la ONU en sus visitas ya ha manifestado su preocupación por este tema al igual que diferentes organizaciones internacionales. En el país también las organizaciones sociales, los partidos y movimientos políticos han manifestado su solidaridad y han exigido al gobierno protección efectiva para estos hombres y mujeres que han encontrado en sus labores de sociales la muerte a manos de un grupo de bandidos de los cuales hoy el gobierno no tiene ni la más mínima idea de quiénes son y cómo operan, o por lo menos eso dicen.
En varias oportunidades el exministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, negó que en estos asesinatos existiera un componente de sistematicidad en estas ejecuciones. Preocupado por el tema me di a la tarea de leer varios artículos en internet buscando algo que definiera el perfil de un líder o lideresa social y miren lo que encontré, según un artículo de El Espectador y de acuerdo con la fundación PARES los rasgos comunes en los perfiles de las víctimas son:
- Presidentes o miembros de las Juntas de Acción Comunal, representantes de las mesas de victimas y líderes a favor de restitución de tierras.
- Líderes que se oponen a las economías ilegales presentes en los territorios: cultivos de uso ilícito, tala indiscriminada de madera y denuncia de minería criminal.
- Defensores de derechos colectivos, territoriales y culturales, lucha encabezada –en gran medida- por líderes indígenas, campesinos y afros de consejos comunitarios.
Después de ver esta caracterización o perfil, comprendí que quizá la indiferencia del gobierno de Duque ante este tema podría estar dada porque estos rasgos también corresponden a lo que José Miguel Narváez, el exsubdirector del DAS y exasesor de Marta Lucia Ramírez cuando fue ministra de defensa, definiría como el perfil de un comunista.
Este viejo amigo del partido que hoy gobierna y de la vicepresidenta, fue condenado por la muerte de personajes en Colombia como Jaime Garzón Forero y otros colombianos que defendían el Estado social de Derecho, la Democracia y la Justicia Social; este controvertido hombre no solo se dedicaba a compartir ideas políticas con sus amigos, también era el ideólogo de los paramilitares y de muchos hombres y mujeres en el país que conocieron su cátedra y acogieron sus argumentos sobre “Por qué es válido matar comunistas”.
Desde que el gobierno Duque asumió su mandato y a la fecha se han presentado más de 200 asesinatos de líderes y lideresas sociales, hombres y mujeres que la gente justifica su muerte aduciendo que eran guerrilleros sin pensar en que son padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas que buscan quizá que solo les devuelvan lo que les quitaron por la fuerza como sus tierras, sus fincas y hasta sus raíces.
Cada día que pasa el gobierno grita mas fuerte por el restablecimiento de derechos humanos en Venezuela, pero pareciera le importara cinco los derechos humanos de los lideres y lideresas en nuestro país y por esta razón a quienes estamos preocupados y queremos parar el derramamiento de sangre no nos queda otro camino que denunciar ante tribunales internacionales como la CPI para tratar de encontrar alguien que se preocupe por los derechos fundamentales de los y las colombianas.
