Columnista:
Germán Ayala Osorio
La ya histórica y naturalizada debilidad del Estado para copar el territorio nacional obedece a una estrategia muy bien pensada por agentes ilegales y legales que, con poder económico y político, están interesados en imponer un modelo de desarrollo económico basado en el narcotráfico, la potrerización de las selvas y en actividades agro extractivas.
Lo sucedido en Arauca y en otras regiones de los anteriormente llamados territorios nacionales es la constatación de que dicha estrategia les funciona a quienes de tiempo atrás vienen borrando los límites entre lo legal y lo ilegal. Aunque la versión oficial señala que la veintena de muertos y los cientos de desplazados obedecen a enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las desaparecidas Farc-Ep, no se puede descartar que detrás de los asesinatos estén terratenientes, ganaderos y narcotraficantes, interesados en garantizar el desplazamiento de comunidades, con fines de apropiación de sus tierras.
Así entonces, la no presencia del Estado o su debilidad institucional hace parte de un plan muy bien establecido por agentes legales e ilegales que, con el beneplácito del Gobierno central, van ajustando las correlaciones de fuerza, usando a las guerrillas y a los paramilitares o beneficiándose de las actividades que dichas estructuras armadas desarrollan no solo en Arauca, sino en todo el sur del país, convertido hoy en el foco de interés de poderosos colonizadores interesados en imponer bien sea el modelo de la gran plantación para la siembra de palma africana y caña de azúcar, tumbar las selvas para sembrar matas de coca y potrerizar. El objetivo de unos y otros es especular con el valor de la tierra, desplazar comunidades y despojarlas de sus tierras, bien a través de acciones violentas patrocinadas de manera directa o indirecta.
La tardía respuesta del subpresidente Duque, el envío de tropa y la poca preocupación por lo que allá sucede son claros síntomas de que los ajustes para institucionales en Arauca están funcionando, de acuerdo con las tensiones y las circunstancias en las que opera el régimen criminal (legal e ilegal) que se impuso en esta parte de Colombia.
Por supuesto que existe una fuerte conexión con la decisión tomada por las fuerzas del uribismo de hacer trizas los acuerdos de paz. Ello explica los vacíos de poder que dejó la salida de las entonces Farc-Ep y la negativa del gobierno de central de copar esos territorios en los que esa guerrilla fungió, durante mucho tiempo, como la autoridad legítima, pero ilegal.
De cara a las elecciones de 2022, el uribismo hará todo lo que esté a su alcance para generar zozobra en esos territorios y facilitar así a sus precandidatos presidenciales, para que hablen de seguridad y despotriquen del proceso de paz. Tratarán, igualmente, en generar hechos de violencia para imponer el miedo en los habitantes de ciudades capitales e intermedias.
Si algo caracteriza a Uribe y al llamado uribismo, es la captura del Estado, la privatización de su poder coercitivo y represivo y la consecuente generación de una institucionalidad estatal que solo le sirve al cerrado círculo de poder que los acompañe políticamente, sin importar si sus agentes operan dentro o por fuera de la ley. En Arauca, como en otras regiones del país, el Estado constitucional y democrático de derecho, simplemente, estorba.
Adenda: vergonzoso que se pierdan 22 fusiles del comando de la Policía de Sucre, pero más lo es que ese hecho no cobre la salida de generales, coroneles y de los oficiales y suboficiales responsables directos de la custodia del armamento.
