Las últimas semanas se ha suscitado nuevamente el debate de la Educación en Colombia, debido al recorte del presupuesto para las universidades, los estudiantes de las Universidades del país salieron a marchar el pasado 4 de Octubre, exigiendo al gobierno frenar el recorte presupuestal.
Lo anterior es un síntoma de la desfinanciación a la que se ha sometido a las universidades públicas, generada principalmente por la mercantilización de los derechos fundamentales de los colombianos; entre ellos el acceso a la educación pública y de calidad.
Los estudiantes del país han estado a la altura de las circunstancias, al momento de defender su derecho a la educación, han salido a las calles y han logrado frenar el desproporcionado accionar del Gobierno Nacional, recordemos el Movimiento Estudiantil (MANE) que en 2011 logró frenar la reforma a la Ley 30.
Pero el debate de la Educación en Colombia debe ir más allá de la exigencia de más presupuesto para la educación o la incansable lucha por la gratuidad en la educación, que sin duda sería una victoria inconmensurable del Movimiento Estudiantil y los sectores sociales para los pobres y vulnerables del país. Caminando las calles de ciudades como Santa Marta, Cartagena o Valledupar, se vislumbra un problema estructural del cual no es posible hablar sin ponerse el rotulo “castrochavista” que se han inventado para desincentivar la verdadera tarea que como sociedad nos apremia: la desigualdad.
Colombia está compuesta por una sociedad estratificada y segregada, el crecimiento económico acelerado de algunas ciudades hace corto circuito con el desarrollo y la movilidad social. En la medida en que la industria por ejemplo, crece, con igual o mayor proporción crece la segregación espacial de las ciudades en el país. Lo anterior es más preocupante si nos vamos a lo rural, a donde no llega la institucionalidad a suplir las condiciones mínimas de bienestar como educación, salud y servicios básicos, y cuando llega, lo hace a través de la fuerza pública para reprimir con la fuerza el derecho de éstas comunidades a exigir mínimas garantías de vida.
Así, la imperiosa lucha por la educación en Colombia debe contemplar la composición o estructura social del país y la barrera que ésta les pone a jóvenes que por nacimiento tienen posibilidades remotas de movilidad o ascenso social.
Pues no por acceder a la educación un joven pobre tiene posibilidades de mejorar las condiciones de su familia, en una sociedad desigual, donde los jóvenes heredan la pobreza y además de los estigmas sociales y culturales y donde la meritocracia es la excepción a la regla.
Fong y Shibuya (2000) mencionan como causas de la separación de las poblaciones pobres la segregación económica, la segregación racial y étnica y el desarrollo desigual, y recordemos que Colombia la mayoría de la población es pobre y vulnerable y la acumulación de capital es inminente en todo el territorio Nacional. En informe de la CEPAL se advierte que el país es, dentro de la región, el que concentró una mayor parte del ingreso en el 1 por ciento más rico de la población, entre 1993 y el 2014.
Las externalidades positivas y negativas a las que se enfrentará un joven dependen en gran medida del nivel educativo de sus padres, de su entorno, condición y clase social. Así, por ejemplo la excepción a la regla es un niño/a o joven que luego de superar la barrera de acceso a la educación, obtenga una educación básica y media de calidad que le permita tener condiciones para obtener un cupo en la Educación Superior, mantenerse a pesar de su condición socio-económica, graduarse y luego luchar en un mercado laboral que no ofrece las posibilidades de movilidad social.
En Colombia no solo se heredan los apellidos, se heredan las oportunidades. Cuando la educación y los ingresos dependen principalmente de características heredadas, la inequidad se perpetúa y la política social tiene menor espacio para corregirla.
En un estudio realizado éste año por la Corporación Gestión Urbana para el Desarrollo “UrbanPro”, se midió la distribución de los ingresos de los hijos de acuerdo al nivel de riqueza de los padres, demuestra que en el “quintil 1” (Población más pobre) un joven con un pregrado universitario gana en promedio 1.000.000 a 1.200.000 pesos, mientras en el “quintil 5” (Población con más riqueza) un joven con pregrado universitario gana en promedio 4.500.000 pesos.
Si bien es cierto que el sistema educativo debe ser una prioridad de política, progresos en cobertura y calidad de la educación, deben acompañarse de otros programas de protección social que contribuyan a mejorar la composición de la unidad familiar, la independencia económica de los hogares, los ingresos alternativos al laboral y a disminuir su vulnerabilidad, (Cepal, 2007).
Como lo vemos, Colombia es un país desigual donde, si bien la educación debe ser un derecho fundamental y la sociedad en general debe seguir exigiendo oportunidades de acceso, gratuidad y calidad, las condiciones socio-económicas heredadas por generaciones no permitirán que avancemos a ser un país más equitativo, mientras un niño de un barrio de la periferia o en la ruralidad no sólo no tenga acceso a la educación sino que además esté condenado y amarrado a un entorno de precariedad y pobreza, la lucha por la educación será inútil en la lucha por una sociedad más justa y equitativa.
