La justicia ha tenido distintas formas de entenderse en materia de teoría del derecho o política. Se lleva discutiendo desde Aristóteles qué es la justicia. Se pregunta si la justicia sigue un esquema de venganza: él hace un mal y nosotros (la polis) le hacemos un mal semejante (la cárcel).
Hobbes, un contractualista y uno de los fundadores de la teoría del derecho moderno habla de un Estado que le damos poder cediendo parte de nuestra libertad para poder convivir en «paz». Es un contrato social.
En Colombia se habla que el Acuerdo de Paz es igual a impunidad y que es una falta grave a la justicia, ya que no hay castigo. Esto es falso y hasta cierto punto, medieval. La JEP no es un tribunal punitivo, tiene una justicia restaurativa con carácter transicional.
Este tribunal da una verdad jurídica, que muestra los responsables de ciertos delitos (es decir, da culpables y no los deja como inocentes), haciendo inválida la declaración de que da impunidad. Porque sí imputa cargos judiciales.
Pero las penas no son las tradicionales, no son un mal semejante al mal que hicieron. Son penas restaurativas: hagan un colegio, paguen a las víctimas, devuelvan los cuerpos de las personas asesinadas.
Es transicional porque es el organismo encargado de pasar de página en la historia colombiana. De pasar de ser un Estado a pie de guerra, a un Estado amante de la paz.
Retomando lo del contrato social, es un consenso en el que su expresión máxima es la Constitución política. Ahí tenemos todos los acuerdos de los políticos que nos «representan». El problema es que en Colombia, el sistema representativo es deficiente. Hay y hubo candidatos financiados por mafias, paramilitares y guerrilleros.
En el Chocó hay políticos descarados como Patrocinio Sánchez Montes de Oca, que a pesar de tener un hermano condenado en la parapolítica, sigue siendo «el de los votos»; un jefe de un clan político.
Apellidos como el Besaile o Merheg son vivos ejemplos de gente financiada de forma dudosa, o hasta ilegal. Carlos Castaño, líder paramilitar, tuvo el descaro de enorgullecerse de tener el ejército privado más grande de Colombia, y hasta congresistas. En palabras de él: quería refundar la Patria.
Y esto de que existan ejércitos privados hace cuestionar si Colombia es un Estado moderno. Sí, Colombia tiene separación de poderes; sí, Colombia tiene parlamento; sí, en Colombia hay sufragio «universal». Pero hay corrupción en el Ejército, ejércitos privados y caudillos políticos que actúan como nobles, condes o barones del Antiguo Régimen; con fueros (privilegios) y mansiones.
Podríamos decir que Colombia tiene ciertos aspectos de un Estado fallido, por la falta de institucionalidad. Un Congreso corrupto que es incapaz de pasar la Consulta Anticorrupción, y la única iniciativa que pasó, la pasaron con mico. Esto lleva a preguntarnos: ¿piensan que en estos casos no hay impunidad, aun teniendo un esquema de Justicia punitiva tradicional para estos casos?
A más de uno han dejado en libertad por vencimiento de términos ante la justicia. La justicia es tan lenta, que primero se mueren los bandidos por causas naturales antes de recibir un cargo. Esto sí es un chiste a la justicia. Y un daño grave a la institucionalidad.
La Fiscalía es incapaz de dar respuesta a los desaparecidos en la toma del Palacio de Justicia. Y no podrán ser tan descarados en decir que los desaparecidos fueron raptados por los guerrilleros, porque los mismos soldados fueron los que los sacaron de ese holocausto.
Todo esto es realidad política y social actual del país, señores del Gobierno y opositores del Acuerdo. Y ahí no hablan de impunidad. Ahí no hablan de daño institucional. Tienen el descaro de decir que no hubo siquiera un conflicto armado en Colombia.
Un libro llamado La paz olvidada de Robert A. Karl, de historia colombiana, puede decirles con lujo de detalle a los uribistas las causas políticas de la fundación de Marquetalia.
Sobre la infame figura jurídica que era el Estado de sitio, una de las principales causas de crímenes por parte del Estado y el Ejército contra los insurgentes. Y que las reformas constitucionales eran y son una forma de modelar el Estado a conveniencia de mantener a cierto sector en el poder de manera perpetua. Todo esto tiene que ser estudiado por la JEP y la Comisión de Verdad.
¿En serio creen que es viable, o como mínimo justo, exigir una visión tan simplista de justicia ante tan complicado pasado político?
«Es que son bandidos». No señor. En parte tiene razón, pero desconoce completamente que son el resultado de todas estas causas que, como ya se podrá imaginar, algunas siguen en la impunidad; es decir, sin culpables ni verdad.
Ese tan necesitado contrato social que se define en nuestra Constitución busca una convivencia armoniosa entre los ciudadanos: ¿qué más armonioso que la paz? Es una pregunta abierta y válida, basada en las declaraciones de Uribe, al decir que hay que bajar ese Acuerdo de la Constitución.
