El gobierno de Iván Duque heredó dos asuntos de enorme trascendencia para el país: de un lado, la etapa de implementación del proceso de paz adelantado y firmado entre el Gobierno de Santos y las Farc; y del otro, las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Podemos hablar de dos procesos profundamente delicados, que de no consolidarse por el incumplimiento de lo acordado en el primero, y no alcanzar el objetivo esperado del segundo, darían al traste con la ilusión de paz que se construyó en el país después de la firma del Acuerdo Final II en el Teatro Colón de Bogotá.
Hay claras señales de que los dos procesos no van bien como desean los millones de colombianos que, por ejemplo, votaron sí en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Verlos de manera aislada es un enorme error, a pesar de las diferencias reales que en lo procedimental existen entre los dos modelos de negociación.
La situación hoy de los diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno es difícil. El proceso está en una especie de limbo y no parece haber un interés genuino en salvarlo. Baste con leer la Resolución 237 del 18 de septiembre de 2018, que deja sin poder de negociación al equipo negociador del gobierno, para entender que de parte de la actual administración, habría poco interés de avanzar en las complejas negociaciones adelantadas con ese grupo subversivo, no solo por la metodología planteada, sino por las acciones desarrolladas por los elenos, como los secuestros de civiles[1], y los intereses de sectores de poder militar, social, económico y político de mantener la presencia física de un enemigo interno, para justificar, entre otros asuntos, el no cumplimiento o el cumplimiento a medias de lo acordado en Cuba.
Expondré varios hechos y circunstancias que bien podrían condensarse en una hipótesis que explicaría lo que está pasando con los diálogos con el ELN y que podría esa misma hipótesis, señalar algunos escenarios de inmediato futuro para la consolidación o no de la paz en Colombia.
En primer lugar, hay que señalar que el gobierno de Duque no ha expresado un interés mayúsculo en consolidar escenarios para una paz estable y duradera. Es decir, no es esa su prioridad. Por el contrario, sus acciones conducen a generar las mayores incertidumbres en el proceso de implementación del acuerdo con las Farc y de congelar los diálogos de paz con el ELN, hasta que “suceda algo inaceptable” para romper definitivamente la mesa instalada en La Habana.
- Son varias las iniciativas legislativas que ha presentado el partido de Gobierno, el Centro Democrático (CD), con el firme propósito de echar para atrás o debilitar los avances institucionales y los compromisos adquiridos por el Estado en materia de restitución de tierras y el funcionamiento del modelo de justicia transicional.
Entre dichas iniciativas están: de un lado, el proyecto de reforma a La ley de Víctimas y Restitución de Tierras, presentado por la senadora María Fernanda Cabal, reconocida detractora del proceso de paz y esposa de José Félix Lafourie, representante del gremio ganadero, señalado por varios sectores de patrocinar a grupos paramilitares.
Y del otro, el que recientemente se presentó para reformar la JEP, con la intención de debilitar a esa jurisdicción y poder tener control sobre las versiones de los militares involucrados en la comisión de delitos de lesa humanidad (como los “falsos positivos”).
- El nombramiento de Andrés Augusto Castro Forero (Hijo de Jaime Castro Castro, detractor del proceso de paz. Exministro y exparlamentario) en la Unidad de Restitución de Tierras es visto como una clara muestra de la intención de echar para atrás o ralentizar el proceso de restitución de tierras a los campesinos y demás colombianos que sufrieron la embestida de los paramilitares, quienes al final los despojaron de sus tierras.
“En la URT, agencia que se encarga de revertir el fenómeno del despojo de tierras en el que, según estimados casi ocho millones de personas fueron desplazadas a causa del conflicto armado, el presidente Duque nombró a Andrés Augusto Castro Forero. Un abogado de la Universidad del Rosario, especialista en gestión pública, y quien fungió como secretario General de Fedepalma”.
En segundo lugar, al acompañar la política contra las drogas de los Estados Unidos, el presidente Iván Duque Márquez golpea de manera directa el programa de restitución voluntaria de cultivos de uso ilícito firmado en La Habana.
De igual manera, en términos geopolíticos, Duque debilita el multilateralismo que estableció Santos como parte de su política exterior. Al circunscribir su política exterior a la agenda narcotizada de los EE.UU., el presidente de Colombia impone al proceso de implementación del acuerdo con las Farc y a la negociación con el ELN, los intereses norteamericanos y en particular, los de las empresas fabricantes y comercializadoras de armas, interesadas en prolongar el conflicto armado interno. Es decir, Duque insiste en una relación bilateral con el gobierno de Trump que claramente no acompaña de manera decidida la consolidación de la paz en Colombia.
En tercer lugar, el largo proceso de negociación y los costos económicos y políticos que viene dejando el proceso con las Farc, son presentados por el actual gobierno como un problema de sostenibilidad fiscal, lo que claramente abre la posibilidad para que mucho de lo acordado en La Habana, en materia de programas y acciones a ejecutarse en el sector rural, estén hoy desfinanciadas.
