Iván Duque, el párvulo

Columnista:

Germán Ayala Osorio

La emergencia sanitaria tomó a Colombia con el débil liderazgo de Iván Duque Márquez. Presionado por las circunstancias y por los llamados de sectores académicos y políticos, quien funge hoy como jefe de Estado, tomó decisiones que podrán ser consideradas tardías, si la situación médica y sanitaria se agrava.

La demora en el cierre de las fronteras y en particular, la aérea, permitió reconocer y advertir en Duque su pequeñez como ciudadano y político, su inexperiencia para tomar decisiones prontas y arriesgadas, y un talante autoritario que lo acercó a su mentor, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Poner en la Casa de Nariño a quien en su vida jamás administró un ente territorial no solo es y será el mayor error político del propietario del Centro Democrático (es una microempresa electoral, y no un partido), sino que es la expresión del poder, tan incontrastable, como dañino, que concentra el banquero Sarmiento Angulo.

Y ante el débil o casi nulo liderazgo, obstinación e incapacidad para adoptar medidas, varios alcaldes y gobernadores se le adelantaron al Gobierno Nacional y tomaron decisiones jurisdiccionales en el marco de la autonomía territorial; esas medidas y decisiones de los gobernantes locales y regionales terminaron por confrontarlo, hasta el punto que, de manera abrupta, Duque emite el Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, en el que se lee:

“1. La dirección del orden público con el objeto de prevenir y controlar propagación del COVID-19 en el territorio y mitigar sus efectos, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, estará en cabeza del presidente de la República.

2. Aplicación de las instrucciones en materia de orden público del presidente de la República. Las instrucciones, actos y órdenes del presidente de la República en materia de orden público, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes. Las instrucciones, los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes.

Y 4. Sanciones. Los gobernadores y alcaldes distritales y municipales que omitan el cumplimiento de los dispuesto en este Decreto, serán sujetos a las sanciones a que haya lugar”.  

Al tono desafiante del Decreto se suman dos elementos: el primero, que el presidente asumió el manejo de la emergencia sanitaria y médica como un problema de orden público, cuando lo que se le estaba pidiendo, desde varios sectores, era que reaccionara de manera rápida ante la inminente llegada del coronavirus al país por los principales aeropuertos, debido a la llegada de extranjeros y de colombianos que tuvieron contacto con ciudadanos europeos o asiáticos contagiados o portadores asintomáticos del COVID-19; y el segundo, la previa reacción de la señora ministra del Interior, Alicia Arango, quien desestimó los riesgos de la pandemia. El fino y, al parecer eterno fusible de Uribe, señaló: “No se pueden cerrar las ciudades y menos donde no ha llegado el virus”.

Dentro de las decisiones que molestaron al Gobierno de Duque se destacan las adoptadas por la gobernadora del Valle del Cauca, en coordinación con el alcalde de la capital. Los toques de queda anunciados por estos dos mandatarios y que por unas horas perdieron viabilidad jurídica, hoy se reconocen como medidas legítimas, social y políticamente.

Eso sí, días atrás el excandidato a la Presidencia, Gustavo Francisco Petro Urrego, recomendaba la adopción de esas medidas, como de otras, como por ejemplo, el cierre total del sistema de TransMilenio, por las evidentes aglomeraciones en las estaciones de pasajeros, de un ya colapsado sistema de transporte masivo.

Mientras el sistema de salud trata de responder, en las condiciones propias en las que funciona, son varias las medidas que se le vienen exigiendo y proponiendo a Duque Márquez para que adopte. Entre estas, concertar con la banca privada el congelamiento de deudas para empresas y particulares ante un cese generalizado de la producción.

Al desacertado manejo dado a la emergencia sanitaria y médica asociada al COVID-19, se suman los amotinamientos en 13 cárceles del país. En la reacción de la Fuerza Pública y los agentes del INPEC, el saldo de las acciones de presos amotinados y personal uniformado habla de 23 muertos y 82 heridos. Que los amotinamientos fueron fruto de una coordinación entre presos, confirma, de un lado, que el Gobierno no estimó adelantarse a tomar medidas en estos centros carcelarios que exhiben hacinamientos de más del 100 % y, del otro lado, que la coordinación vía celular, es la prueba fehaciente de que el INPEC, de tiempo atrás, es una rueda suelta (de la corrupción), a la que nadie parece interesado en ponerle frenos o límites. Y claro, se suma a lo anterior, una equivocada política criminal.

Una vez superada la pandemia del coronavirus, se esperan cambios culturales profundos en los actuales procesos civilizatorios, incluidos, por supuesto, en el que estamos insertos en Colombia. Quizás resulte más fácil para otras sociedades asumir esos cambios, por cuanto no tienen esos niveles de inmoralidad que tenemos en este país.