Columnista: Hernando Bonilla
Después de la declaración de Aída Merlano desde Venezuela, en la que narra una serie de hechos graves en los que se vincula a dos de las casas políticas más influyentes de la Costa Atlántica, a dos expresidentes, un exfiscal general de la Nación y al presidente en ejercicio con actos de corrupción, comisión de delitos, etc., el Gobierno Nacional, a través de la ministra de Justicia, salió con un comunicado que, o sobrepasa la ingenuidad o se dirige a una población que el Establecimiento cree padece síndrome de estupidez.
En efecto la ministra nos indica, refiriéndose a las declaraciones de la prófuga, que estas “carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro que buscan atacar la honra del Presidente de la República, e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas.”
Luego termina diciendo: “El régimen dictatorial de Nicolás Maduro en lugar de estar produciendo este show mediático debe entregar inmediatamente a la señora Aída Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia.”
Se equivoca la ministra y, a través de ella, el Gobierno de Iván Duque. Ante la gravedad de los hechos denunciados, la mejor forma de defender la honra del presidente y demostrar la transparencia de las instituciones colombianas es solicitando el inicio de las correspondientes investigaciones a las autoridades competentes, con el fin de establecer si la señora Merlano dice o no la verdad, o si se trata de un montaje, como se insinúa en el comunicado.
Recuérdese que el mismo día de su fuga tenía programada una diligencia dentro del trámite de solicitud de colaboración con la Fiscalía y siempre se ha dicho que detrás de todo este asunto de corrupción electoral están grandes políticos de la Región Caribe. Extrañamente se fugó, como dicen coloquialmente, el día que iba a cantar.
De otro lado, la jefa de la cartera de justicia de nuestro país debe recordar que fue ella quien señaló que Colombia no reconoce ni tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, por lo que el Gobierno Nacional haría la solicitud de extradición de Aída Merlano ante el legítimo Gobierno de Venezuela en cabeza de Juan Guaidó. Extraño entonces que solicite al régimen dictatorial con el que no tenemos relaciones diplomáticas que entregue inmediatamente a la fugitiva.
De conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, el servidor público que conoce de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, debe iniciar sin tardanza la investigación si tiene competencia para ello o, en caso contrario, poner inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente. De igual manera, la acción disciplinaria debe iniciarse y adelantarse de oficio, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Disciplinario Único.
Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (para el caso de los aforados mencionados en el relato) deberían aprovechar la invitación de Nicolás Maduro para ir a Venezuela a escuchar a Aída Merlano, en el marco de las investigaciones que se deben iniciar para establecer la verdad sobre la declaración con la que la condenada penalmente en primera instancia en Colombia prendió el ventilador.
Si nos quedamos esperando a que Juan Guaidó tramite la solicitud de extradición, puede suceder que nunca sepamos la verdad o que la fugitiva sufra una “muerte súbita” y se lleve a la tumba otro paquete de secretos como los que se llevó alias Popeye, relacionados con un personaje de quien no podía hablar, al que consideraba el hombre más poderoso de Colombia. Más poderoso que cualquier mafioso, económica y políticamente: el dueño del país.
Y que no nos crean tan estúpidos como para tratar de convencernos con un simple comunicado de la falta de fundamento de las declaraciones de la capturada en el vecino país, o de hechos fabricados por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Hay que investigar y luego podremos hablar de verdades, mentiras o montajes.
Adenda: Las condolencias del comandante del Ejército deberían expresarse a todas las víctimas del narcotráfico y del conflicto armado en Colombia, familiares de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados y, en general, a los perjudicados con la violencia en nuestro país, y no solo a la familia de alias Popeye.
