Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
Colombia es un país muy peculiar. Solo aquí el Gobierno mantiene en su cargo a un embajador en cuyo predio se encontraron tres laboratorios para la producción de cocaína, aunque él diga que no tenía conocimiento del hecho ilícito porque la finca se encontraba arrendada.
Acá se sostiene en su empleo a un general de la República, director general de la Policía Nacional, a quien la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario por cuatro cargos que comprenden tres faltas gravísimas y una grave, todas a título de dolo, relacionadas con actos de corrupción que se concretan en irregularidades en un proyecto de casas fiscales en San Luis, Tolima; con el trámite que se le dio a los procesos disciplinarios iniciados por esas irregularidades cuando fue inspector general de la institución; y por extralimitación de funciones y tráfico de influencias en el actual cargo, es decir, como director. Por estos hechos, el ente de control expidió copias para que las autoridades judiciales competentes iniciaran también las investigaciones penales correspondientes.
Algunos dirán que mientras los mencionados servidores públicos no sean declarados culpables penal o disciplinariamente, en procesos en los que se les garantice el debido proceso y el derecho de defensa, mediante decisiones debidamente ejecutoriadas, se les debe seguir considerando inocentes, en virtud del principio constitucional de presunción de inocencia.
¡Claro que sí!
Pero desde el punto de vista de los valores y la función pública, ¿es conveniente y adecuado que dos servidores públicos, cuyos comportamientos se encuentran cuestionados —no por cualquier insignificancia, se trata de asuntos con incidencia penal y disciplinaria— y de quienes se espera una conducta honesta, responsable y comprometida con el buen servicio público, permanezcan en su cargo?
Y es que en los casos mencionados se trata, nada más ni nada menos, que de dos altos funcionarios del Estado: el primero, representa al país ante otro Estado; y el segundo, tiene a su cargo ejecutar la política del Gobierno en relación con las funciones constitucionales y legales de la Policía Nacional. ¡Hágame el favor la pendejadita!
El presidente de la República debe entender que servidores públicos en tan altos cargos con esos cuestionamientos, no brindan ese grado de confianza especial y superior para el desempeño de sus funciones, ni gozan de legitimación social para seguir desempeñándolas, así no hayan sido declarados culpables disciplinaria o penalmente. No se ve bien que continúen ejerciendo la función pública en tan altas dignidades; y si no presentan su renuncia o solicitud de retiro, respectivamente, se debe considerar el uso de la facultad discrecional.
Aplicando la frase mítica de la antigua Roma a este asunto, no basta con ser honesto, probo u honrado, sino también parecerlo.
Pero obviamente no podemos esperar nada de esto del jefe del Ejecutivo Nacional, pues para no ir tan lejos resulta, por ejemplo, que José ‘Ñeñe’ Hernández solo fue un simpatizante desinteresado que jamás apoyó económicamente su campaña; un honorable ganadero, por eso lo transportaban en aeronaves del Ejército Nacional, muy a pesar de que las autoridades llevaban años investigando la organización criminal a la que se dice perteneció y que su nombre se relaciona o relacionaba en una investigación por homicidio desde 2015.
Al igual que sucedió con el viaje a Panaca del avión destinado a la familia presidencial, en el que daba lo mismo que se desplazara la primera dama y sus hijos sola o en compañía de sus invitados a una fiesta infantil, pues de todas maneras se iba a gastar la misma gasolina; me imagino que lo mismo pasó en el caso del ‘Ñeñe’ cuando viajó de Aguachica a Valledupar. La misma gasolina se hubiera gastado, con o sin él, ya que el comandante de la Quinta Brigada tenía que desplazarse al mismo sitio y a la misma reunión a la que asistiría el respetable empresario en la capital del Cesar.
Esa es la ética en nuestro país.
Adenda: como la investigación por corrupción electoral derivada de los hechos denunciados por Gonzalo Guillén en los que se relaciona al señor José ‘Ñeñe’ Hernández con la campaña del presidente Iván Duque, personaje puesto en evidencia por Julian F. Martínez hace un tiempo en su programa Revelados, muy seguramente no llegue a nada o solo resulten sacrificados, procesados y sentenciados los que menos, pero no los que son, debemos rodear a los periodistas libres e independientes y exigir que se les proteja su vida e integridad, ya que son la única garantía que tenemos de enterarnos de la verdad de lo que pasa en nuestro país.
Y no olviden que la pobreza y la falta de educación es la estrategia política que garantiza la compra de votos en Colombia, por lo que para los políticos afines al Establecimiento jamás será importante la disminución de la primera ni el acceso de todos a la segunda.
