Columnista:
Germán Ayala Osorio
De nuevo la propuesta y, su consecuente polémica, de permitir a los militares que deliberen y expresen sus preferencias políticas a través del voto. La iniciativa viene, esta vez, del partido de Gobierno, el Centro Democrático, el mismo que de tiempo atrás promueve no solo la protección y exaltamiento a las labores castrenses, sino un proceso político y social con el que se pretende proscribir de la historia y de la memoria colectiva, las narrativas que dan cuenta de los delitos de lesa humanidad cometidos por generales, coroneles, sargentos, cabos y soldados; entre esos delitos, se cuentan los «falsos positivos».
El voto de los militares en sí mismo no debe ser visto como un problema para la democracia. El asunto de fondo está en dos perspectivas: la primera hace referencia a la calidad de la democracia colombiana y, la segunda, a las actuaciones de los militares en el marco de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) y las relaciones establecidas y consolidadas entre el uribismo, ACORE, la actual cúpula militar y el Gobierno de Duque (2018-2022).
De la primera hay que señalar que la democracia colombiana exhibe graves problemas en su concepción y operación. Se trata de una democracia restringida, procedimental y sometida a sus instituciones, al talante violento y excluyente de las élites de Estado que terminan manejando sus hilos institucionales a través de la captura mafiosa de entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil. El dicho popular que dice que “a partir de las 4 vota la Registraduría”, constituye un síntoma y, en varios casos, una incontrastable “verdad electoral y política” que no es posible negar.
La democracia colombiana es, entonces, el fiel reflejo de las maneras como el Estado viene operando: esto es, capturada por un ethos mafioso que se evidencia a través de la compra de votos, el constreñimiento al elector, la trashumancia y las presiones que se hacen desde los directorios políticos de los partidos y, las que promueven jefes o caciques políticos a sus “recomendados”, para que voten en uno u otro sentido; a lo que se suman, las perversas relaciones que de tiempo atrás han establecido los caciques políticos con las JAC y las JAL y con particulares líderes comunales.
Así entonces, el voto de los militares muy seguramente entraría a jugar en esas mismas condiciones y en las propias que pueda generar esa nueva realidad castrense. Imagino las presiones que ejercerán los oficiales a sus subalternos para que voten por el candidato que bien defina la cúpula militar, o el que definan varias unidades militares (brigadas y batallones). Sin duda, autorizar a los militares a votar, lo único que logrará es extender al escenario castrense las nocivas prácticas electorales y políticas del mundo de los civiles. La obediencia debida y el espíritu de cuerpo entrarían a operar en las deliberaciones de los militares, asunto que es riesgoso para la disciplina interna de las unidades.
En cuanto a la segunda perspectiva, no podemos olvidar las prácticas de cooptación ideológica y política que, impulsó en su momento, el presidente Uribe Vélez en las guarniciones. Los procesos de heroización que Uribe y los medios de comunicación echaron a andar, terminaron en la promoción de prácticas criminales como los «falsos positivos», en cambios misionales y en la erosión del honor militar. Así mismo, Uribe Vélez logró un manejo del mundo castrense desde su lógica como finquero y latifundista. Esto es, debilitó la institucionalidad a través de un tipo de relacionamiento alejado de protocolos, procedimientos y normas. Al final, logró imponer su carácter autárquico y el consecuente manejo discrecional de las operaciones, terminó en la desviación de la misión de los uniformados.
A lo anterior se suma que aún hay un enemigo interno operando: el ELN. Y, lo que es peor, la doctrina del enemigo interno sigue siendo aplicada a todo lo que huela a izquierda, sindicalismo y a todos aquellos que exhiban posturas liberales contrarias al pensamiento conservador que orienta la vida institucional de las Fuerzas Militares.
Permitir que los militares voten no solo es un riesgo para la institucionalidad castrense, sino un peligro para la ya débil democracia colombiana. Quizás cuando proscribamos el ethos mafioso de nuestras vidas, estaremos listos como Estado y, como sociedad, para ver en las urnas a los militares, en calidad de votantes. Antes, no. Es un peligro para todos.
Fotografía: cortesía del Ejército.
