Columnista: Miguel Cárdenas
Algunas sorpresas trajeron las declaraciones de renta de nuestros insignes políticos que estrenaron la ley 2013 de 2019 —que obliga a todos los funcionarios estatales a hacer públicas sus declaraciones de renta— pues dicho acto será requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo que estos ostenten.
La declaración de Duque
Por un lado, llama la atención poderosamente que el presidente Iván Duque no pagó ni un solo peso en impuesto de renta. Es más, aún tiene un millonario saldo a favor correspondiente a $8’193.000.
En el documento atribuido a Duque Márquez, este aparece con un patrimonio bruto de $1.423’606.000 y con un patrimonio líquido de $1.395.059.000.
En el apartado de deudas, Duque ostenta tenerlas por cerca de 28 millones; una cifra curiosamente pequeña para un candidato presidencial, del que se supondría, tendría unas deudas más elevadas.
El mismo documento señala que su impuesto neto de renta es de $43’483.000 pesos, no obstante, el mismo papel indica que al presidente se le hicieron retenciones por $51’676.000 pesos, lo que justifica su saldo a favor.
“Así las cosas, el mandatario de los colombianos tuvo un saldo de cero pesos por ese impuesto de renta”, se lee en un artículo de la W Radio.
¿Declaró su apartamento?
Otro hecho que llama la atención es que Duque —tal parece en la declaración publicada— no incluyó en su patrimonio el apartamento que tiene en el lujoso sector de Van Ness East, en el estado de Washington D.C y por el que pagó el 28 de febrero de 2014 cerca de 239.000 dólares, casualmente cerca de 21 días después de su polémica reunión con Duda Mendonza (del caso Odebretch), tal como lo denunció en 2018 el portal Cuestión Pública.
De otro lado, a muchos, incluso a contadores públicos, les genera suspicacia que Duque, senador durante cuatro años y luego presidente con un salario superior a los 30 millones pesos mensuales, haya pagado cero pesos por el impuesto de renta del último año gravable.
Otros casos similares
Un caso similar se presenta con la declaración de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien hizo su publicación el pasado 23 de enero.
Según el documento, la vicepresidenta tiene un patrimonio bruto de $7.679.625.000 pesos; deudas por $5.725.831.000; y un patrimonio líquido de $1.953.694.000 pesos.
De igual forma, en la casilla de ingresos brutos por rentas de trabajo, dicha declaración de renta indica un valor de 147 millones pesos. Y, al igual que Duque Márquez, la vicepresidenta tampoco tiene saldo a pagar por impuestos.
Amable lector, saque usted sus propias conclusiones de tan curiosa declaración.
Otra “perla” para el anecdotario es la declaración de renta de la senadora Paola Holguín, quien indica que la hace pública “cumpliendo con nuestro compromiso de transparencia” ignorando la ley que la obliga a ello.
En su declaración —de la que “casualmente” tampoco tiene que pagar ni un solo peso— aparece con un patrimonio bruto de $723.761.000 pesos, deudas por $140.815.000 pesos (¿acaso serán las vallas de “diestra y siniestra”?), y un patrimonio líquido de $582.946.000 pesos.
Actualmente la senadora, que lleva ya dos periodos devengando más de 30 millones pesos mensuales, aparece con un saldo a favor de $5.826.000 pesos en su declaración. En definitiva, algo huele muy mal.
Pero, siendo justos, el caso del senador Gustavo Petro muestra el mismo comportamiento.
El líder de Colombia Humana tiene un patrimonio bruto de $1.270.391 de pesos; con deudas por 745.828.000 pesos, lo que le deja un patrimonio líquido de $524.563.000 pesos. Petro actualmente posee un saldo a su favor por el pago de impuestos de 19’970.000 pesos.
En el otro extremo está el senador Gustavo Bolívar, quien de acuerdo con su declaración pagó $1.527.971.000 pesos en impuestos. “Dudo que algún capitalista del Centro Democrático pague la suma que paga este “comunista”, agregó en un trino el senador Bolívar.
Hecha la ley…
La obligación en la publicación de las declaraciones de renta es un hecho de gran importancia para la veeduría ciudadanía. A través de herramientas como esta, podremos saber cuántos son los ingresos y pagos de sus gobernantes y representantes en los altos cargos de elección popular; y, asimismo, votar concienzudamente con esta información.
Sin embargo, dos cosas llaman la atención. La primera es que, de acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública, de 32.958 servidores públicos obligados a mostrar su declaración de renta ante la DIAN; solo 10.115 —correspondiente al 33%- han cumplido con dicha obligación, entre ellos apenas 303 dependientes de cargos de elección popular, tomando como fecha de corte el pasado 31 de enero.
El segundo aspecto es que pese a que el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) presenta la opción de consulta ciudadana para buscar las declaraciones de los funcionarios obligados a presentarla, dicha funcionalidad en el momento no arroja ningún resultado y actualmente es inútil.
De hecho, una fuente que labora en la DIAN, consultada para la realización de este artículo, indicó que ni ellos saben cómo acceder a dichas declaraciones públicas. Además, la misma ley 2013 de 2019 no presenta ninguna fecha límite para la realización de la publicación.
El escenario anterior se presta para que posiblemente muchos servidores interesados en mantener su patrimonio oculto tengan el tiempo suficiente para hacer maniobras para lograr su cometido. Solo resta esperar a que cuando les dé la gana, cumplan con lo que hoy es ley de la república.
Fotografía cortesía de El Tiempo.
