Seguimos observando con preocupación el asesinato de líderes sociales a lo largo y ancho del país, en donde parece haber comunes denominadores en los asesinatos como lo son la ideología y la visión social y política de los líderes. Algo totalmente reprochable en un país democrático en donde debemos caber todos independientemente de la forma como se piense.
Ahora bien, algo que preocupa inmensamente es la pasividad del Gobierno Nacional para frenar este flagelo. Más grave aún es el señalamiento de altos miembros del Estado, como por ejemplo los comentarios de Guillermo Botero, ministro de Defensa, cuando manifestó, supuestamente por error, que los asesinatos de líderes sociales eran porque en su mayoría estas personas son criminales.
Qué exabrupto comentario; en cualquier país serio y respetuoso de las víctimas, lo primero que realizaría el Ejecutivo sería solicitar la renuncia inmediata e irrevocable de este funcionario de Gobierno.
Según el más reciente informe de Medicina Legal:
“Con un reporte revelado el pasado 15 de mayo, desde 2018 a la fecha han sido asesinados 317 líderes sociales en el país. Los departamentos en los que más asesinatos se han registrado son Cauca con 67 casos, seguido de Antioquia con 44 y de Nariño y Norte de Santander con 25 cada uno”.
Existe algo muy delicado y es que, desde la firma final del acuerdo de paz con las Farc en el 2016, los asesinatos van en aumento y al parecer son sistemáticos, además de que existe un patrón de acción, según un informe del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional, con base en el trabajo de seguimiento que le hacen al tema 9 organizaciones y centros de estudio del país.
El informe concluye que la violencia contra los líderes sociales es repetitiva, metódica y no aleatoria.
“Los asesinatos son selectivos y no indiscriminados, lo cual denota un proceso de identificación de la víctima por parte de los victimarios y reafirma un proceso de planeación”, subraya el informe del IEPRI.
A la fecha no existe ningún cuadro de probables personas que puedan estar detrás de estas acciones criminales, solo se autoadjudican estos crímenes las llamadas Águilas Negras, una organización que al parecer es un reducto de los paramilitares, pero no se tiene ninguna persona identificada por parte de la Policía Nacional o alguna autoridad judicial, algo que pone en duda de quiénes pueden ser los autores intelectuales de estos asesinatos.
Es necesario recordar el trágico y penoso exterminio del cual fue sometido en los noventa la Unión Patriótica (UP). Más de 4500 militantes entre congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales que fueron acribillados.
Esto llevó al partido a su mínima proporción y a otros pocos militantes que quedaron con vida los sometió al exilio político. Tenemos un espejo retrovisor que no podemos dejar que se repita desde ningún punto de vista.
Y es que el exterminio de la UP fue un genocidio que el propio Estado tuvo que asumir y pedir perdón al país 25 años después, en donde el presidente Juan Manuel Santos en un acto en la Casa de Nariño reconoció la responsabilidad del Estado en la persecución, muerte y desaparición de cientos de sus miembros y simpatizantes.
Por tanto, es imprescindible y de máxima urgencia que el Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, tome medidas y acciones para proteger a los miles de líderes sociales que están en el país trabajando por las comunidades y arriesgando sus vidas con la inminente amenaza de las llamadas Águilas Negras.
Pero nos seguimos preguntando, ¿quiénes son las Águilas Negras? ¿Quién las dirige? ¿De qué o quién las financia? ¿Por qué no sabemos absolutamente nada de esta organización criminal?
Foto cortesía de: Semana
No hemos avanzado en temas de no impunidad de crímenes sociales y políticos, En Colombia se destruye, se aplasta, se intimida y se mata. En cualquiera de estos casos sinónimos siempre da como resultado un pantanoso contexto político donde pensar diferente a…. es silenciado. Y el Gobierno hace como si no es con el.
Distractores, eufemismos. En este país de criminales gobernando, las pruebas se utilizan para desprobar. Esto tiene nombre propio.