Han desalojado el campamento por la paz establecido en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El alcalde Peñalosa ha dicho que los líderes resolvieron levantarlo y que la retoma del espacio público fue tranquila y pacífica… Miente, con el desparpajo que le es inherente a los burócratas. Llega a tal grado su familiaridad con la mentira que ni siquiera se dan cuenta de que engañan.
Pero no es gratuito. La democracia, con minúsculas, le teme mucho a la Democracia. Por eso se sellan las plazas. Colombia es un país en el cual no hay grandes plazas, a diferencia del resto de América y, sobre todo, de Europa, donde los lugares abiertos, las ágoras, son la nota característica, que se mantienen pletóricas de ciudadanos que expresan sus sentimientos y posiciones ideológicas. Que si se hace una plaza se le llena de estacones, como la Plaza de las Luces de Medellín. O se les niega el permiso a los manifestantes en aras de la pretendida defensa de algo tan etéreo y vulnerado como el “espacio público”.
Lo cierto es que nuestras clases dirigentes siempre le han tenido pánico a las gentes en las calles. Le tienen horror a la democracia, a los ruanetas en las calles. La Constitución de 1886 consagraba, en su artículo 121 acerca del Estado de Sitio, la posibilidad de que el gobernante limitara el derecho a la reunión de más de tres personas y, con mayor razón, a la manifestación de la ciudadanía. De hecho, en esa norma constitucional bajo la cual estuvimos regidos por más de cien años, se excluyó la expresión cabildo abierto y se anatematizó la posibilidad de constituir juntas populares.
La Carta del 91, que se corresponde con un Estado Social y Constitucional de Derecho, por el contrario, establece la posibilidad de que “el común” (bella expresión que, pese a ser de estirpe hispánica, está llena de sabor a rebeldía y a insurrección) se exprese en el cabildo abierto. En efecto, el artículo 103 del texto Superior consagra esa figura, como una de las expresiones de la participación popular.
Después del malhadado resultado del plebiscito del 2 de octubre, paradigma de la manipulación göebbelsiana y de la explotación de la inmadurez y la falta de formación política de esta ciudadanía en ciernes que caracteriza a Colombia, la gente en Bogotá resolvió manifestar su desazón y su deseo de lograr un “acuerdo ya”, de alcanzar “la paz querida” y lo hicieron según sus posibilidades de expresión: ya en los medios digitales, las redes sociales, ya presencialmente, con sus carpas y asentamientos.
Pero no podía faltar la circunstancia inesperada. Tras el anuncio, prematuro y apresurado en mi sentir, del señor Presidente acerca de la firma de un nuevo acuerdo para la paz, que incluía las exigencias de los representantes del No, algunos de los manifestantes, tal vez fatigados por los muchos días de asentamiento irregular en un lugar poco apto para las comodidades a las que estaban acostumbrados, resolvieron retirarse y le dieron anuncio al gobierno distrital de ello, el cual, ni corto, ni perezoso, aprovechó la coyuntura para, vía Esmad, desalojar de “gentuza” la plaza emblemática de la capital.
El resto lo han publicado los medios.
El comportamiento de las autoridades de policía, como era de esperarse en esa clase de instituciones, fue arbitrario y abusivo. Violaron todo lo que era susceptible de violar y “recuperaron” la Plaza. Ahora la pregunta que surge entonces es: ¿Qué clase de democracia es esta, que le exige al “Demos”, esto es, al pueblo “soberano” que renuncie a su derecho a expresarse y acate la orden de desalojo de un ente distrital?
¿Qué piensa el señor Presidente del hecho de que quienes apoyan su iniciativa, son sometidos a la violencia, mientras a los impugnadores del acuerdo se les ofrece todas las garantías y reconocimientos? El doctor Santos tiene la palabra.
Publicado el: 21 Nov de 2016
