Abordar como síntesis la tríada postconflicto-medios de comunicación- opinión pública, en el contexto presente e inmediato de los diálogos de paz que se adelantan en La Habana, nos permite señalar pistas de diverso carácter, las mismas que planteamos a continuación y que no necesariamente son un factor de optimismo para afrontar la compleja fase que se avecina, mucho más accidentada en dificultades respecto de esta primera etapa:
-La persistencia en la restricción de hecho del ejercicio periodístico, materializada en amenazas, exilios y asesinatos de reporteros en distintos lugares del país, sobre todo en las llamadas zonas de orden público, las mismas en las cuales prevalece una notoria indefensión de dichos corresponsales. No es difícil prever un recrudecimiento de tales ataques, por parte de sectores enemigos del proceso, con motivo de la llegada del postconflicto.
-Un deficiente nivel de formación académica y política en el común de los colegas que cubren el conflicto armado y que por ende carecen de los fundamentos conceptuales e interpretativos que demanda nuestra difícil realidad regional y nacional.
Un requerimiento urgente al respecto es adelantar maestrías y doctorados en disciplinas que ayuden a comprender los procesos correspondientes, en este caso el del postconflicto -ciencias económicas, ciencia política, derecho internacional humanitario, entre otras alternativas.
-La concentración sistemática de la propiedad sobre los principales medios de comunicación, los cuales son, a su turno, soporte económico y político de poderosos grupos nacionales e internacionales, no siempre movidos por el interés público; el ánimo exacerbado del beneficio material y grupal es su razón de ser. Podría decirse que, en unos casos, el compromiso con lo público marcha por un lado y el afán desmedido de lo particular va por otro.
A ciencia cierta, son excepcionales los casos de medios como aquellos que ejercen cierta autonomía relativa y, por ende, son capaces de salirse de ese control severo que ejerce la organización empresarial, sin descartar que esta pueda renunciar a él: citemos, por ejemplo, al diario liberal El Espectador, a pesar de ser propiedad de la organización Julio Mario Santo Domingo.
-Pero frente a ese panorama, aparece también la respuesta política y comunicacional; nos referimos a la urgencia de generar movimientos de opinión pública alternativos, a favor de los acuerdos y del postconflicto mismo, basándose para ello en las distintas organizaciones sociales, políticas y mediáticas, buscando tener una mayor incidencia temática y propositiva en el nuevo escenario que se constituya con el postconflicto. Esa es, por ejemplo, la convicción que asiste al antiguo jefe guerrillero del M19 -y hoy líder de la Alianza Verde-, Antonio Navarro Wolf, al recordar la experiencia triunfante de su movimiento durante la constituyente de 1990-1991.
-El período del postconflicto es, en última instancia, una buena oportunidad para pensar el país, sobre todo con el necesario espíritu de reconciliación; por ello, se crean condiciones favorables para pensar asuntos de interés común; es el caso, por ejemplo, del deporte, dada su gran capacidad de convocatoria y de contribuir a la inaplazable constitución de la Nación.
En otras palabras, estaríamos ante la feliz ocasión de interrogarnos por el deporte o los deportes nacionales en nuestro país: ¿Acaso el fútbol? ¿De pronto el ciclismo? ¿O más bien el patinaje? ¿O a lo mejor el bicicross? Pensamos que, de paso, sería producir el feliz acto de justicia con una práctica de dimensiones políticas, sociales y culturales
-Hablando de medios, advertimos sobre la importancia de las redes sociales, teniendo en cuenta su diversidad y eficacia. Las experiencias vividas en otros países dan cuenta de la validez de dichas redes sociales, sobre todo en momentos de crisis institucional, las cuales han contribuido a la caída de regímenes autoritarios o tradicionales, caso de “la primavera árabe”.
Al mismo tiempo, no debemos olvidar que durante la primera administración de Juan Manuel Santos, el entonces ministro, y hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras, luchó al máximo para que el Congreso restringiera la utilización de tales mecanismos, estimando que las posibilidades de internet debían ser limitadas en aras de garantizar la seguridad y los derechos de autor, sobre todo pensando en las empresas con mayor músculo financiero. La columnista de El Espectador, Carolina Botero, consignó, entre otros, los que deben ser derechos inalienables del internauta:
-Privilegiar las políticas nacionales e impedir la imposición de los intereses privados, a expensas del bienestar público o de los derechos humanos.
-Hacer hincapié en la participación activa en la vida cultural y científica, y no en la mera posibilidad de acceder a obras culturales y científicas.
-Impulsar la promoción de la participación pública en los procesos legislativos para armonizar el sistema con los derechos humanos.
-Los bloqueos de páginas web, la denegación del acceso a Internet, la imposición de cuantiosas indemnizaciones y las sanciones penales por infracciones no comerciales son medios agresivos para proteger la piratería digital, que generan restricciones incompatibles con otros derechos.
-La creatividad no es un privilegio de la élite o de artistas profesionales, sino un derecho universal. La legislación y políticas deben considerar a quienes tienen necesidades especiales o pueden quedar desatendidos por el mercado.
Imagen cortesía de: cundinamarca.gov.co
-Un factor asociado con el horizonte del postconflicto -aunque no lo señalamos en nuestra presentación- tiene que ver con la real actitud de muchos de los empresarios de los distintos sectores frente a la implementación de los eventuales acuerdos gobierno-FARC. Evidenciamos o intuimos una falta de voluntad social y política en muchos de ellos, dado el espíritu mezquino que los ha caracterizado, sobre todo en coyunturas en las que se requiere un gesto solidario para con las mayorías excluidas. Y si a ello le agregamos que el común de tales empresarios -tanto del campo como de la ciudad- se halla más afín a las posiciones conservadoras -cuando no de extrema derecha-, pues es mayor nuestra incertidumbre.
Pensamos que si luego de firmados los acuerdos de paz, somos capaces, como país, de abogar y propender por una cultura del conflicto, debemos de sentirnos satisfechos. Porque el paso siguiente será aquel que nos convoque a dialogar como ciudadanos civilizados y, por ende, a ventilar nuestras diferencias socioeconómicas y políticas sin estar bajo la sombra inminente de la violencia. Ese es el postconflicto que no solo urgimos sino que nos merecemos.
