¿No se suponía que los medios de comunicación y periodistas, para estas fechas, estaríamos narrando la paz?, ¿que gracias a la implementación de los Acuerdos que firmaron el gobierno nacional y las FARC la guerra se acababaría y no habría un muerto más por el conflicto? Pues no, seguimos registrando muertes: las de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, y más preocupante aún, el Estado calla.
Es que qué importa un líder social menos. Importante es que el hospital militar esté vacío, sin ningún herido por combate. ¡Sí, eso es maravilloso!, pero entonces si no hay combate, ¿por qué no se van a cuidar los territorios donde amenazan a los líderes? ¿En dónde está la mano dura del vicepresidente Naranjo, que llegó a ese cargo para combatir tal delito y proteger a los defensores de derechos humanos y activistas? ¿Por qué no están investigando y los grandes medios de comunicación reportando a modo de alerta para que tengan toda la protección necesaria?
Ah, no: eso sólo sale en los canales y emisoras comunitarias, en los medios alternativos, porque la agenda de los grandes medios y las redes sociales se inundan de debates durante días enteros sobre temas como: la gente que bloquea Álvaro Uribe Vélez en Twitter, de lo que el señor piensa de la crisis en Venezuela, de que calumnia al periodista Daniel Samper llamándolo “violador de niños”, etc.
Todo esto mientras en Colombia siguen matando a los líderes sociales y nadie hace nada, ni siquiera tiene nombre ese asesinato sistemático porque nadie investiga. Algunos casos se abren, pero nunca se cierran. Todos estamos debatiendo bajo supuestos y basados en los panfletos y mensajes amenazantes que les envían a los teléfonos móviles, y que días después vemos materializados en escabrosos asesinatos, porque aunque fueran reportadas las amenazas a las autoridades, éstas no movieron un dedo para evitar los crímenes.
Claro, es que la pelea por la tierra nunca va a dejar de ser iniciación de conflicto, los líderes la reclaman, los terratenientes y paramilitares las desean para sus actividades ilícitas y delictivas y se están apropiando de las que dejaron las FARC, esas que aparecen en los acuerdos y donde se desarrollarían los proyectos productivos más ambiciosos, dándole un giro total a la productividad agrícola del país, pero nadie le está parando bolas a esas tierras, no hay control y tampoco protección a la población civil aledaña.
Antes eran acusados de servir a las FARC, ahora si los líderes sociales emprenden un proyecto o iniciativa para erradicar cultivos ilícitos, son objetivo paramilitar fijo, si dicen la verdad, si luchan por la igualdad y la justicia social, son comunistas, narco terroristas-izquierdosos, o simplemente estos asesinatos son una estrategia de generar temor para que se reduzca el trabajo social en los territorios, y poder tener el control de éstos.
Son muchas en realidad, las causas que tienen a los líderes sociales en constante peligro, creciente e imparable número de asesinados, esto realmente sí compromete la paz del país, parece un relojito que al son del tic-tac va marcando una nueva víctima.
Que ya van 40 dicen unos, otros que 52, y alrededor de 500 amenazados (Ver link) tal vez después de que salga esta columna haya una nueva, ¡qué triste! ¿Cuántas más serán necesarias para tener la atención del gobierno y la de los medios masivos de comunicación, para que la gente se entere y también ayude a proteger? Porque para indignación selectiva, los colombianos.
La seguridad y garantías de no repetición del conflicto armado, pero sobre todo la protección de la vida, debe ser prioridad en esta fase de la implementación de los Acuerdos.
La actitud de desprotección e indiferencia del Estado reduce la confianza, la esperanza y la fe de todos los colombianos, y más aún de quién ahora está cambiando su arma por la palabra y tiene el sueño de que algún día pueda estar en una Colombia que conviva en medio de las diferencias.
