El tribunal de paz que propone Uribe Vélez no solo es tardío e inoportuno, sino que deja entrever que el exmandatario insiste, tozudamente, en desconocer la existencia del conflicto armado interno.
En varias ocasiones ha insistido, en lo que para él y sus seguidores, es una enorme equivocación: “Un error del proceso de paz ha sido presentar a los miembros de las Fuerzas Militares como actores del conflicto iguales al terrorismo -dijo Uribe-. Este tribunal es un alivio judicial y el principio para recuperar la motivación de las tropas”[1].
Poco dado a la discusión conceptual, Uribe Vélez impuso durante sus ocho años de Gobierno, sus particulares ideas alrededor de lo que es el Estado, la seguridad y la democracia. Incluso, le alcanzó para decir que el Estado de opinión era un estadio superior al Estado Social de Derecho. Una clara demostración de su enfermizo carácter mesiánico y un reduccionismo conceptual y político que bien nos pudo llevar hacia el desmonte de la poca institucionalidad ganada con la implementación de la Carta Política de 1991. Y ahora, en su condición de senador, insiste en esas ideas, pensando quizás en la lejana posibilidad de “renegociar” con las FARC, ante un soñado, pero lejano fracaso del plebiscito.
La idea de Estado que guía la vida del líder político, parte de una naturalizada legitimidad, circunstancia que de inmediato desconoce su histórica labilidad y precariedad para hacerse con tres monopolios (fuerza, renta y justicia), y además, desecha los crímenes perpetrados por agentes estatales, en el contexto de una lucha contrainsurgente contaminada por la penetración del paramilitarismo y el narcotráfico en las huestes estatales, en especial durante sus dos periodos presidenciales. De igual manera, Uribe desecha los problemas que exhibe el Estado colombiano para erigirse como un orden viable, justo y como faro moral para sus asociados. El exgobernador de Antioquia, como copartícipe y coresponsable del Estado precario y lábil que hoy tenemos, olvida que Colombia ha sido, a través del tiempo, más territorio que Estado.
Que Uribe Vélez abandere la defensa de la institucionalidad castrense, proponiendo un Tribunal paralelo o alternativo a la Jurisdicción Especial de Paz negociada en La Habana, de inmediato nos debe hacer recordar el tipo de relaciones que estableció con las fuerzas armadas cuando fungió como su comandante supremo, entre el 2002 y el 2010. Relaciones estas que terminaron con el debilitamiento de la institucionalidad militar y policial, al exigir más y mejores resultados operacionales, sin advertir la perversidad que acompañaba el sentido del decreto Boina y la recordada directriz ministerial 029 de 2005.
Imagen cortesía de: zonacero.com
No podemos olvidar que Uribe estableció, bajo su mando, una relación perniciosa con las Fuerzas Armadas, que lo llevó a un manejo privatizado y discrecional. Hecho que finalmente terminó con el acomodamiento del carácter misional de dichas fuerzas, al carácter vindicativo con el que asumió sus funciones como comandante supremo y responsable del orden público dentro del territorio nacional.
Con su propuesta, Uribe pretende desconocer el desvío misional de las Fuerzas Armadas, que terminó con la violación de los derechos humanos, la persecución a defensores de derechos humanos, librepensadores y simpatizantes de la izquierda democrática, entre otros. Los Falsos Positivos son el ejemplo claro de ese redireccionamiento misional, en el contexto de la degradación del conflicto armado interno.
El juzgamiento de los miembros de las fuerzas armadas y de civiles que auparon la guerra, junto con los guerrilleros de las FARC, nos debe servir, como sociedad, para proscribir la guerra y para develar las oscuras fuerzas e intereses que se movieron detrás del proyecto contrainsurgente que se emprendió desde el Estado, con el apoyo de sectores poderosos de la sociedad civil. Proyecto que poco tuvo de contrainsurgente y que buscó, con el concurso de los paramilitares, expulsar de sus territorios a indígenas, afros y campesinos, para que las riquezas de sus tierras y las del subsuelo, fueran a parar a manos de grandes terratenientes, agroindustriales, ganaderos y multinacionales.
El Congreso y el presidente Santos deben hacer caso omiso a la propuesta del latifundista Álvaro Uribe Vélez, por cuanto insiste en limpiar la imagen de unas fuerzas armadas que se degradaron, en buena medida porque desde el poder político se deslegitimó el levantamiento armado, a pesar de la existencia de circunstancias y razones suficientes para querer cambiar un orden político y económico que históricamente le ha servido a unos pocos.
Insisto: la propuesta de Uribe llega tarde y es inoportuna. Esperemos que la Jurisdicción Especial de Paz y la Comisión de la Verdad, cuando estén funcionando, hagan su trabajo para que por fin reconozcamos que en esta guerra fratricida no hubo ni buenos, ni malos. De lo que se trata es de reconocer que subsisten unas circunstancias contextuales que nos han impedido construir Estado, sociedad y mercado, a pesar de reformas y pactos de paz. Circunstancias creadas y extendidas por un Establecimiento que insiste en mantener una democracia formal, un Estado débil y una sociedad atomizada, condiciones propicias para mantener y extender los mezquinos intereses de unas élites incapaces de liderar un proyecto de Nación incluyente y legítimo.
Publicada el: 20 ago de 2016
[1] Tomado de http://www.semana.com/nacion/articulo/alvaro-uribe-hace-su-propuesta-de-un-tribunal-de-paz/488284
