Autora:
Laura Preciado
Las imágenes del masivo desalojo en las zonas rurales del noroccidente antioqueño recordaron las épocas más difíciles de la guerra en estos territorios. La reincidencia de hechos como estos abre la puerta a los mismos escenarios que dejaron hace unos años a la deriva y con los brazos cruzados a miles de colombianos a lo largo y ancho del país.
Los hechos acontecidos en Ituango hace unas semanas no son más que el resultado de grandes desaciertos y errores estatales. El olvido de los gobiernos de estas zonas, la ruta estratégica para la comercialización de droga por parte de grupos al margen de la ley, la disputa por los territorios, la precaria implementación de los acuerdos de paz y una larga lista de situaciones que han tenido que sortear por muchos años los habitantes de la zona, se reflejan en el desplazamiento forzoso de hace unas semanas.
El éxodo de campesinos comenzó a mediados de este mes, el 21 de julio. Varios líderes comunitarios y habitantes de las veredas aledañas a Ituango, un municipio a 4 horas de distancia en vehículo particular desde Medellín, empezaron a recibir mensajes de texto o a través de WhatsApp en los que se les advertía que debían abandonar sus territorios lo antes posible, de lo contrario, tendrían que atenerse a las consecuencias. Básicamente, una amenaza de muerte.
Las llamadas y mensajes, que alertaron a todos los habitantes de la zona, terminaron por convocar una reunión entre los principales líderes de estas zonas rurales para determinar cómo enfrentar estas amenazas. La decisión fue proteger la vida de más de mil familias que habitan estos lugares y salir hacia el casco urbano.
En medio de la odisea que significa transportar a esa cantidad de personas de un momento a otro estaban las condiciones climáticas que empeoraban el estado de las vías de acceso, el riesgo de dejar los animales y pertenencias sin cuidado alguno y claro, el mal de estos días, un contagio masivo de personas por las aglomeraciones junto con las escasas y precarias condiciones sanitarias.
Fue así como la zona urbana de Ituango, un municipio del noroccidente antioqueño, pasó a recibir más de 4000 personas en el lapso de dos días. La situación terminó en colapso y en una emergencia que implicaba conseguir albergues, espacios de aseo, alimentación, medicamentos, entre otros. El coliseo de dicho municipio fue el sitio que se dispuso para alojar a estas personas mientras se coordinaba algún plan para enfrentar la situación.
Un desplazamiento como este, que algunos catalogan como el más grande en muchos años, recordó escenarios parecidos que vivió el país en su periodo de guerra más intenso entre el Estado y las Farc. Hoy, sin este grupo armado en el mapa, preocupa que situaciones como estas vuelvan a repetirse, y no deja de ser inquietante que la efectividad y contundencia de las acciones que el Gobierno toma para prevenir que estos hechos ocurran nuevamente.
Mientras tanto, las investigaciones iniciadas por el Ejército en busca de un responsable han resultado en que los mensajes intimidatorios fueron transmitidos por alias ‘Camilo’, alias ‘Machín’ y alias ‘Ramiro’. Estos, que hacen parte del GAO residual 18 de las antiguas Farc, son solo uno de los actores que hoy por hoy se disputan los territorios de la extinta guerrilla. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y grupos del clan del Golfo también luchan por conseguir el dominio de esos territorios que son claves en el negocio de la ilegalidad, ya que existe una conexión directa con el Urabá, Córdoba y el centro del país.
En medio de las millonarias recompensas que el Gobierno, en cabeza del ministro de Defensa, Diego Molano, ha ofrecido por indicios y pistas que den con los responsables, los habitantes de las zonas rurales de Ituango ven esto como una medida que de nada ayuda a su situación. Los autores de estos hechos, como confirman varios de los habitantes y líderes de la zona, son bien conocidos y se habla incluso de complicidades entre el glorioso Ejército Nacional y los grupos al margen de la ley.
Por la gravedad de la situación el presidente Duque envió a su ministro de Interior, Diego Palacios, a la zona para reunirse con las fuerzas armadas y analizar la situación. Asimismo, la Defensoría del Pueblo, dirigida por Carlos Camargo, ha asegurado que designó a dos defensores permanentes en la zona que solo se marcharán una vez la situación esté controlada y los habitantes hayan retornado a las veredas.
Sin embargo, estas acciones poco o nada ayudan a que la situación de fondo termine. Aunque no se desconoce el hecho de que la presencia del Estado es clave en medio de una situación como esta, también es cierto que solo convencer a las personas de volver a sus tierras sin ninguna garantía de que no van a recibir nuevas amenazas o de que su vida no va a correr riesgo, no parece ser una solución contundente. El problema es gravísimo.
Mientras que algunos ciudadanos de las zonas rurales de Ituango se quedaron en los sitios que les ordenaron abandonar con el fin de cuidar las fincas y los animales, sus familias siguen varadas en el coliseo municipal con temor, miedo y zozobra de una situación que les es ajena, pero que impacta sus vidas de manera directa.
¿La solución? Ahí se complica. En tanto el Gobierno siga poniendo palos en la rueda en la implementación de los acuerdos, continúe con la política de lucha contra las drogas (perdida desde hace mucho tiempo) sin mayores avances, no ocupe los espacios que dejaron las extintas Farc y no tome la política de seguridad de frente, pocas esperanzas hay para el pueblo de Ituango. Un panorama no muy distinto a muchos en el país que se repite en un círculo vicioso y que va dejando solo víctimas a su paso.
