Columnista:
Santiago Gamboa
Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra oportunismo se define como «la actitud que consiste en aprovechar al máximo las circunstancias que se ofrecen y sacar de ellas el mayor beneficio posible». A partir de esta definición, es posible ver cómo diferentes de estas circunstancias le han permitido al presidente Iván Duque ser pasivo y displicente.
Recientemente, Colombia recibió la desesperanzadora noticia de ser el país, por segundo año consecutivo, en el cual más líderes ambientales asesinan. Un total de 65 líderes en 2020 que protegían la tierra y el medio ambiente cayeron en medio de las balas de un conflicto que no cesa y que, hasta el día de hoy, mantiene una cifra de 115 líderes sociales, así como defensores de derechos humanos asesinados, según cifras de Indepaz.
Este último estudio realizado por Global Witness, nos deja entrever que hubo un total de 227 asesinatos de líderes ambientales alrededor del mundo y que en Colombia se concentró el 28,6 por ciento del total de la cifra, un resultado preocupante para quienes aún defienden la naturaleza en sus territorios.
Esto no es lo único preocupante, los resultados del estudio también evidencian que, como sucede en la mayoría de los conflictos armados internos, quienes más sufren las consecuencias de la violencia son las comunidades vulnerables. Por ejemplo, al hacer la división por origen en nuestro país, según Global Witness, 30 de estos asesinatos corresponden a la población campesina y 21 a la población indígena, mientras que la lista la completan otros 9 casos sin esclarecer su origen y los últimos 5 restantes se distribuyen entre población afrodescendiente, guardabosques, funcionarios del Estado y periodistas.
Al hacer esta misma división, pero en sectores, el estudio arrojó que 41 asesinatos se deben a la tierra; 17 a la sustitución de cultivos ilícitos; 3 a la agroindustria y 3 a la minería.
Estas cifras ubican al país como un lugar inseguro para quienes tienen la convicción de defender los recursos naturales, ya que, en 2019, se presentaron 64 asesinatos y un año antes, en 2018, 24 casos. La violencia en contra de estos líderes ha ido en alza en los últimos dos años, amparada en un contexto en el cual el actual Gobierno no ha presentado ni la más mínima pizca de intención por protegerlos o brindarle garantías para su seguridad.
Sin embargo, en referencia a estos resultados, Duque tomó una postura mucho antes de que el estudio fuera conocido por la opinión pública. En cuanto a la minería, el presidente afirmó, en marzo de este año, que esta actividad económica del sector primario generaría 150 mil empleos a nivel nacional y no se debería estigmatizar, pues mejora la calidad de vida de las regiones.
A pesar de su discurso esperanzador, el resultado que evidenciamos seis meses después es un panorama desolador para la calidad de vida, pues la vida se está acabando debido estar en contra de estos intereses mineros, que tanto le importan al presidente.
La Reforma Rural Integral (RRI) también se ha intentado sepultar debido a que estaba incluida en el Acuerdo de Paz y que él mismo se ha negado a implementar. Hasta junio del año en curso, El Gobierno Duque decidió entregar 7 mil títulos de propiedad rural, tres años después del inicio de su mandato y a pleno conocimiento que la RRI les brindaba esta solución a los campesinos tiempo atrás. Una vez más, se evidencia cómo en los sectores más vulnerados para los ambientalistas, Duque no estuvo o llegó tarde, y hoy en día con ínfulas de un gran héroe, saca provecho de una titulación ya formulada que pudo haber evitado 41 decesos.
¿Qué decir de quienes se oponen a la aspersión con glifosato? Las garantías para estas personas tampoco han existido; se han interpuesto en los planes de muchos actores que buscan avalar esta práctica a como dé lugar, ¿aprovecha Iván Duque que nadie pueda entorpecer su camino hacia esta implementación?
Jorge Macana, un reconocido líder en El Tambo, Cauca, fue asesinado el 7 de marzo del año pasado cuando llevaba a cabo programas productivos para la sustitución de cultivos de hoja de coca y participaba en la construcción de una vía rural del departamento. La sustitución de cultivos ilícitos por parte del campesinado, con miras en reactivar su economía, aparentemente, tampoco tiene validez para el Gobierno, porque la protección para esa comunidad es prácticamente nula.
Así las cosas, el Gobierno del presidente Duque se ha apoyado en las circunstancias, que, con extraños orígenes, han beneficiado los intereses y las políticas de los partidos de gobierno y que, de seguir así, le podrán seguir brindando comodidad para que pueda continuar durante este año que le queda, siendo el oportunista de la Casa de Nariño.
