La sociedad civil en los últimos años se ha quejado de las diversas situaciones de corrupción que afectan a Colombia, bien sea por abusos de poder, hurtos al erario público por parte de la clase política, o por situaciones de ilegalidad que afectan a las 3 ramas del poder: ejecutiva, legislativa y judicial.
Las quejas y molestias de la ciudadanía, no han pasado de ahí, pues la mayoría de los colombianos son conformistas y no hacen nada por cambiar la situación de corrupción y desigualdad.
Sumado a lo anterior, la sociedad civil se abstiene de hacer parte o involucrarse en la toma de decisiones que definen el rumbo del país, como los son las elecciones locales, legislativas y presidenciales. El caso más reciente fue en las elecciones para el plebiscito del pasado 2 de octubre del 2016, en donde los grandes triunfadores fueron los abstencionistas con un 62,6%, resultado que refleja que menos de la mitad de los colombianos salieron a votar el plebiscito y mucho menos les interesó el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC. (Dato del porcentaje de abstencionistas)
Los colombianos en general han tenido que convivir con las situaciones de corrupción, lo cual les ha generado una especie de prevención, indiferencia, costumbre o importaculismo, permitiéndole a nuestro sistema político mantener sus prácticas viciadas, ilícitas y anti éticas, para mantener a los políticos corruptos de siempre en el poder. Por lo anterior, la gran mayoría de la sociedad civil se ha marginado de los espacios de participación ciudadana, como de la toma de decisiones políticas, por culpa de la corrupción y de nuestro sistema político.
El Artículo 103 de la Constitución Política plantea que “son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”.
En el plebiscito no se vio la participación ampliada de la ciudadanía, por el contrario sólo se manifestó un sector universitario, de intelectuales y académicos, algunas organizaciones y sectores sociales, grupos de amigos que apoyaban el proceso de paz, y los quemados y repudiados reductos de la clase política tradicional y clientelista, que por su naturalidad no lograron convocar a la plaza pública a ningún sector de la sociedad colombiana, más allá de los seguidores de sus congresistas y partidos políticos.
Tras el resultado del plebiscito, un amplio sector de la sociedad civil salió a las calles durante el mes de octubre y noviembre, en donde manifestó su indignación y rechazo al resultado, adicionalmente algunos de los ciudadanos que marcharon en las calles, se organizaron y crearon diversos movimientos y plataformas, los cuales se trazaron como objetivo respaldar los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC.
Debido a que el plebiscito no fue exitoso para la refrendación de los acuerdos de paz, el gobierno habilitó el “Fast Track”, la vía rápida para la implementación de los acuerdos de paz en el Congreso. Han pasado 3 meses desde que el gobierno convocó sesiones extraordinarias, y en ese tiempo apenas se han aprobado 3 acuerdos de La Habana: la participación de los voceros del movimiento ciudadano que vela por la implementación de los acuerdos de paz en el Congreso, la Ley de Amnistía y la Jurisdicción Especial para la paz. La sociedad civil acompañó, revisó, hizo seguimiento y control, a esos tres avances en la implementación de los acuerdos de paz en el Congreso.
Desde el año pasado surgieron algunas iniciativas de veedurías ciudadanas con el fin de hacer seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz en el Congreso.
Una de las veedurías ciudadanas es Ojo A La Paz, que es una iniciativa de la sociedad civil que busca vigilar y hacer control a la implementación de los acuerdos de paz, en el Congreso. Esta agrupación se compone de los movimientos: Tercera Voz, SeamOS Democracia Digital, Rodeemos el Diálogo, Paz A La Calle, Paz A La Calle -18, Javerianos Por La Paz, Acuerdo Ya, Paziempre y Sinestesia ONG.
Ojo A La Paz ha realizado control y vigilancia a la implementación de los acuerdos de paz, desde el inicio de la implementación, a finales del 2016. Empezaron con una campaña llamada “Soy Veedor”, para la discusión y aprobación de la Ley de Amnistía, en donde desarrollaron actividades en el Congreso y fuera de él, con el fin de recordarles a los congresistas que debían ir a trabajar, a legislar y a implementar los acuerdos de paz, apoyándose en twitteratones, así como también informando a la opinión pública en tiempo real si llegaban a trabajar o no los congresistas.
Otro acto que realizaron fue la “Operación Tortuga”, en donde por medio de una carrera de tortugas de juguete, las cuales tenían foto y nombre de congresistas, simularon que 102 Senadores por bancada y partido, competían por el título de los congresistas que más trabas le pusieran a la votación de la JEP.
Imagen cortesía de: Radio Nacional de Colombia
La participación de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas que afectan el rumbo del país, es baja y casi nula, por culpa de los actos de corrupción de nuestros gobernantes y del viciado sistema político colombiano. Esta situación afectó el desarrollo de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, ya que en el plebiscito hubo baja participación y el abstencionismo. Este resultado obligó al gobierno a implementar los acuerdos de paz por el Fast Track, sin embargo la implementación ha sido un fracaso, pues apenas se han aprobado tres acuerdos pactados en La Habana, lo cual ha generado atraso en las discusiones y debates de los actos legislativos y proyectos de ley, que se deben aprobar en el Congreso.
No hay voluntad política del gobierno por tramitar rápidamente los actos legislativos y proyectos de ley en el Congreso, y adicionalmente está la amenaza de las elecciones del 2018, en donde los congresistas hacen cálculos electorales para ver si pueden mantener sus curules, y para ver a qué candidato presidencial deben apoyar.
Hay algunas expresiones ciudadanas que están desarrollando veeduría ciudadana y seguimiento a la implementación de los acuerdos de paz, como Ojo A La Paz, sin embargo no es suficiente, pues debería ser un amplio sector de la sociedad civil, el cual se involucrara en el seguimiento a los acuerdos de paz. Lo anterior porque los acuerdos de paz nos van a involucrar a la totalidad de los colombianos, y no a un solo sector de los colombianos, como equivocadamente se cree.
