En la anterior columna, que constituye la primera parte de este escrito, se habla de cómo el glifosato llegaba a nuestro país a través del Plan Colombia de Andrés Pastrana, y se consolidaba durante muchos años como estrategia para erradicar los cultivos en los ulteriores gobiernos de Uribe y Santos, a pesar de su daño colateral y su ineficacia.
Más tarde, y luego de muchas denuncias, tanto de organizaciones sin ánimo de lucro, comunidades indígenas y campesinas, como acusaciones internacionales de países vecinos; se logró prohibir la aspersión aérea. En los cielos de Colombia por fin llovería agua sobre los campos en vez de veneno, aunque por un tiempo no muy prolongado.
Ahora se hablará de los dos puntos siguientes, en donde la presión norteamericana continúa y, nuestro país, al parecer, será doblegado una vez más por las empresas que le obligan diplomáticamente a comprar y a contratar, ya sea el mismo glifosato, aviadores, los aviones, estrategas, ‘soldados’ que custodien los aviones, o bueno, lo que a ellos se les ocurra.
No fue una sorpresa, por ejemplo, que en el marco del Plan Colombia se cuadruplicaran en el país la presencia de soldados norteamericanos; se multiplicaran por veinte los helicópteros con matrícula a nombre del Ejército y de la Policía, aviones de inspección y consejos militares; y que el número de los paramilitares, que acogía el plan como estrategia de guerra, aumentara de 5000 a 12000 activos.1
3. Estados Unidos amenaza con descertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico
El país norteamericano pela el cobre y amenaza a Colombia con calificarlo como un país no cooperante en la lucha contra el narcotráfico luego de que se negara a utilizar métodos como la aspersión aérea para la erradicación de cultivos.
La lista negra, deshonrosa y temida por las naciones del mundo, está conformada por Venezuela y Bolivia, y se equipara bajo el Acto de Autorizaciones para las Relaciones Internacionales del año 2003, que le da poderes especiales a Estados Unidos de sancionar a los países que ellos consideren, no cooperan en la lucha contra las drogas.
Sanciones diplomáticas, pérdida de ayudas, multas, entre otros, son algunos de los descargos imputados a aquellos que hacen parte de la lista y que no colaboran con la salvación del mundo.
Al fin y al cabo, y teniendo en cuenta las vísperas de las elecciones del presente año, el país gringo decidió no arremeter en la descertificación y embellecer, una vez más, su accionar belicista e interpuesto sobre los países de Latinoamérica, con la manta de su único y unánime interés del bienestar mundial y la lucha contra el narcotráfico.
Hace algunos días volvió a ocurrir la amenaza de descertificación, pero esta vez, más que presionar, lo que intenta es confirmar de una vez por todas, la reactivación del proyecto, sabiendo que en el país hoy se vive otro panorama político, más cercano a la ideología ultraderechista estadounidense, y que le ha hecho guiños explícitos a la fumigación, a pesar de sus contraindicaciones.
La administración de Donald Trump ya ha demostrado que le importa una minucia el medio ambiente. Pero lo peor es que dicho gobierno ni siquiera se avergüenza, al justificar todo el daño y el retroceso ecológico arremetido, únicamente con el crecimiento económico.
Estados Unidos abandonó el acuerdo de París, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y donde están inscritos más de 190 países. A estas alturas de la ‘civilización’, ni si quiera la voz conglomerada de los científicos importa.
En febrero de 2017, derogó una norma de protección de los ríos que prohibía a las compañías mineras verter los residuos sobre las aguas, y obligó a la Agencia de Protección Ambiental a que “ampliara” la definición de agua pura en el país, para acrecentar su uso.
En mayo de ese mismo año se suspendieron durante tres meses unas normas relativas a las emisiones de metano; en junio se suspendieron también, y ahora por dos años, la normativa que pretendía reducir las fugas de las emisiones de los operadores de gas y de petróleo.
La lista negra sigue, pero ¿por qué Colombia tiene que unirse a la hecatombe contra el medio ambiente que propone, financia y ejecuta Estados Unidos? ¿Dónde queda nuestra libertad de decisión, nuestra soberanía, nuestro derecho a decir NO a políticas intervencionistas que destruyen nuestra biodiversidad?
4. Resuena el glifosato con la era de Duque
Las grandes compañías de salud mundial, tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), o la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (AIRC), a pesar de arremeter contra la sustancia tóxica en varias ocasiones, apenas si la sitúan como probablemente carcinogénica.
En 2001 la Comisión Europea clasificó el glifosato como “tóxico para los organismos acuáticos” y como un producto que puede “acarrear efectos nefastos para el ambiente en el largo plazo”, pero no lo califica explícitamente como algo que puede afectar la salud del ser humano.
Las investigaciones realizadas a este concentrado no pelechan en su contra. Y se crea un ciclo vicioso que permite a los gobiernos seguir comprando el herbicida y alimentar a industrias como Monsanto, con el aval de países como Estados Unidos, sustentándose en la poca evidencia existente de la sustancia como un elemento manifiestamente nocivo para el planeta, como si no fuera obvio.
Detrás del glifosato hay grandes poderes e intereses, tanto políticos, como económicos. No es gratuito que en los últimos cinco años en Colombia, el presupuesto militar no ha bajado de los 8 mil millones de dólares y, solo en 2017 y lo que va de 2018, se gastaron USD$9.714 millones en este rubro. ¿Recuerda la afirmación del primer párrafo de la primera entrega de este análisis que hablaba de la guerra como un negocito? ¿Y todavía hay que pelear porque “no hay plata» para derechos fundamentales como la educación?
Todo este entramado da pie a que el presidente Iván Duque diga entonces que no descarta la fumigación con glifosato de las hectáreas de coca, y que lo haría “en cumplimiento de los lineamientos que dio la Corte Constitucional”. Pero, hay que entender, NO hay lineamientos que permitan al glifosato actuar sin generar daño colateral en cualquiera de sus presentaciones.
Esta sería la mejor estrategia para convalidar y complementar el decreto de la incautación de la dosis mínima, y enmarcar los próximos cuatro años en focos que apunten a las consecuencias sociales y dejen las causas estáticas e intocadas, teniendo una multiplicación constante de las problemáticas, y continuando atacándolas desde sus cúspides, y no desde sus raíces, al parecer, intencionalmente.
Si de algo ha servido el combate colombiano, ha sido para sustentar empresas estadounidenses que privatizan la guerra, pero con la nulidad del principal núcleo del conflicto armado, se retoman viejas asperezas dañinas para el país, y se retrocede en políticas sociales y ambientales, para rendir cuentas a países que no pretenden el desarrollo de nuestra tierra, sino su crecimiento autoritario y económico.
Otras fuentes
1. Nuestra guerra ajena – Germán Castro Caycedo.
Foto cortesía de: Diario La Página, Panorama, RCN Radio.
Me gustó mucho esta columna, Hernán. Me gusta la manera cómo está estructurada, y que se proporcione un contexto y se desarrolle un análisis. El uso próximo del glifosato es una muestra más del evidente desinterés del gobierno para con la naturaleza y los ciudadanos. Muy triste, la verdad.