Autor:
Juan David Ramos Sierra
El día sábado 14 de marzo estaba citada una audiencia pública en el ETCR Román Ruiz en la zona veredal de Anda Lucía en el corregimiento de Ituango, Antioquia para evaluar la escala de violencia contra los reincorporados de las FARC en el territorio, pero una directriz de Presidencia impidió que la Comisión de Paz del Senado asistiera. La Caravana Humanitaria que partió desde Medellín y que fue dispuesta por organizaciones, universidades, plataformas, redes e Iglesia, acompañó dicho encuentro.
El inconveniente se presentó a las 10:00 a.m. cuando los congresistas que pretendía viajar informaron la cancelación a través de las redes sociales. El motivo fue una orden de Iván Duque por trasladar toda la Fuerza Pública y Militar, incluyendo la aviación a la zona de frontera con Venezuela, lo que terminó por cancelar el traslado al lugar definido.
Aquella situación que fue valorada por el congresista Ómar Restrepo del Partido FARC, como un bloqueo a las posibilidades de acercamiento con el legislativo, revivió el argumento de la falta de compromiso del Gobierno con el acuerdo, y el uso de pretextos en no guardar objetividad en la práctica, porque según Restrepo: “no era posible utilizar todos los recursos logísticos en una determinada región del país, cuando es bien sabido que el deber es seguir atendiendo otras eventualidades en los diferentes territorios”.
La Asamblea que avanzó en presencia de una mesa técnica del Partido Político FARC, por excombatientes y por organizaciones civiles, se concentró en contextualizar y evaluar las difíciles situaciones de seguridad y de violencia que padecen bajo el asedio de grupos armados que hacen presencia y control en el Nudo de Paramillo y que es conocido por ser uno de los corredores más importantes para el narcotráfico y la minería ilegal en Antioquia. La urgencia del encuentro contrastaba con el panorama de violencia que, a la fecha, deja 12 excombatientes asesinados, el desplazamiento de 30 personas y otras bajo amenaza.
Aunque varios congresistas desde sus redes sociales comunicaron las razones que impidieron el traslado a la zona veredal, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para exigir plena garantía en la protección de los excombatientes y en el cumplimiento del acuerdo de paz, además reafirmaron su compromiso con las comunidades desde el Congreso de la República para hacerle seguimiento a la situación que se vive en el territorio.
