Columnista:
León Fredy Muñoz
El 2 de octubre aparecieron en 40 municipios de Antioquia grafitis del Clan del Golfo, quienes también se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia en un intento de legitimarse como movimiento político, y es claro que no los son.
Ahora bien, al comparar la localización de los municipios en los que aparecieron las marcas frente a las acciones violentas hacia la población del departamento desde la firma del Acuerdo de Paz, la correlación se hace evidente, quedando rayadas las paredes de los lugares para los que el COVID-19 no ha significado tregua alguna frente a las agresiones de distintos actores armados que, en sus pugnas territoriales, ejercen distintas estrategias de control a través de la violencia.
Una de las formas más sanguinarias de asegurar el dominio de los territorios que tienen los grupos armados es el hostigamiento y asesinato de líderes y lideresas sociales, puesto que estos muchas veces representan el último bastión del Estado en tanto a la posibilidad de ejercer la participación ciudadana por parte de la población.
Según los datos de Indepaz, Antioquia es el segundo departamento con más asesinatos de líderes y lideresas sociales, con 99 siniestros desde el 2018 hasta el 15 de julio del 2020. Los liderazgos que más se han visto atacados han sido los campesinos-comunales, especialmente los relacionados con reclamación de tierras y con la implementación de la sustitución de cultivos, con el asesinato de 62 líderes campesinos desde el 2016 hasta el 2020; es decir, el principal objetivo de quienes estén detrás de los ataques a líderes sociales ha sido justamente el acabar físicamente con las personas que, por su labor, podrían presentar contratiempos en el despliegue de proyectos de la economía ilegal y legal.
Revisando el mapa de los municipios grafitados con el logo del Clan del Golfo es posible ver una expansión respecto a los territorios donde ya tienen un dominio completo o disputado, que son el Urabá en cuanto a dominio completo y el norte de Antioquia y bajo Cauca en cuanto a dominio disputado con el Bloque Virgilio Peralta Arenas, también conocidos como los Caparrapos.
El Urabá, el norte de Antioquia y el bajo Cauca son zonas estratégicas pues tienen corredores de narcotráfico, explotación minera ilegal y cultivos de coca. Las últimas dos tienen una correlación bastante notable: son las zonas con mayor cantidad de cultivos de coca en el departamento y a la vez en las que más líderes sociales han sido asesinados, resaltando el municipio de Tarazá en el bajo Cauca, en el que solo en el 2020 han acabado con la vida de seis líderes y lideresas campesinos-comunales.
Por más que el Gobierno y la Fiscalía traten de negar la sistematicidad del asesinato de líderes sociales, el análisis de los datos es claro: están matando a los líderes que se encuentran en territorios olvidados por el Estado a causa de la falta de implementación del Acuerdo de Paz, en los que los grupos ilegales tienen intereses económicos directos por lo que ven en el asesinato de líderes la posibilidad de eliminar cualquier resistencia de la población, todo esto enmarcado en una pugna de poder entre dichos grupos por hacerse dueños de todos los negocios legales e ilegales posibles en la región.
Las violencias hacia los líderes sociales en Antioquia y en general, en el país deben entenderse ante todo como una consecuencia funesta de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Duque por hacer trizas el Acuerdo de Paz. Al no hacer una correcta implementación del Acuerdo, las regiones donde antes tenía presencia dominante las FARC se convirtieron en zonas de guerra entre los distintos actores armados para hacerse con el control del territorio, convirtiéndose los líderes en objetivos militares al ser quienes han estado al frente del cumplimiento del Acuerdo.
Así, los grafitis de terror del Clan del Golfo más que una amenaza vacía, representan para los municipios donde aparecieron como la certeza de que el Clan y los grupos que entren en conflicto con ellos desplegarán su violencia contra toda la población y en especial contra líderes y lideresas sociales.
