Columnista:
Germán Ayala Osorio
El reciente fallo de la CIDH que señala al Estado como responsable del genocidio político en contra de la UP consolida la idea de que efectivamente el orden establecido en Colombia y, que opera como un Estado nación moderno, es criminal y patibulario. Este tipo de fallos sancionatorios poco o nada preocupan a los ciudadanos de a pie en la medida en que la decisión del tribunal internacional poco afecta la cotidianidad de los colombianos.
Aunque las responsabilidades políticas y penales recaen en quienes orquestaron, facilitaron y ejecutaron las órdenes que provocaron el genocidio del partido político, este fallo en particular nos obliga a poner las luminarias en el conjunto de la sociedad colombiana y, en especial, en la derecha, espectro ideológico en donde se ancló la sistemática y prolongada persecución judicial, política y militar en contra de candidatos presidenciales, diputados, concejales, militantes, líderes, lideresas y simpatizantes de la UP.
El fallo de la CIDH debe servir para reconocer que en esa orilla ideológica militan políticos, agentes estatales y particulares que, con visos fascistas, impulsaron a específicos agentes estatales —en colaboración con particulares— a hacer la «limpieza política» que significó asesinar entre tres mil y seis mil militantes del partido Unión Patriótica.
En las condenables labores de «limpieza» confluyeron elementos étnicos, religiosos y aquellos que hacen parte del proyecto moderno que se encubó en Colombia, basado en la superioridad blanca y en la vergüenza que produce a cientos de miles de colombianos el hecho de venir de un proceso de mestizaje, que terminó en la fragmentación de la nación.
Más allá de lo ordenado por el tribunal internacional, el fallo debería de provocar reacciones en sectores de la sociedad, de la sociedad civil y, en particular, en universidades y colegios, pues lo que ocurrió con la UP nos debería de avergonzar como sociedad y como seres humanos. Quizás estemos ante la oportunidad histórica de mirarnos en el espejo frente al que la CIDH nos está conminando a que nos miremos: somos una sociedad de bárbaros, de protofascistas y de fascistas consumados, todos ocultos bajo la más grande mentira que como pueblo nos hemos creído: «Colombia es la democracia más antigua de América Latina».
El mandatario Gustavo Petro admitió recientemente que el Estado colombiano es criminal y patibulario. Pues bien, el fallo de la UP ameritaría una alocución presidencial en la que se reconozca la responsabilidad por los hechos materia de juzgamiento y, a partir de allí, llamar la atención de toda la sociedad para que la vergüenza oficial que genera la decisión judicial, se generalice de tal modo, que no haya colombiano que no sienta que también es responsable por los crímenes cometidos en contra de la Unión Patriótica, que también son crímenes contra la humanidad.
Incluso, esa pretendida y sugerida alocución podría servir a la construcción de esa «paz total», en la medida en que este fallo y, otros que le anteceden, nos exponen como sociedad y Estado ante el resto del mundo y nos hacen aparecer como un pueblo bárbaro y vil y, al Estado, como la consolidación de un orden criminal y salvaje.
La anhelada reconciliación a la que en varias ocasiones aludió el presidente Gustavo Petro empieza a tener sentido cuando todos y cada uno de nosotros, habiendo leído o no el texto resolutorio de la CIDH, sintamos una vergüenza colectiva por lo acontecido con la UP. No podemos seguir cargando el inri que, con cada resolución judicial, nos pone en lo más bajo de la escala moral.
