Autor:
William Roa Barraza
Luego del fallido golpe militar y civil a la administración de Alfonso López Pumarejo llegó a la Presidencia Mariano Ospina Pérez quien hizo una campaña de exterminio, satanización verbal a través de medios de comunicaciones y persecución mediante grupos paraestatales: Chulavitas, Pájaros y Contrachusmeros a sectores civiles que anhelaban cualquier reivindicación social.
Esta violencia fue propiciada por las élites políticas, terratenientes, empresas nacionales y extranjeras que se amalgamaron para hacer disposiciones que excluyeron de los hilos del poder gubernativo a las capas populares; limitaron el acceso a centros universitarios para que individuos no desarrollaran el pensamiento crítico, se opusieron a un reformismo agrario y restringieron la capacidad adquisitiva al ciudadano con el fin que el actor político en apariencia fuera la solución de sus necesidades básicas insatisfechas. Realidades que han tenido momentos de auge y apaciguamiento, pero jamás han abandonado esa ideología cercana al franquismo basada en la eliminación física de quien objete esa conducta y postulados.
Aspectos que derivaron en la llamada época de la Violencia, que se suscitó después del asesinato del disidente del liberalismo Jorge Eliecer Gaitán, los Movimientos de Autodefensa Campesinas, el Frente Nacional y surgimiento en la década del 60 de los grupos insurgentes rurales Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia, Ejército de Liberación Nacional y Ejército Popular de Colombia. Ya en el lapso del 70 apareció el grupo urbano rebelde Movimiento 19 de abril que asumió como bandera simbólica el fraude electoral de Misael Pastrana Borrero a la disidencia de tendencia variopinta que encabezó Gustavo Rojas Pinilla con su partido Alianza Nacional Popular.
Dentro de la doctrina mental y política estatal estuvo el Estatuto de Seguridad que puso en marcha Julio César Turbay y prosiguieron de manera no declarada los contiguos mandatarios; quienes bajo su permisividad surgieron nuevas asociaciones paraestatales financiadas por el narcotráfico, apoyadas por multinacionales y castrenses oficiales que asesinaron no solo a los antes citados, sino ahora también persiguieron y mataron a homosexuales, drogadictos, indigentes, sindicalistas no patronales, civiles que cometían delitos menores con el pretexto de una supuesta limpieza social y motivaron los homicidios de tres candidatos presidenciales y sus simpatizantes como fueron el comunista Álvaro Pardo Leal y su movimiento Unión Patriótica, el liberal Luis Carlos Galán e izquierdista Carlos Pizarro Leongómez.
En el mandato de Ernesto Samper Pizano se impulsaron las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural como mecanismo para regularizar el paramilitarismo imperante. En tal sentido, surgió con complicidad del régimen político la organización Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que de acuerdo con declaraciones de su excomandante Carlos Castaño Gil su accionar criminal “[…] es política de Estado, que no fue de manzanas podridas, sino que fue algo que se implementa desde los altos mandos”, en con contubernio con ganaderos, latifundistas, militares y personas que aplaudieron el actuar violento de este colectivo paraestatal.
Posteriormente, se impulsó la Seguridad Democrática que agregó a esa lista el exterminio de civiles no beligerantes de núcleos urbanos por el Ejército Nacional. A la par que paramilitares infiltraban las universidades con el fin de asesinar a quienes consideraban aliados de las guerrillas por exigir mayor inversión educativa y equidad social. Este cóctel tan pintoresco ha llevado a la sociedad radical derechista a rasgarse las vestiduras por las atrocidades, barbaries, violaciones, secuestros, salvajismo y vejámenes que cometen las disidencias de las FARC y continúan ejecutando la guerrilla del ELN. Justifican, interceden, legitiman o guardan un silencio cómplice con eso mismo delitos y crímenes que cometieron las AUC y que desarrollan las autoridades represivas estatales (Policía Nacional, Escuadrones Móviles Antidisturbios, Ejército Nacional).
