¿Está el Ejército colombiano cometiendo nuevas ejecuciones extrajudiciales?

Autor: Ian Schnaida

«¡Triste época la nuestra! Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio»: Albert Einstein

Un joven indígena del resguardo Kiwe Nasa fue asesinado y otro resultó herido en lo que se ha denunciado por la comunidad de Jamundí, Valle del Cauca, como un intento del Ejército para mostrar dicho hecho como un baja en combate, pese a tratarse, presuntamente, de una ejecución extrajudicial. Ambos jóvenes hacían parte de la Guardia indígena, fortalecida en la región ante la presencia constante de robos de ganado y atraco de buses.

Según Diego Vega, el sobreviviente de los hechos, estaban de guardia en la madrugada cuando escucharon que les dijeron: ¡quietos, manos arriba! «De inmediato nos asustamos y mi compañero Ómar Guasaquillo (20 años) les gritó ‘no disparen, estamos desarmados, somos de la Guardia Indígena'». En seguida los militares, unidades del Batallón de Infantería Pichincha Número 8, adscrito a la Tercera Brigada del Ejército con sede en Cali, comenzaron a disparar y Ómar dijo, «nos van a matar» y fue ahí cuando Diego logró escaparse. 

En declaraciones del Ejército aseguran que la muerte del joven indígena se dio tras un combate; no obstante, según revelaron vecinos y líderes sociales que llegaron al sitio, el cadáver de Ómar apareció tirado a un lado de la vía principal, no donde narró el sobreviviente. ¿Cómo llegó entonces el cuerpo hasta allí si no hubo manipulación del cuerpo? 

Los habitantes de la zona cuentan que Ómar presentaba rastros de tierra y, su ropa, señales de arrastre. Para Lina Tabares, integrante de la organización de derechos humanos, Tesa Paz, la prueba más evidente para inferir que se trató de una ejecución extrajudicial y no un combate, “es que el cuerpo de Ómar presentaba varios impactos de bala, pero en la espalda”.

En el sitio el Ejército capturó una fotografía que sería su prueba máxima de defensa en la que aparecen: un uniforme camuflado, un radio teléfono y un changón; pero todo se encontraba impecable, casi que nuevo. ¿Normal? Desde luego que no. 

La situación fue tal que la comunidad generó un cordón humano para evitar que los militares tuvieran contacto con el cuerpo de Ómar, pues para ellos, claramente, la intención era hacer pasar al miembro de la Guardia Indígena como una persona alzada en armas, perteneciente a una de las distintas organizaciones ilegales que se disputan la zona. 

Es preocupante encontrarnos nuevamente en el contexto social, político y humano en el que la vida de los habitantes de las regiones está en riesgo, no solo por las estructuras criminales y al margen de la ley, sino también por los agentes del Estado que, se supone, están en los territorios para velar por la seguridad de todos los colombianos. 

¿Qué pasará por la mente del presidente Duque y del ministro Botero al ver que los mal llamados falsos positivos están de regreso? ¿Que hay que solucionarlo o que se cumplió el objetivo? Porque su ineficiencia en el asunto habla bastante fuerte. Es más, si les preocupara no tendrían al general Nicacio Martínez como comandante del Ejército Nacional de Colombia, pues sobre él, además de sus cuatro soles, pesan diversas investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales. 

Así pues, no se sabe si lo que le importa al Gobierno es defender la vida de todos los habitantes o cobra más peso el interés de mostrar, aparentemente, unos resultados que no trascienden del dolor que causan en las comunidades, porque las estructuras criminales se fortalecen con la alcahuetería de un Estado que persigue a sus comunidades con más contundencia que a sus delincuentes.