Columnista:
Farid Castilla Hernández
En la noche del jueves 30 de enero del año que nos preside se produjo, en la ciudad fría y peligrosa de Bogotá, un acontecimiento que es digno de un relato de los cuentos literarios sobre homicidios. Una persona dio de baja a otras tres ejerciendo, presuntamente, su derecho a la defensa propia con un arma de fuego. Es menester alegar la atribución “presuntamente” porque aún no se han esclarecido los hechos que verdaderamente dieron origen a tan funesto suceso.
Horas más tardes en las redes sociales, en las calles, en los bares, en los cafés y en las facultades de derecho de todo el país, se iniciaba un debate argumentativo que versaba sobre, si el comportamiento de aquella persona era reprochable o no. En dichas redes se empezó a discutir a cerca del derecho de portar un arma para defenderse de los agresores, del mismo modo como lo hizo esta persona, quien se entregó a la Fiscalía momentos después y evidenció que tenía pleno derecho de llevarla, como alude nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, el debate creado se dirigió hacia la creación de nuevas normas para facilitar aún más el porte legal de armas, así como está constituido en Estados Unidos.
Pero para el autor de esta columna el debate no solo debe de tener como tema general, si es bueno o no, portar un arma legalmente para “defenderte”. El tema tiene que centrarse en el problema que hay en nuestra sociedad referente al desconocimiento del término de la JUSTICIA, porque para hablar de esos asuntos, tenemos antes que establecer un significado objetivo sobre dicha palabra, pues en nuestro país por muchos siglos, se ha tenido a la justicia como un término ambiguo, ya que para algunas personas esta debería ser ejercida con nuestras propias manos y, para otras, como nos enseñan en la facultad de derecho, sería el poder que tiene el Estado para coaccionar a una persona que sea considerada como perturbadora del orden público.
Para darle a la palabra justicia un entendimiento objetivo de lo que trata, es necesario hacer énfasis en algunas teorías de la creación del Estado, pero por motivos de brevedad, el autor ha elegido una teoría, la cual es la más clásica de nuestros tiempos, y es la teoría de Thomas Hobbes. Para él, el hombre es un peligro para el hombre mismo. Antes de la creación del Estado vivíamos en un entorno de caos, donde prevalecía la ley del más fuerte, donde había ausencia de paz, donde el que tenía la mayor capacidad para hacer que los demás respetaran sus derechos eran los que triunfaban, por eso, propuso que la mejor opción era crear un contrato social en el cual los ciudadanos le dieran poder total a un ente superior (Estado – Leviatán), para que este hiciera todo lo posible por salvaguardar los derechos de aquellas personas, y así fue como se creó una teoría del surgimiento del Estado, por consiguiente, este Estado debería de realizar todas las acciones que tuviera en su mano para respetar aquellos derechos y generar paz entre los gobernados.
Como también lo había planteado antes Nicolás Maquiavelo en su obra El príncipe, el ente que gobierna se rige bajo una premisa “el fin justifica los medios” que se refiere a que el que gobierna puede hacer todo lo que le venga en gana para mantener la paz.
Esta teoría se quedó un poco corta por el tema de la responsabilidad estatal y, a lo largo del tiempo, aparecieron pensadores defensores de las libertades como John Locke, que cuestionaron la responsabilidad del Estado al momento de ejercer su poder, por esto, posteriormente se creó el término de Estado Social de Derecho, en donde se veía una clara diferencia con el Estado de Derecho, en el aspecto de la intromisión del Estado en las vidas de las personas para proteger sus derechos de una forma más férrea.
Entonces debido a esto, la palabra justicia pasó de ser “darle a cada quien lo que merece”, “darle a cada quien lo que le corresponde” a tener un contexto público, para volverse una potestad que tiene el Estado para castigar a una persona que haya alterado el orden público, eso es lo que conocemos en nuestro Estado Social de Derecho como justicia, aquella coerción que realiza el Estado basándose en el principio de legalidad para suprimir comportamientos contrarios a mantener la paz en los ciudadanos, con el pilar, que solo él tiene tal potestad y que jamás se podrá dejar en manos de particulares.
Pero, consiguiente a eso, aparecen excepciones como la legítima defensa, la cual cuenta con un eje central, y es que para ejercerla tiene que usarse de manera proporcional, siendo esto contrario a la esencia humana, porque es difícil que las personas en momentos de angustia, de extrema necesidad y alteración, razonemos de tal forma, cuando la verdad, la mayoría de esas reacciones son reflejos sensoriales de nuestro cuerpo, que se traducen a proteger, cueste lo que cueste, nuestra propia vida.
Es por lo anterior mencionado que, antes de entablar estos temas como debate, la palabra justicia debería quedar objetivamente definida en un país donde la educación es precaria, el Estado tiene que tomar tal responsabilidad para lograr que todos los ciudadanos entiendan nuestro concepto actual de justicia, porque es solo el Estado, quien debe de castigar. Pero esto no quiere decir que deba ser suprimido el derecho a la defensa propia, todo lo contrario, si se entiende el término en cuestión creo que no quedará duda de que hay momentos que necesitan acciones inmediatas para proteger nuestra vida, sin embargo, estas acciones deben ser reglamentadas, como ya lo están en nuestro ordenamiento.
Podemos fácilmente culpar a los ciudadanos que nos agreden a diario, pero la verdadera responsabilidad es del Estado; primero, por un mal servicio de educación, en donde no se interviene en la vida académica ni social del ciudadano como debería hacerse; segundo, porque las oportunidades laborales son muy precarias; y tercero, tenemos ante nosotros un funesto servicio de la justicia, en donde el castigo que se le impone a una persona no lo cura del problema que este tenga, en contraparte, lo hace peor ciudadano de lo que ya es y, al lanzarlo de nuevo a la calle, querrá delinquir más.
Son estas tres razones que nos han llevado a debatir si necesitamos armas o no para nosotros los civiles, y se torna desolador plantear estos debates en un territorio donde nos inflamos el pecho diciendo que somos un Estado Social de Derecho, pero, al parecer, nuestros gobernantes no han entendido esta nueva teoría del Estado.
