Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
No es extraña, en este país, la reacción de la «gente de bien» para la cual el Gobierno de turno dirige el Estado. Mientras no los toquen ni molesten, están a sus anchas, viviendo felices y comiendo perdices, sin mirar más allá de sus narices. Pero cuando no los dejan llegar a sus empresas o trabajos estables y bien pagos, o ir a mercar, lo que pueden hacer porque tienen los medios; esto es, cuando los sacan de la zona de confort, como dicen ahora, pegan el grito en el cielo y clasifican a quienes salen a las calles a protestar por la situación de precariedad que los sofoca, como vándalos y terroristas: la «gente de mal».
Esos ciudadanos «de bien», son lo que se agrupan con armas y crean líneas de defensa civil para la protección de sus bienes, asumiendo de facto funciones de las autoridades del Estado y aupando la represión, ante la actitud pasiva de quienes constitucional y legalmente deben cumplir con la función de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas y la convivencia en paz de los colombianos; es decir, la Policía Nacional.
Ello es el resultado de la indiferencia, indolencia e insolidaridad que los caracteriza frente a los invisibles, «gente de mal», quienes tratan precisamente de hacerse visibles y manifestarse, como consecuencia de la ausencia del Estado y el incumplimiento de las obligaciones de garantía de pleno empleo y acceso efectivo al conjunto de bienes y servicios básicos, en un país caracterizado por la falta total de distribución equitativa de las oportunidades, del ingreso y la riqueza.
Y es que el Estado todo lo queda debiendo y, junto con la «gente de bien», no quieren que la «gente de mal» proteste.
En noviembre del año pasado, el huracán Iota causó graves daños en la isla de Providencia, donde la infraestructura quedó destruida en casi un 98 %. Sin embargo, el plan de reconstrucción de 100 días, prometido por el jefe de Estado de los colombianos sigue en veremos. Seis meses y medio después, según doloroso mensaje de la periodista Amparo Pontón desde el lugar de la tragedia, no hay albergues, no hay hospital, no hay colegio, y no hay casas ni techos nuevos.
Así sucedió también con la promesa de reconstrucción del 40 % de Mocoa, hace algo más de cuatro años, momento en el que el Gobierno Nacional prometió más de mil casas, un megacolegio, una plaza de mercado, una terminal de transporte, un acueducto municipal, y las obras de mitigación para evitar otro desastre en caso de un nuevo desbordamiento de los ríos Mulato, Taruca y Sangoyaco.
Con el Acuerdo de Paz fue lo mismo. Solo para mencionar algunos puntos: nos quedamos esperando la reforma rural integral, sobre todo en cuanto al acceso y uso de la tierra. La solución del problema de la concentración y propiedad de la tierra, no le gusta a la «gente de bien». Según los últimos informes, las hectáreas que han entrado al Fondo de Tierras, en su mayor parte están ocupadas, por lo que no habría para adjudicar. Y son una verdadera ilusión los planes nacionales para la erradicación de la pobreza extrema y la reducción de la pobreza rural.
En el punto de participación política, si no es porque la Corte Constitucional revive las 16 curules para las víctimas del conflicto en la Cámara de Representantes (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz), también estaría en deuda el Estado con la «gente de mal».
Ahora, en momentos de grandes manifestaciones, se echa de menos la ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, así como para la movilización y la protesta.
Y cambiando de tema, según datos revelados por el censo realizado por el Dane en 2018, el 13,6 % de la población colombiana no tiene acceso al servicio de acueducto: ocho de cada cien habitantes no tienen agua potable y los departamentos con menos acceso a esta son: La Guajira, Guainía, Cauca, Amazonas, Magdalena y Chocó.[1] Por eso también protesta la «gente de mal».
Como si lo anterior no fuera suficiente, en Colombia asesinan a las personas por firmar un acuerdo de paz, defender los derechos humanos, el medio ambiente o liderar la defensa de los intereses de sus comunidades y los sectores históricamente discriminados; es decir, por estar del lado de la «gente de mal».
A pesar de todo este panorama que describo de manera breve, aunque no es todo, el Gobierno, que sufre de sordera profunda, como una cachetada a la «gente de mal», en época de grave crisis económica y social, acentuada por la pandemia, prioriza, entre otras cosas, reformas tributarias que favorecen a la «gente de bien» (grandes empresarios y bancos), la ampliación de la nómina estatal (reforma a la Procuraduría), la compra de aviones de guerra y armas no letales para la Policía y el Esmad, así como de un helicóptero para el primer mandatario y la celebración de contratos para mejorar la imagen de entidades del Estado.
Y luego el Gobierno se pregunta: ¿por qué la «gente de mal» protesta? En actitud abiertamente irracional recurre a la represión para acallar el grito de ese sector de la población que ya no tiene nada que perder y que reclama porque el Estado le garantice una vida digna. Según el Dane, el año pasado el 42,5 % de la población estuvo en condición de pobreza; más de 21 millones de personas.
Pero para el Gobierno todo se reduce a vandalismo y terrorismo urbano de baja intensidad, islas de anarquía, bloqueos que violan los derechos humanos, infiltraciones del ELN y disidencias de las FARC, injerencia internacional que financia la anarquía, o la acción de un candidato incitador que perdió las elecciones en 2018. Todo menos la responsabilidad propia por una nefasta administración y, para terminar de completar, con medidas abiertamente inconstitucionales, responde con la militarización de las ciudades y, violentando los derechos humanos, al contrario de lo que debería ser, usando el diálogo como último recurso y no como prioridad.
¿Les parece justo?
[1] Publicación de Noticias Canal RCN, 13 de julio de 2019.
