Columnista:
Yovana Patino M.
El enemigo silencioso de los reclusos de la cárcel de Villavicencio
Durante más de 20 días los internos de la cárcel de Villavicencio solicitaron medidas urgentes en materia de salud mediante llamados a la opinión pública y protestas pacíficas, se habló con organismos de derechos humanos de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo para adoptar medidas urgentes dentro del centro penitenciario, ya que existe, según ellos, hacinamiento y pésimas condiciones de salud para varios internos. Los reclusos pidieron insistentemente que se les respete la vida y sus derechos, y que estos se tuvieran en cuenta, pues en ese momento existían, al parecer, más de 150 personas enfermas por la COVID-19, sin ningún tipo de atención médica y sin ningún tipo de atención a sus reclamaciones por parte del personal del INPEC.
Estos internos no habían sido atendidos, ni se les había practicado las debidas pruebas para ver si sus temores eran infundados o definitivamente era solo una suposición por parte de ellos; a raíz de esto se presentaron algunos hechos aislados de revuelta en el centro carcelario. El pasado lunes 13 de abril se repitió la situación, debido a que empeoró el mal estado de salud de varios de ellos. En vista de dichos sucesos, y gracias a las llamadas y comunicados de los diferentes sectores de la sociedad civil que solicitaron respetar los derechos de los reclusos, en medio de esta pandemia, el alcalde de Villavicencio Felipe Harman y el gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, así como el secretario de Salud de la ESE departamental, vieron la necesidad de una intervención dentro del mencionado centro carcelario, donde lamentablemente, hasta ese momento eran 12 casos de contagio por COVID-19.
Lo sorprendente de todo esto no solo es la poca falta de acción y las pocas medidas preventivas que se tomaron, sino la lentitud con la que se atendió esta crisis dentro de la cárcel de Villavicencio.
Otra de las aristas de esta crisis penitenciaria es que tampoco se ha pensado en la seguridad ni en la salud de los guardias del INPEC que trabajan en este centro penitenciario, por ello, el día 15 de abril, sobre las 2:30 p.m., los guardias del INPEC salieron del interior de la cárcel hasta la portería, donde leyeron un comunicado de prensa con el cual están exigiendo a las directivas Nacionales del INPEC que les den las garantías de seguridad en salud necesarias para proteger sus vidas, ya que no cuentan con tapabocas, porque estos se les acabaron y los que tienen les toca comprarlos a ellos de su propio bolsillo; así mismo, manifiestan que tampoco se les han practicado las pruebas a los guardias que trabajan en este lugar. También señalan que tampoco existe un médico para atender a los internos ni para brindarles medicamentos, solo cuentan con el apoyo de una enfermera jefe, y no hay dispositivos amplios ni protocolos en salud para las personas que están a cargo de los reclusos de este centro penitenciario.
Desafortunadamente, por no darle la celeridad requerida, las cifras de contagios y muertes van en aumento. Ya han fallecido a causa de la COVID-19 tres internos de dicho centro penitenciario, pese a los esfuerzos de los médicos y del personal de salud del Hospital Departamental de Villavicencio; el último recluso fallecido fue identificado como Hugo Humberto Hernández, un adulto mayor de 67 años de edad. Tras este suceso, para el 17 de abril eran ya 24 los casos identificados, correspondientes a: dos guardianes del INPEC, una persona del área administrativa y 21 reclusos.
Las organizaciones de salud del departamento están determinando a esta hora cómo llegó el virus a la cárcel. De otro lado, el alcalde Felipe Harman manifiesta que 50 prisioneros salieron hace más de 15 días de este centro carcelario y no se sabe dónde se encuentran para realizarles el debido protocolo de seguimiento y toma de muestras; para ello, la Alcaldía Municipal ha habilitado sus líneas de Call Center, para que quienes han tenido contacto con estas personas informen si tienen algún síntoma de manera oportuna, o si saben del paradero de ellos informen a la Secretaría de Salud para realizar el debido seguimiento y toma de muestras para verificar su estado de salud.
Los reclusos de la cárcel de Villavicencio y los guardias del INPEC están en medio de una cruda y penosa realidad, que deja hasta el momento, un total de 204 casos de contagio por COVID-19.
De otra parte, Daniel Palacios, viceministro del Interior, aseguró que “el Gobierno Nacional garantiza la financiación de la totalidad de las pruebas a practicar a los reclusos en la cárcel de Villavicencio”.
De acuerdo con Felipe Harman, alcalde de Villavicencio, “el Gobierno se ha comprometido a que sólo salgan quienes hayan tenido pruebas y hayan resultado negativas”. Ahora la otra preocupación de la ciudadanía es que estas personas guarden la cuarentena y no reincidan en sus actos delictivos y sean de nuevo detenidas por ello.
Es muy triste lo que se ve que viven los presos en la cárcel de Villavicencio, pero también hay que ver qué por parte de la sociedad hay resentimiento contra estos internos por los hechos delincuenciales que han efectuado, a qui hay es que ver cómo sin perder el rumbo de la justicia se les garantiza los derechos fundamentales