Durante la colonia, solía llamarse a las clases altas de las villas y ciudades, “gentes principales”, para distinguirlas de las “gentes del común” que eran precisamente las gentes como uno, de dónde viene el vocablo.
En la legislación de indias se asignaba los lugares que los habitantes de las villas debían ocupar en los certámenes y, particularmente, en los de carácter religioso. De esta forma siempre se situaba dos o más reclinatorios inmediatamente frente al altar, para los protagonistas de la autoridad política y social. Detrás, en orden descendente se acomodaba a las distintas personalidades lugareñas, hasta llegar a los alrededores de las puertas donde se autorizaba a los esclavos, cuando se les autorizaba, a escuchar, de pies, las liturgias y actos rituales.
Igualmente, en los periodos de agitación social, cuando era necesaria una voz calificada que expresase su censura o su venia a la expresión del malestar, todos en la colectividad volteaban su mirada a las “gentes principales” para determinar qué hacer.
Por ejemplo, en la insurrección de Los Comuneros de 1781, los insurrectos acudieron a los miembros del grupo de notables en busca de su aprobación y respaldo. De esa manera, Francisco Berbeo, Salvador Plata y Manuel Monsalve, entre otros, llegaron a los puestos directivos del movimiento; ellos gustosos aceptaron el encargo de dirigir una insurrección que redundaría en su propio beneficio, pues lo que se buscaba era la abolición de tributos gravosos para sus actividades económicas.
Sin embargo, hábiles y precavidos, visitaron antes a los escribanos, notarios de la época, para reconstituir la prueba que habría de librarlos de cualquier responsabilidad ante las autoridades coloniales en el evento de fracasar el movimiento.
Consignaron allí su inconformidad con las manifestaciones contrarias a la vigencia de las autoridades y las normas por ellas expedidas, reiteraron su adhesión a la sagrada majestad del rey y de su legítimo representante y advirtieron que, si asumían los cargos directivos del levantamiento comunero, lo hacían en condición de víctimas, presionados y constreñidos por la violencia que ejercían sobre ellos los conjurados.
De suerte que al fracasar la insurrección, como tenía que naufragar con semejantes dirigentes, ellos quedaron indemnes y liberados de todo compromiso penal y político. Así, mientras Galán y sus compañeros eran llevados al cadalso, Berbeo, Plata, Monsalve y las demás gentes principales que capitanearon al común, tomaban chocolate con colaciones en su casa.
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Más o menos lo mismo va a pasar ahora con las fuerzas oscuras que orquestaron y dirigieron, tras bambalinas, toda la cruenta orgía paramilitar que asoló a nuestro país en los últimos treinta y cinco años: Los grandes empresarios, los ganaderos, los banqueros, los terratenientes, los dirigentes de los partidos tradicionales y los altos oficiales de las fuerzas armadas, que movieron y animaron las manos armadas de motosierra y metralleta y bañaron en sangre y dolor nuestros villorrios y veredas han sido declarados, in límine, víctimas por el flamante fiscal general que ellos mismos hicieron elegir en el cargo.
Bastó que alguien reclamara que los acuerdos de paz fueran también acompañados de investigación y sanción para quienes, desde la empresa privada y los altos mandos militares, inspiraron e instigaron los actos execrables del conflicto armado, esas gentes principales que estaban detrás, para que se armara la de Troya. Incluso, al gobierno y a los negociadores de los acuerdos pacificadores de La Habana, les tocó salir a negar que tales investigaciones fueran a desarrollarse.
Hubo que desmentir esas afirmaciones, calificándolas de vil calumnia uribista, pues jamás, en las intenciones del gobierno, estuvo siquiera planteada la posibilidad de que las gentes principales pudieran ser sometidas al escrutinio judicial. Y para que no quede duda, el fiscal empresario lo ratifica y confirma.
Ahora, como en la colonia, la imagen de Salvador Plata vuelve a escapársele de las manos a la Administración de Justicia, porque al igual que entonces, va a resultar que las gentes principales -de autores mediatos e intelectuales-, pasarán a ser pobres y sufridas víctimas que nada deben.
Razón tiene el senador Uribe cuando reclama que se haga la paz pero sin impunidad, pero habría que empezar por investigarlo a él.