Y por esa vía, hace perder interés en los negociadores del ELN y en la base guerrillera, que ve con desazón los problemas que afronta el proceso de implementación de lo acordado y firmado en el Teatro Colón de Bogotá.
Se suma a lo anterior, el desgaste social de la paz. Como concepto y como tema de discusión pública, privada y mediática, la paz ya no convoca. La opinión pública parece haberse quedado con la idea de que bastaba con “quitarles las armas a las Farc” y “convertirlas en partido político”, para consolidar la paz y hablar de escenarios de posconflicto. Craso error.
En cuarto lugar, queda la sensación de que al desmovilizar a las Farc y ser el ELN un grupo militarmente menor, no vale la pena insistir en firmar la paz con los elenos, por cuanto su presencia territorial y sus dinámicas de guerra no alcanzan a poner en aprietos al país, tal y como en su momento las Farc si lo lograron, sin que ello quiera decir que el régimen se puso en riesgo. Este imaginario sirve a los propósitos económicos y políticos de esa parte del Establecimiento que insiste en mantener la doctrina y el principio del enemigo interno.
Y más ahora, cuando los lobistas de los fabricantes de armas insisten en la idea de intervenir militarmente en Venezuela. De todas maneras, para un sector castrense mantener un escenario de riesgo exterior y de enemigo interno siempre resultará benéfico en materia de manejo presupuestal y de presión política.
De allí que se presione el aumento del presupuesto militar, para enfrentar cualquier amenaza, externa o interna, en claro detrimento del proceso de implementación del Acuerdo Final II y por esa misma vía, alejar la posibilidad de destinar recursos económicos para adelantar las reformas que se vayan negociando en la mesa de negociación con el ELN.
En quinto lugar, los empresarios del campo podrán estar viendo como un peligro el florecimiento de proyectos productivos desarrollados por los excombatientes de las Farc y, más aún, les podría generar miedo el cumplimiento de lo acordado en materia de restitución de tierras. Es decir, no admitirían competencia alguna, pues le apuestan a la consolidación de la gran plantación como modelo económico, social y político en el sector rural.
En sexto lugar, los cientos de miles de asesinatos de líderes sociales, ambientales, reclamantes de tierras y defensores de derechos humanos, y el ya casi centenar de excombatientes de las Farc acribillados, no generan confianza en los miembros del Comando Central del ELN y en la base de esa misma guerrilla.
A lo anterior se suma, que la minería ilegal es hoy, junto con el narcotráfico, un fuerte atractivo para aquellos guerrilleros del ELN que no comulgan con las directrices emanadas por el COCE y que estarían pensando en garantizar un mejor futuro a sus familiares y para ellos mismos, por supuesto.
En séptimo lugar, la presencia paramilitar es un fuerte incentivo para mantener la lucha armada por parte de la guerrilla, por cuanto sus comandantes reconocen que los grupos paramilitares están articulados a los intereses de ganaderos, latifundistas y empresarios del campo y amigos de la gran plantación (agrocombustibles).
De allí que sus “objetivos revolucionarios de liberación” se tornen difíciles de deponer en una mesa de negociación que poco ha avanzado en el abordaje de los puntos acordados. Si el ELN mantiene su proyecto político intacto, sus líderes y comandantes de frente saben que los asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores de DDHH y del ambiente, hacen parte de la estrategia económica, social y política que está articulada a la intención de potrerizar las zonas selváticas y de imponer el modelo de la gran plantación.
No es gratuito que hoy la deforestación en Colombia haya aumentado exponencialmente en las zonas y territorios abandonados por las Farc.
Y en octavo lugar, es evidente el poco interés que hay en agentes de la sociedad civil para dar vida a la Mesa Social y discutir allí las reformas que el país necesita para avanzar en la consolidación de una paz estable y duradera.
Y es así, porque el carácter corporativo del gobierno de Iván Duque permite pensar en que lo único que le interesa a la actual administración y a quienes lo respaldan desde la sociedad civil, es consolidar el modelo neoliberal, mantener la debilidad fiscal del Estado, su interesada precariedad institucional y mantener las condiciones y la inercia de las múltiples formas de violencia social y política. Dado lo anterior, queda claro que para el gobierno de Iván Duque Márquez, el tiempo de la paz ya pasó.
[1] Miembros del COCE explican que muchas de retenciones o secuestros de adolescentes indígenas y de otros, obedece a operaciones de contra inteligencia. En el caso de los menores, el ELN señala que las Fuerzas Armadas los usan como instrumentos para infiltrar comunidades y a las propias tropas elenas. Por supuesto que la Gran Prensa no explica estas circunstancias propias de la guerra. Tan solo registran los hechos como secuestros, acción socialmente reprochable, que es aprovechada políticamente por el actual gobierno para insistir en el congelamiento de las negociaciones de paz.
[2] Hijo de Jaime Castro Castro, detractor del proceso de paz. Exministro y exparlamentario.
Fotografía cortesía de (AP Photo/Ivan Valencia).
