Debieron pasar 27 días para que el Gobierno de Iván Duque y los líderes de la Minga Indígena y Campesina del Cauca llegaran a un acuerdo económico que permitió, finalmente, que la vía Panamericana fuera desbloqueada por los mingueros.
A las pérdidas millonarias reportadas por agentes de la sociedad civil, la muerte1 de un patrullero y un comunero y varios heridos, se suman el desgaste de la imagen de las institucionalidades comprometidas: por el lado de los indígenas, el CRIC y la ONIC de nuevo hicieron despertar históricos odios, animadversiones y resquemores en sectores mestizos y “blancos” de Popayán y del país, que, atados a negativas representaciones sociales (identitarias), siguen asociando la condición de ser indígena, con pereza, atraso, vergüenza y actitudes propias de hordas de salvajes a los que urge someter a fuertes y sostenidos procesos civilizatorios; y huelga recordar aquí, las luchas intestinas que se advierten de tiempo atrás al interior de la dirigencia indígena.
Y por el lado oficial, los afectados por la parálisis económica en por lo menos tres departamentos, consolidan en sus mentes la imagen de un Estado incapaz de garantizar derechos y libertades y de cumplir compromisos asumidos por anteriores gobiernos.
De igual manera, el Gobierno de Iván Duque termina debilitado ante agentes económicos de la sociedad civil que insistieron en la necesidad de que se diera un pronto arreglo ante las millonarias pérdidas económicas de empresarios y transportadores, entre otros sectores, por el cierre de la vía Panamericana por casi un mes.
Y en lo que respecta a la realidad política nacional, Duque continúa demostrando incapacidad para generar consensos políticos y para establecer relaciones de respeto con el Congreso, en particular, con las bancadas declaradas en Oposición y con el grupo de congresistas a los que ignoró y que le llevaban propuestas de solución al conflicto social, económico y político con los indígenas.
Como Jefe de Estado, Duque estaba obligado, constitucional, política y moralmente a responder a las demandas sentidas de las organizaciones indígenas que hacen parte de ese estadio fundamental que es la sociedad civil.
Además, Duque Márquez debió ir al territorio caucano como quiera que debe fungir como un símbolo de unidad y no como un factor de segregación y división social y étnica. Resulta inaceptable que un Jefe de Estado solo manifieste celeridad y compromiso con agentes de la sociedad civil que lo apoyaron para llegar a la Casa de Nariño.
Preso quizás de su inexperiencia en la función pública, o azuzado por sectores de su partido, el Centro Democrático, o por su condición de “mestizo” que ve con resquemor a los indígenas, Duque olvidó tener en cuenta, por lo menos, los artículos 1, 2 y 7 de la Carta Política:
“ARTÍCULO 1º. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.
Artículo 2º.Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
ARTÍCULO 7º. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana» 2.
Dignidad y odio
Después de casi un mes de parálisis económica y sucesivos enfrentamientos verbales y choques físicos entre el ESMAD y los mingueros, la Colombia urbana nuevamente pudo ver la capacidad organizativa del pueblo NASA, sentir la fuerza de su dignidad y reconocer que los indígenas son el último bastión de resistencia ante un modelo económico, social y político catalogado por los propios manifestantes como un Plan de Muerte.
Plan de Muerte que los citadinos no advierten porque están sometidos a las lógicas del mercado y a esa racionalidad económica que les impide actuar como ciudadanos políticamente comprometidos y capaces de discutir asuntos públicos, dejando de lado intereses y condiciones socioeconómicas individuales.
Los ataques a la sede del CRIC, ubicada en la capital del Cauca y los enfrentamientos entre civiles que apoyaban a la Minga y los que se cansaron por el cierre de la vía, dan cuenta no solo del agotamiento por la situación vivida, sino del recrudecimiento de odios ancestrales profesados por miembros de la élite caucana, y grupos de mestizos y “blancos” que viven en Popayán, contra los indígenas asentados en el departamento del Cauca. Eso sí, con un agravante: las refriegas entre civiles se dieron con la anuencia3 de miembros de la Policía Nacional.
Terminada la Minga, queda claro que dentro de amplios sectores de la sociedad colombiana persisten sentimientos racistas y prácticas clasistas que siguen aportando a la imposibilidad de consolidar una sola idea de Nación.
Idea de Nación que nos permita establecer relaciones de respeto entre todos, ante esa realidad inocultable que es al mismo tiempo una riqueza: Colombia es un país cultural y étnicamente diverso.
Una vez levantada la Minga, ¿volverá el Estado a incumplir con lo pactado? ¿Lo acordado con los indígenas Duque lo asume en su calidad de Jefe de Gobierno o Jefe de Estado? Hasta la próxima Minga.
1. En confusos hechos, murieron 8 indígenas y 4 resultaron heridos. Lo sucedido en Dagua debe ser aclarado tanto por la Fiscalía, como por las propias autoridades indígenas. La credibilidad de ambas está en juego.
2 Constitución Política de Colombia.
3. Varios videos circularon en las redes sociales.
Foto cortesía de: Semana
