Columnista:
Germán Ayala Osorio
El cierre del caso Colombia que la Corte Penal Internacional (CPI) tenía abierto desde 2004, constituye un positivo hecho jurídico-político que legitima el acuerdo de paz de La Habana, y es, también, un espaldarazo a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que sale fortalecida pues su legitimidad internacional se acrecienta con el paso del tiempo. De otro lado, esa misma decisión ayuda a minimizar, e incluso, a ocultar todas las trapisondas y obstáculos que el Gobierno de Duque y la bancada uribista en el Congreso impulsaron a fin de impedir el buen desarrollo de la implementación de los compromisos que el Estado colombiano asumió con la firma del tratado de paz con la entonces guerrilla de las Farc-Ep.
José Miguel Vivanco calificó la decisión como prematura, equivocada y contraproducente. Considera el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas que la decisión puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia. La preocupación de Vivanco está fincada en los ataques que Duque, Uribe y la Fiscalía, como institución, han hecho contra la JEP. El país conoce que el objetivo estratégico del uribismo al haber impuesto a Duque en la Casa de Nariño (o de ‘Nari’) era «hacer trizas ese maldito papel llamado el acuerdo de paz».
Si bien Vivanco puede tener razón, la firma del acuerdo entre el Estado colombiano, en cabeza de Iván Duque y el fiscal de la Corte Penal Internacional, obliga al primero y a los sucesivos gobiernos, a respetar la estructura jurídica que sostiene no solo a la JEP, sino al mismo acuerdo de paz. Cualquier nuevo intento de afectar las actividades de la Jurisdicción Especial para la Paz hará posible que el presidente de la JEP pida al fiscal del tribunal internacional que intervenga. Además, dentro del mismo acuerdo se estableció que habrá en lo consecutivo una fuerte cooperación entre el Gobierno colombiano y la oficina del fiscal de la CPI. Los compromisos son claros: reforzar y mantener las líneas de comunicación entre la Fiscalía de la Corte, el gobierno y la JEP.
Con el cierre del examen que la propia CPI abrió contra Colombia por la violación sistemático de los DD. HH y del DIH se aplaza la intervención del organismo internacional de justicia en los casos de masacres como las de la Granja y El Aro, en los que aún falta por establecer la responsabilidad intelectual y material de Álvaro Uribe Vélez, siendo este gobernador de Antioquia. Hay que recordar que la Corte Suprema de Justicia venía investigando al reo 1087985 por los hechos relacionados con esas dos masacres, pero ante la renuncia a su curul de senador, para evitar que ese tribunal lo siguiera por delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, la CSJ perdió toda competencia sobre el exsenador. Lo curioso y contradictorio de todo este asunto es que el fiscal de la CPI Karim Khan se puede llevar una imagen positiva del régimen colombiano, cuando todos sabemos que este ha hecho todo para que fracase la implementación del acuerdo.