Son proclives a defender torturas, raptos, violaciones, masacres y desapariciones forzosas si las cometen los agentes del Estado y sus colaboradores contradiciendo así el precepto bíblico no mataras con lo cual demuestran que no son hijos de Dios como profesan los domingos en misa. Tienden a vincularse a la administración pública a través del clientelismo, compadrazgo y amiguismos como si los cargos fueran hereditarios negando un principio básico de la democracia como es el mérito.
Responden con afirmaciones patrioteras que la justicia social es peligrosa porque alimenta la pereza y la vagancia. Reiteran la palabra cliché «Democracia», pero cometen delitos electorales como la compra de votos, los cuales irónicamente consiguen con el dinero de los contribuyentes. Son proclives a objetar las marchas sociales arguyendo que no son las mayorías los que salen a expresar su descontento como si ese tipo de manifestaciones fuera cuestiones electoreras, atropellando y cercenando de esta forma el legítimo derecho de protestar al ciudadano. Confunden por analfabetismo funcional marcha social (pacíficas), vandalismo (violentas) y terrorismo (violencia con jerarquía castrense); en el peor de los casos de manera deliberada.
Atañen los problemas de países vecinos para desviar la atención y hacen ecos en asuntos ideológicos como si estos determinaran la pobreza y las debacles institucionales, para no abordar temas fundamentales de la nación colombiana como son: desempleo, salud, reforma agraria, educación, pensiones, vivienda, ejecuciones extrajudiciales, precariedad salarial, corrupción estatal y privada. Se inclinan a desconocer que un pilar elemental democrático es el respeto a las minorías y no solo el de las mayorías, agitan las banderas del odio en sus discursos discriminatorios debido a que rotulan que los integrantes de las movilizaciones ciudadanas son subversivos lo que repercute en las relaciones sociales de esta sociedad con el propósito de mantener su statu quo.
En las elecciones presidenciales que se aproximan elegirá entre el continuismo autoritario y dictadura electoral o las políticas liberales que esbozó López Pumarejo y que fueron aplicadas de forma tardía; distorsionadas en las últimas ocho décadas y que deben ser replanteadas por los aspirantes a ocupar la Casa de Nariño para así enarbolar las premisas de la socialdemocracia.
Circunstancias que deben ser tenidas en cuenta por la ciudadanía a la hora de realizar un análisis que permita entender el recrudecimiento de las masacres, asesinatos selectivos de líderes comunales y defensores de derechos humanos, amenazas a docentes que, de acuerdo con el criterio del Centro Democrático y sus simpatizantes, los educadores de Ciencias Sociales y afines distorsionamos la historia. No menos importante, los representantes de los trabajadores están siendo intimidados, los vendedores ambulantes perseguidos, periodistas independientes e influenciadores de medios alternativos criminalizados y designados como terroristas.
Si realizamos un recorrido desde el decenio de los 40 hasta nuestros días, confirmaremos que quienes han dirigido a Colombia rechazan las ideas que no encajen con su cuadrícula mental y detestan los planteamientos progresistas liberales de bienestar que lleven a la sociedad a incorporarse al «capitalismo productivo racional bajo el amparo de una función social integral» como lo consolidaron países europeos después de la Segunda Guerra Mundial.
Fuentes:
Antonio Caballero. (2020). Historia de Colombia y sus oligarquías. Editorial Crítica. Bogotá.
Edgar de Jesús Velázquez Rivera. (2007). La historia del paramilitarismo en Colombia. Revista de Historia. 26 (1). 134-153.
Fernando Silva Triste. (2005). Breve historia de la socialdemocracia. Grupo Editorial Miguel Ángel Purrúa. México.
Gina Paola Rodríguez. (2003). Chulavitas, pájaros y contrachusmeros. La violencia para-policial como dispositivo antipopular en la Colombia de los 50. Ponencia presentada en el XIV Jornadas/Interescuelas. Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo.
José Ángel Hernández García. (2006). La guerra civil española y Colombia. Influencia del principal conflicto entreguerras en Colombia. Editorial Carrera 7ª/Universidad de la Sabana. Bogotá.
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Salvatore Mancuso. (2020). Las Autodefensas fueron una política de Estado. https://www.youtube.com/watch?v=JwJVfeC5VHw
