Autor:
Christian Guzmán-Rojas
Haciendo un salto de tiempo, en la actualidad, esta situación se sigue presentando sin ser muy evidente, puesto que los países dueños de las empresas multinacionales y trasnacionales no poseen suelos muy ricos en materias como petróleo, oro, esmeraldas, níquel, etc., y deben invadir a otros en búsqueda de estos a través de convenios o tratados de libre comercio (TLC) cesionistas para, posteriormente, con estudios dañinos como el método sísmico, que se realiza con el fin de establecer si hay o no recursos, llevar a cabo la explotación, destruyendo las tierras que antes pertenecieron a campesinos colombianos.
Si bien el subsuelo y los materiales que hay en este son propiedad del Estado (artículo 332 de la Constitución Política), la vida y las comunidades que se desarrollan sobre él no lo son, por ende, el Estado debe poner a consideración del pueblo la decisión en un cabildo abierto y no en una audiencia «pública», donde es probable que la mayoría de personas que se encuentran ahí estén coartadas por un refrigerio o un contrato. Un ejemplo de ello es la audiencia «pública» que se estaba llevando a cabo en el municipio de Falan, Tolima, donde personas de territorios aledaños llegaron a interrumpirla, puesto que, al darse como realizada, la multinacional Miranda Gold iniciaría procesos de búsqueda de oro, destruyendo el ecosistema del norte del departamento y el oriente de Caldas.
El Estado colombiano carece de soberanía de recursos minerales. Hasta el año 2021 existían 9602 títulos mineros, lo que se traduce en 5 186 076 hectáreas. A partir de esas cifras, se puede inferir que la mayoría de estos recursos salen del país, dejando suelos infértiles y cuerpos de agua envenenados, además de mínimas regalías. Si bien los acuerdos de comercio internacional son necesarios, de cierto modo, para el desarrollo interno de los países, el problema es la forma en que se ejecutan, pues no hay una entidad que realmente haga una labor de veeduría eficiente a fin de evitar irregularidades o malversaciones de dineros públicos. Es preciso señalar que la mayoría de ganancias de esos acuerdos no se quedan en el país y que las pocas que lo hacen no representan una ganancia para el territorio intervenido, sino que esta se reparte a todo el país.
Es por esta razón que las personas tienden a estar en contra de estos proyectos, como fue el caso de la comunidad cajamarcuna, que se opuso en el año 2017 al proyecto de minería a cielo abierto de la minera Anglo Gold Ashanti por medio de una consulta popular, en la cual ganó el no y cuyo resultado fue celebrado por sus habitantes. ¿Por qué? Cajamarca, en Tolima, es considerada una dispensa agrícola. Así las cosas, ¿cómo se cultivarían los alimentos si el agua tiene mercurio y las tierras son infértiles? Las empresas mineras y petroleras no solo se «visten» de saqueadoras de recursos y de contratos dudosos, sino que también son destructoras del suelo y de los territorios campesinos.
De igual forma, la minería, legal o no, trae consigo violencia por parte de grupos paramilitares, que suelen estar de acuerdo con todo este tipo de extracciones. Un ejemplo de esta práctica es el caso de los Consejos Comunitarios de ACADESAN, COCOMINSA y el resguardo indígena Unión Wounaan en Istmina, Chocó, lugares en los que las comunidades están bajo constantes amenazas de estos grupos, que buscan intimidarlas para coaccionar su trabajo de defensa del territorio y así extraer el oro del municipio, que, aunque es rico en este mineral, es pobre en desarrollo.
Como se pudo observar, existe un problema estructural, de legitimidad y soberanía de los recursos y sus modos de extracción, el cual tiene «tentáculos» en diversas áreas de la sociedad y cuyo mayor y principal afectado es el pueblo colombiano por cuenta de las prácticas irregulares de las empresas mineras, el Gobierno y la oligarquía colombiana.
Fuentes:
- Agencia Nacional de Minerías. (s.f.). Obtenido de https://www.anm.gov.co/?q=Asi-es-nuestra-Colombia-minera
- Defensoría del Pueblo. (2021). Alerta temprana de inminencia. Obtenido de https://cutt.ly/SRIHQzy
- Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-. (2021). Los focos del conflicto en Colombia: informe sobre presencia de grupos armados. Obtenido de https://cutt.ly/WRIF6EQ
- Redacción Ojo Público. (25 de agosto de 2020). El acta no concertada de la minera en Falan. Ojo Público. Obtenido de https://cutt.ly/iOl9f2D
