Escepticismo

Columnista:

Hernando Bonilla Gómez

De todo se ha escrito en los últimos meses sobre la pandemia de la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV2. Se dijo que la infección en un muy alto porcentaje de los casos solo provocaba síntomas leves (una simple gripe) por lo que se calificaron las medidas que limitaban las libertades —como la de circulación— de disparatadas, desproporcionadas, injustificadas y de corte autoritario.

Otros, como el presidente de Francia, señalaron que estábamos en una guerra, por lo que el objetivo no era otro que derrotar a ese enemigo invisible, el virus; de lo que podemos inferir que toda estrategia es validada y justificada (incluso la intervención en la autonomía individual) para cumplir con esa finalidad: detener la pandemia. Ello con fundamento en el principio de la prevalencia del interés general, colectivo o social, sobre el interés particular. Pero qué difícil que es a veces armonizar esa tensión de intereses.

También se hizo referencia, con ocasión de la enfermedad, a un hecho que considero indiscutible: la caída del sistema político-económico neoliberal.

Si bien se impone repensar el modelo que dejó en manos del sector privado y sus empresarios la prestación de servicios públicos esenciales como la salud, situación que aceleró y provocó la ineficacia del sistema y la insuficiencia en la atención a la población, no solo en el caso de la pandemia, sino siempre, pues el asunto se volvió un negocio; y orientar la política hacia la necesidad de una fuerte intervención del Estado en la economía con el fin de garantizar en mayor medida los derechos humanos, es un cambio que no veo pronto para Colombia. 

Muchos dicen que luego de la COVID-19 no seremos los mismos. Yo creo que tienen razón. Se sospechan cambios, pero no para mejorar. Es posible que del constante uso de la tecnología, el experimento del trabajo en casa, el teletrabajo, las reuniones y educación virtuales, etc., que no tienen nada de malo si se aprovechan de manera adecuada y en beneficio del ser humano, lo que nunca sucede en Colombia, puedan surgir nuevas razones para continuar con las políticas de precarización del empleo y de explotación del trabajador, que les permitan a los empresarios y dueños del poder justificar otras modalidades de trabajo, como la del contrato por horas que tanto les gusta a los que sabemos, y el aumento y generalización de los contratos de prestación de servicios, situaciones que llevarán a la clase media trabajadora a contratar varias veces, lo que se conoce como pluriempleo, en jornadas extenuantes y por encima de la legal para poder lograr un ingreso más o menos decente, que no afecte la estabilidad y el bienestar familiar, obviamente sin prestaciones sociales.

Y de la mano del miedo al contagio y, del confinamiento o aislamiento preventivo obligatorio, que puede ser justificado en un momento específico y excepcional, y que se aplicó en Colombia también porque de no contenerse la propagación (que ataca a todas las personas sin distinción) se podría enfermar la clase privilegiada que sí se puede quedar en casa, si se quiere un año viendo la nutrida programación de Netflix sin lesionar en manera alguna la economía familiar, podrán surgir, nada raro tiene, hasta que se encuentre la vacuna, ideas nuevas en las creativas cabecitas de nuestros dirigentes gubernamentales y líderes políticos tradicionales, para justificar otras disposiciones restrictivas de los derechos civiles, como podría ser, a manera de ejemplo, la de permitir la circulación con medidas de prevención especiales, pero prohibiendo el derecho de reunión y manifestación pública, con lo que se coartaría la protesta social que tanto molesta al Gobierno de turno.

En fin, muchas restricciones y limitaciones nos pueden imponer con el pretexto de la pandemia en detrimento de nuestros derechos individuales. Medidas como el uso de medios tecnológicos para limitar y restringir las libertades públicas, como las que se utilizaron en países asiáticos como China para prevenirla, que se afirma fueron idóneas y efectivas para esa finalidad, pueden ser un riesgo en manos de un Gobierno de talante autoritario como el colombiano y, en caso de llegarse a usar, deben ser objeto de un riguroso control por parte de las ramas legislativa y judicial en el marco de sus competencias constitucionales y legales.

Finalmente, no podemos olvidar que la COVID-19 nos mostró de manera cruda algo que nos persigue hace mucho tiempo y que la clase política tradicional en el poder no ha querido solucionar: la falta de atención y garantía de los derechos humanos, lo que implica que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo. No es extraño entonces que la gente prefiera el contagio al hambre y, por ello, no cumpla con el aislamiento preventivo obligatorio.

Mientras esa élite privilegiada siga gobernando el país en beneficio de sus propios intereses, la situación no cambiará por más epidemias o pandemias que padezcamos y se tomen medidas excepcionales para disminuir el impacto, pues estas tienen carácter transitorio y no solucionan el problema de base que es la desigualdad en Colombia.

Fotografía: cortesía de El Espectador.