El informe que acaba de publicar la organización Human Rigths Watch (HRW), intitulado El rol de los altos mandos en falsos positivos, se convierte, desde ya, en un gran insumo para quienes vayan a formar parte de la Comisión de la Verdad, acordada en La Habana entre los negociadores del Gobierno de Santos y los de las FARC. Dicho Informe tiene, entonces, un enorme valor político y social. Sobre este asunto, volveré al final de esta columna.
No cabe duda de que el episodio de los falsos positivos obedeció a una política que contó con el respaldo de los altos mandos militares señalados en el Informe y, de muchas maneras, con la anuencia del Gobierno de Uribe Vélez. Es decir, estamos ante crímenes de Estado. No olvidemos, eso sí, que dicha práctica se viene presentando de tiempo atrás, lo que enloda, también, a anteriores gobiernos.
Así entonces, en los crímenes cometidos por unidades militares, se reconoce una práctica sistemática, un objetivo estratégico claro, así como la aquiescencia de altos mandos y del presidente Uribe, como quiera que fungió como máximo comandante de las Fuerzas Armadas. Hubo un compartido modus operandi, así como el claro objetivo de beneficiar y premiar a quienes “produjeran más y mejores resultados operacionales”, con la complacencia de un Gobierno que creó y recreó un escenario de persecución política contra todos aquellos que pensaran diferente y se opusieran a su doctrina política y militar.
Desde allí, actuaron los militares responsables de los falsos positivos, con la convicción clara de buscar beneficios personales, al tiempo que respondían a las presiones de sus comandantes, para mostrar resultados positivos en materia de orden público.
Las ejecuciones de civiles inermes, conocidas como falsos positivos, responden a un criminal desvío de los objetivos misionales del Ejército. Dicha práctica, hay que ubicarla dentro del sentido y en la aplicación misma de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD); de igual manera, en el sentido y en la aplicación del decreto Boina (1400 de 2006, derogado con el decreto 1664 de mayo de 2007) y en la directiva 029 de 2005.
Todo lo anterior, aupado por el odio visceral y vindicativo con el que Uribe Vélez asumió el ejercicio del poder como jefe de Estado y de Gobierno, para enfrentar a las FARC y a lo que él llamó, una amenaza terrorista.
Insisto en que los falsos positivos expresan la perversión de los objetivos misionales del Ejército nacional. Se trató, sin duda, de un proceso de transformación de unidades militares, que mutaron hacia verdaderas bandas sicariales, que salían a “cazar civiles”, para mostrar que la “guerra contra la subversión” se estaba ganando. Nada más alejado de la realidad, pues de manera cobarde, asesinaban civiles, para exigir beneficios económicos, ascensos y permisos.
El resultado es claro: los soldados, oficiales y suboficiales que participaron de manera directa, o aquellos que guardaron silencio ante semejante ignominia, como los generales que señala HRW, dejaron de ser Héroes de la Patria, para convertirse, unos, en peligrosos criminales, en cobardes asesinos, y otros, en cómplices.
Sin duda, la mística y el honor militar fueron mancillados por quienes en algún momento, juraron defender la vida y la honra de los colombianos. De esta manera, aquellos que se beneficiaron del proceso de heroización que echaron a andar medios de comunicación, periodistas afectos al mundo castrense y un sector de la sociedad civil, pasaron a ser Héroes de Fango. De un fétido, apestoso, pestilente, hediondo y nauseabundo fango.
Ahora bien, en cuanto al sentido político y social que acompaña al informe de HRW, hay que decir que, a pesar de las desquiciadas acciones contra el medio ambiente perpetradas recientemente por las FARC, el evidente estancamiento del Proceso de Paz, la pérdida de confianza entre las partes y entre los colombianos frente a las negociaciones de La Habana, el estudio de HRW puede convertirse en un instrumento clave para los procesos de verdad, justicia, reparación y reconciliación que se vendrán, una vez se firme el fin del conflicto.
Es hora de que la sociedad colombiana se “desmilitarice”. Es tiempo de que dejemos de creer en el poder de las armas y entendamos de una vez por todas, que su uso, legal e ilegal, debe quedar proscrito, si queremos avanzar hacia la consolidación de una sociedad civilizada. Colombia necesita más ciudadanos y menos héroes y patriotas. Y ojalá, algún día, como sociedad civilizada, entendamos que el miedo a la paz que hoy muchos sectores sociales exhiben, está íntimamente relacionado con una ciega confianza en el poder de las armas.
Que los falsos positivos sirvan para reorientar la formación en las escuelas de policías y militares. Como sociedad civilizada debemos rechazar estos actos, exigir que se procese penalmente a sus perpetradores y aupadores.
Caricatura de Chócolo
Aunque una justicia vindicativa jamás será suficiente castigo, lo más probable es que en el contexto del Proceso de Paz de La Habana y en el de una justicia transicional generosa, esta dolorosa página de la historia política se cerrará con un perdón generalizado para esos Héroes de Fango y por supuesto, para los “revolucionarios” que también han violado los derechos humanos y han cometido delitos de lesa humanidad. Y en ese mismocostal que facilite la justicia transicional, hay que meter a los grandes empresarios que apoyaron a los paramilitares.
Que los falsos positivos, entonces, se entiendan como la expresión clara y dolorosa de unos actores armados que perdieron su norte, para convertirse, lenta y progresivamente, en simples homicidas.
