Columnista:
Simón Rubiños Cea
El Putumayo es un territorio en disputa. 7 de sus 13 municipios fueron señalados en 2015 de riesgo extremo en el postconflicto, y de acuerdo al Registro Único de Víctimas, más de la mitad de sus habitantes actuales ha sido víctima del conflicto. Siete años después, las disidencias de las FARC y grupos paramilitares se enfrentan por el control territorial y las rutas del narcotráfico.
Entre sus municipios, Puerto Leguízamo, ubicado a casi 540km al sur de Bogotá y al que no se puede acceder directamente por tierra, hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), dispositivos pactados en el Acuerdo de Paz como una oportunidad para descentralizar la planificación y fortalecer la institucionalidad a nivel local. Allí, prácticamente todos los indicadores son peores que el promedio nacional. Analfabetismo, malaria, necesidades básicas insatisfechas, cobertura de servicios básicos, entre otros, evidencian que el municipio todavía vive sus cien años de soledad.
En una de sus veredas, once personas fueron asesinadas por el ejército colombiano. La versión oficial, once disidentes de las FARC; la de los habitantes, al menos seis eran civiles, una de ellas embarazada. Dos semanas después, el general Zapateiro, con el talante que le otorga su cargo y sin tener que engrosar su voz, declara que no es la primera vez que cae una mujer embarazada o menores de edad.
Y si ello por sí solo no fuese ya una realidad lo suficientemente triste, distintos testimonios señalan la manipulación de los cuerpos por parte de militares, montándoles armas y ropa camuflada para pasarlos por combatientes, como le sucediera a Luis Fernando Lalinde en 1984, a Fair Leonardo Bernal en 2008, y a miles de otros durante tantos años de dolor y desconsuelo.
Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, sonríe tranquilo, sabiendo que la moción de censura presentada por la oposición naufragó, tal como hizo la de 2021 por la violencia policial en el paro de ese año. El presidente saliente saluda y felicita la operación, dando testimonios falsos de la implementación del Acuerdo ante las Naciones Unidas, culpando a otros de la laceración de un pueblo inerme, usando sus propias palabras.
Basta.
Colombia no tiene por qué seguir viviendo en una gota de sangre, ni la ruralidad debe escoger entre tener las manos curtidas con químicos o manchadas con sangre. Por el contrario, la gente debe tener la posibilidad de dedicar su vida libremente al proyecto que quiera, sabiendo que jamás tendrá que arrancar de un momento a otro sin poder apagar la olla donde calentaba el sancocho.
La política de la muerte debe erradicarse para dar paso a un país que le apueste a la vida.
Y no han sido pocos los impulsos para lograrlo. La Revolución en Marcha, Gaitán, la Constitución del 91, el Acuerdo de Paz firmado en La Habana y las sucesivas movilizaciones desde entonces, son algunos ejemplos de la voluntad de cambio que, lamentablemente, ha sido aplacada por una élite político-económica indolente que jamás ha fluido con los tiempos.
En cambio, en cada elección la tónica ha sido reticencia y la demonización de las alternativas políticas con el fin de mantener el monopolio del poder. Si en la presidencial de 2018 fuera el castrochavismo, hoy es la expropiación de taxis, pensiones y fincas. Si antes era votar por el que dijo tal, hoy es la presentación del continuismo como si fuese alternativa política, a pesar de tener el apoyo del partido de gobierno y de tener tras de sí a los mismos de siempre, a los clanes, a los herederos y familiares, a los Odebrecht, a los de los carteles y a varios vinculados con parapolíticos. Incluso tiene detrás suyo al presidente saliente y al imputado que lo ungiera como su candidato, pero no oficialmente porque si no se arruinaría la ilusión de alternancia.
Al candidato continuista lo venden como alternativa a pesar de haber sido embajador de la política de seguridad democrática antes de ser Alcalde y de haber tenido en su despacho al principal colaborador de la oficina de Envigado:
- Lo venden como el paladín del sentido común, a pesar de tener todos los factores para ser la segunda parte del gobierno responsable de transformar los desafíos de la implementación del Acuerdo en dificultades por culpa de la Paz con Legalidad;
- Lo venden como renovación cool, a pesar de rodearse de los mismos que hacen parte del gobierno responsable de la propagación del hambre en el país;
- Lo posan como si fuese la solución de los problemas de Colombia, cuando en rigor es parte de estos y además encarna todo aquello que la gente quiere dejar en el pasado.
¿Por qué la élite político-económica le tendrá tanto miedo a la alternancia política?
A pesar de todo, los resultados electorales del 13 de marzo reflotan la histórica voluntad de cambio. Los partidos del gobierno saliente fueron fuertemente castigados, disminuyendo sus escaños y el total de reelectos en comparación con la elección anterior.
Por esto mismo, municipios como Puerto Leguizamo y cientos de otros deben ser conscientes de su historia y sufrimiento, así como de quienes son los responsables de dicha condición. Todas las personas que habitan los rincones profundos del país tienen en su mano la oportunidad de cambiar las formas de conducir el país para sí mejorar sus condiciones materiales. Este 29 de mayo, los municipios azotados por la ingratitud y el abandono son los enclaves que pueden volcar sus esperanzas en las urnas para construir una nueva Colombia.
