Columnista:
Germán Ayala Osorio
La condena a 63 meses de cárcel para ‘Epa Colombia’ y una millonaria multa, proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, deja entrever una sobrevaloración de los hechos, soportada en una lectura ideologizada de los actos protagonizados por la ciudadana Daneidy Barreras Rojas, por cuanto los magistrados equipararon dichas acciones de vandalismo con actos de terrorismo. Hay que recordar que la ciudadana en mención produjo daños materiales a estaciones e instrumentos de operación de TransMilenio durante las protestas sociales acaecidas en 2019.
Por supuesto que Barrera Rojas debía ser sometida a la justicia, pero querer sentar un precedente a través de una condena tan ejemplarizante como desproporcionada, en lugar de legitimar a la justicia, permite que la decisión sea no solo rechazada socialmente, sino que se establezcan comparaciones entre actos de corrupción protagonizados por políticos, cuyas condenas bien podrían resultar irrisorias al momento de poner en la balanza hechos de corrupción y los protagonizados por ‘Epa Colombia’.
Los sonados casos de Alejandro Lyons, condenado a 63 meses de prisión, y del excongresista Eduardo Pulgar, a 58 meses, hacen pensar en que ser corrupto en Colombia no solo vale la pena; es decir, que sí paga robar, malversar fondos públicos y ofrecer coimas a los jueces para torcer decisiones, sino que socialmente es visto como un mal menor, si se compara con los actos vandálicos de los cuales en su momento se jactó Barreras Rojas de estarlos cometiendo. El factor diferenciador entre los tres casos está en la valoración exagerada que los magistrados hicieron de los hechos vandálicos, asociándolos con prácticas y acciones de terrorismo.
Lo que sucedió en el caso de la influencer ‘Epa Colombia’ se explica, penal y políticamente, en que los magistrados aceptaron, sin mayor discusión, la tesis de la Fiscalía que acusó a Barreras Rojas de adelantar actos terroristas y de alentar a sus seguidores a cometerlos. Sin duda, los jueces en este caso infantilizaron a quienes siguen por diversas razones a la ciudadana en mención, por cuanto creen que es posible que los cientos de miles de sus simpatizantes puedan asociarse para seguir el ejemplo de la condenada.
La tesis que finalmente aceptaron los togados tiene un origen político en la medida en que el Gobierno de Duque «graduó» a los jóvenes manifestantes como el nuevo enemigo interno. De esa forma, al estar la Fiscalía de Barbosa alineada con los intereses del Gobierno, los magistrados terminaron acomodándose ideológica y políticamente con la decisión de Iván Duque de darle un tratamiento militar a la protesta social y a las movilizaciones.
Estamos, pues, ante una condena exagerada, fruto de una sobrevaloración de unos hechos que debemos repudiar, igual a la decisión político-militar de un presidente que, siguiendo las órdenes de Álvaro Uribe, convirtió a los jóvenes que se movilizaron y protestaron en las marchas de 2019 y 2021, en un peligroso enemigo interno. Por ello, Barreras Rojas pasó, rápidamente, de ser una vándala, a una peligrosa e instigadora terrorista.
Al parecer el principio de oportunidad solo es válido para quienes pueden pagar costosos y hábiles abogados, expertos en dilatar y en proponer negociaciones con la Fiscalía. Al final, queda la sensación de que ser pillo paga, porque los ladrones de cuello blanco hacen parte del establecimiento y sus actos de corrupción no tienen la intención de deslegitimar al régimen de poder. Por el contrario, tanto los manifestantes como los actos vandálicos de ‘Epa Colombia’ constituyen afrentas inaceptables y peligrosas para un régimen de poder cuya legitimidad deviene naturalizada, al decir de sus principales voceros.
