Columnista:
Brayan Ramírez
El concepto de Racismo de Estado, expuesto por el filósofo francés Michel Foucault, el cual designa fundamentalmente la capacidad que tiene el Estado moderno, tanto de garantizar la vida, como su poder legítimo de ejercer su función mortífera represiva, se halla inscrito de manera fundamental en el contexto del conflicto armado colombiano —a partir de esta lucha territorial— y, sobre todo, en la legitimación de la muerte, la exclusión y el exterminio de aquel considerado como enemigo; en este caso, desde la política mortífera que expone el carácter de dicho conflicto que involucra en él a diferentes organismos estatales, (Ejército, Policía), movimientos y líderes políticos alternativos, partidos políticos, grupos al margen de la ley (guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común) y, por supuesto, la población civil, desde su participación y exposición directa e indirecta en el conflicto y la manera en que se ha visto afectada en mayor o menor proporción, e incluso desde aquellas situaciones en las que esta contribuye, bajo amenaza, a la realización del acto bélico.
El conflicto armado interno en Colombia es quizá uno de los fenómenos más problemáticos y de mayor repercusión en el debate político de Latinoamérica y, que sin lugar a dudas, ha desbordado nuestros límites territoriales, llegando a convertirse en una problemática global. Esta lucha armada por el poder del Estado y la soberanía nacional se desarrolló aproximadamente desde la década de los sesenta, y su vigencia continúa hasta nuestros días.
Efectivamente, el conflicto posee unas dimensiones estructurales cuya genealogía proviene de la violencia de carácter bipartidista, y que con el paso del tiempo fueron tomando un orden de disputa frente la obtención del territorio, principalmente —con fines de control sobre el tráfico y el procesamiento de droga— aspectos coyunturales, que de una u otra manera, se convirtieron en elementos esenciales para la proliferación, el mantenimiento y el crecimiento tanto de los diferentes grupos subversivos y delincuenciales, como del aumento de la Fuerza Militar, los continuos combates y los constantes hostigamientos, que han avanzado y permeado directa e indirectamente cada rincón del territorio nacional.
El conflicto armado colombiano, está determinado por este tipo de acciones, en las cuales se intenta decidir lo que debe vivir y lo que debe morir, —esto tanto por parte del Estado como en los grupos al margen de la ley— representa una clara muestra de que el racismo permite fragmentar la masa poblacional en dos fuentes extrañas a sí mismas, entre lo normal de la sociedad y lo degenerado; de esta manera, se hace legítima la muerte del otro, la muerte del otro ya no como individuo amenazante, sino como amenaza para la población en su conjunto. Es decir, en términos de conflicto Estado-guerrillas —por ejemplo— se justificaría matar lo que representa un peligro para la población. Por consiguiente, para Foucault:
‘‘La raza, el racismo, son —en una sociedad de normalización— la condición de aceptabilidad de matar’’. ‘‘(…) desde luego, cuando se habla de dar muerte no me refiero simplemente al asesinato directo, sino también a todo lo que puede ser asesinato indirecto: el hecho de exponer a la muerte, multiplicar el riesgo de muerte de algunos o, sencillamente, la muerte política, la expulsión, el rechazo, etcétera’’.
Lo anterior, nos permite explicar con mayor claridad la razón del por qué el contexto político y económico colombiano puede concebirse bajo la forma de racismo de Estado, y principalmente desde cuestiones como la exclusión y la muerte política como forma de racismo, en efecto, porque irremediablemente estamos plagados de estas distinciones. Bastarían algunos ejemplos, como el asesinato de líderes sociales e indígenas, el abuso y la represión ante las manifestaciones políticas o la desaparición y el desplazamiento forzado de miles de campesinos a lo largo y ancho del país, para dar cuenta de que este fenómeno, político, económico y militar ha permeado todas las esferas políticas de nuestro territorio y se ha convertido en una forma de legitimar los intereses de uno u otro movimiento ya sea de orden estatal o paraestatal.
Estos ejemplos dan muestra del porqué en nuestro país se continúan justificando continuas ejecuciones, innumerables crímenes de lesa humanidad y actos de represión política, que de una u otra forma han sido responsabilidad estatal y que han llevado al silenciamiento, la muerte, y exilio de un gran número de ciudadanos colombianos, ya sean partidarios o detractores de uno u otro movimiento político, puesto que aquí juega una importancia radical el hecho de que cada uno de los diferentes estamentos legitima la muerte de sus adversarios y, por supuesto, el riesgo y el abandono de quienes están bajo su amparo. Esto, fundamentalmente se expresa en la capacidad que tiene el Estado para apelar a la división y jerarquización de la dignidad humana, a partir de las diferencias de orden político y económico —que pasan luego a un orden de lo biológico— para definir quiénes deben y pueden ser silenciados con legitimidad.
Se hace preciso ahondar en el tema del racismo de Estado expresado particularmente hacia la población civil, población que se convierte en este caso específico de la guerra, en pieza clave para el desarrollo del conflicto. En este caso, necesariamente se debe hacer alusión a la pregunta que el mismo Foucault se plantea, a saber, ¿Cómo se puede no solo hacer la guerra a los adversarios sino exponer a nuestros propios ciudadanos a ella, hacer que se maten, por millones, si no es precisamente, activando el tema del racismo?
Frente a esto, la guerra —en este caso el conflicto armado colombiano— se fundamenta bajo dos intereses. El primero y, más importante, destruir al adversario político; y el segundo, destruir a aquellos que se encuentran en medio de dicha confrontación y que infortunadamente no poseen los elementos necesarios para dar pie a una defensa, es decir, en el conflicto armado, la población civil vendría siendo el escudo que protege a uno u otro bando, de ahí, que se presente —como ya había mencionado— un fortalecimiento de estos grupos armados por medio de la obtención de territorio y, por supuesto, bajo la amenaza de una población desnuda que se halla bajo el precario amparo del Estado.
Referencias:
Foucault, Michel. (2001) Defender la sociedad. “Curso en el College de France (1975-1976)’’ Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.
Foucault, Michel. (2007) Historia de la sexualidad, Volumen 1. ‘‘La voluntad de saber’’ México, Siglo XXI Editores.
Foucault, Michel. (2007) Seguridad, territorio y población. Argentina, Fondo de Cultura Económica.
Antequera, José. Racismo de Estado. Ver, J. Antequera. (2010) Racismo de Estado. En: El Espectador.
Estoy de acuerdo con el contenido del articulo, pero su enfoque y desarrollo no guarda relación con el racismo, en la medida que abarca conceptos de exclusión, abuso y represion, dentro del contexto de la sociedad civil en general, a la cual todos hacemos parte, es decir, no corresponde al racismo institucional o de estado, en cambio simplemente menciona una sola vez a los indigenas y por ningún lado a los afrocolombianos y otras minorias etnicas, cuando estás son poblaciones más excluidas, marginadas, empobrecidas por la corrupción, relegadas al olvido y abando estatal; me pregunto si el autor del artículo no sabe lo que es el racismo.