El soborno de testigos no es algo nuevo en el mundo de Álvaro Uribe

Columnista:

Hernando Bonilla Gómez

Ahora que el exsenador Álvaro Uribe Vélez se despachó en una entrevista, que pareció más bien un discurso difamatorio contra la Corte Suprema de Justicia, señalando a esta alta corporación judicial de mafiosa por osar dictarle medida de aseguramiento de detención preventiva, en una investigación, según él, presuntamente plagada de violaciones al debido proceso y el derecho de defensa. Vale la pena recordar, conforme a los hechos que encontró probados la justicia penal, una situación muy similar por la que hoy se investiga al abogado Diego Cadena, involucrado en el asunto del expresidente, en la que resultó condenado el profesional del derecho Sergio González Mejía.

Lo anterior, teniendo en cuenta que tanto el expresidente como su defensa han recurrido a la opinión ciudadana, para que sea esta la que lo absuelva o condene por los hechos que constituyen, al parecer, pues no ha culminado el proceso, delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.

Vemos entonces:

Corría el mes de septiembre de 2007 cuando se supo que el señor José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’, detenido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí (Antioquia), envió una carta al presidente de la República de la época, doctor Álvaro Uribe Vélez, informándole que los magistrados auxiliares de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, le habían ofrecido rebajar la condena que cumplía, así como otorgarle protección y reubicación a su familia, a cambio de que los vinculara a él y a un empresario con un atentado del que había sido víctima el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia alias ‘René’, y también relacionar al entonces senador y primo del expresidente Mario Uribe Escobar con grupos paramilitares. En la reunión donde se hizo el ofrecimiento, en una dependencia de la fiscalía, se dijo que se encontraba presente el abogado Sergio González Mejía.

Por este hecho, se inició una indagación con el fin de establecer si los magistrados auxiliares se hallaban incursos en la comisión de algún tipo de delito, investigación que se archivó con fundamento en que la conducta atribuida a los funcionarios judiciales no existió. ¿Les suena a algo parecido en una investigación adelantada contra el senador Iván Cepeda por manipulación de testigos?

En la pesquisa adelantada por la fiscalía, alias ‘Tasmania’ se retractó señalando que se había prestado para el envío de la mencionada carta, cuyo contenido no era cierto y que había efectuado esa acusación por solicitud expresa de Juan Carlos Sierra, alias el Tuso Sierra, ahora testigo estrella de la defensa en el proceso que hoy se le sigue al expresidente por soborno a testigos (¿cómo les parece?), y del abogado Sergio González, contratado por alias el ‘Tuso Sierra’ para asumir su  defensa (la defensa de ‘Tasmania’), a cambio de beneficios como proveer una casa para la mamá, entregarle la suma de 400 millones de pesos, ayudarlo con el proceso de postulación en el programa de Justicia y Paz al que no pertenecía, entre otros. ¿Les suena el concepto de ayudas humanitarias?

Por lo anterior, la investigación se siguió luego en contra del abogado Sergio González, por el delito de calumnia agravada cuyas víctimas fueron los magistrados auxiliares de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, conducta punible por la que fue condenado a 70 meses de prisión, sentencia confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, el 27 de febrero de 2013.  

Pues bien, en ese proceso penal que se le adelantó al togado, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, encontró demostrado lo siguiente: “La Carta fue elaborada por el abogado González Mejía, llevada hasta el pabellón donde se encontraba Moncada Zapata para que estampara su firma y huella, su contenido fue dado a conocer a personas cercanas al doctor Álvaro Uribe, el documento fue conservado por Juan Carlos Sierra en el penal y finalmente se envió a la Presidencia de la República por fuera de los canales ordinarios de comunicación de los internos, para lo cual el hoy procesado se reunió con una importante funcionaria del Departamento Administrativo de Seguridad”. Esa funcionaria del DAS era Martha Leal.[1]

En el proceso actual que se le sigue al líder vitalicio del Centro Democrático, según la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, existe suficiente prueba que permite inferir razonablemente que por interpuesta persona, asunto en el que resulta involucrado el abogado Diego Cadena y por el que también se le privó de la libertad de manera provisional, en distintos oportunidades, el exsenador Uribe efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos y/o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor. Se habla específicamente de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez.   

Como se puede advertir, el asunto de soborno a testigos y posteriores retractaciones no es un hecho nuevo en ese mundo extraño que siempre ha rodeado al expresidente Álvaro Uribe, lo que permite evidenciar, al parecer, y eso le corresponde demostrarlo a las autoridades judiciales, una metódica estrategia que siempre ha tenido por finalidad enrarecer o contaminar las investigaciones en las que él o sus familiares son mencionados o vinculados, para lograr impunidad.

Ahora, con la renuncia a la curul de senador y la consecuente solicitud de traslado de la investigación a la fiscalía por competencia, si es que la Corte la remite, se espera que se conozca toda la verdad en este nuevo capítulo judicial del expresidente, pero temo repita la historia del asunto ‘Tasmania’ y termine condenado únicamente el abogado Cadena, en ese contexto poco común que rodea al exsenador Uribe, en donde todos sus idólatras buscan siempre la manera de favorecerlo o de procurar su beneficio a costa del propio y, como siempre, lo más extraño, sin que este se entere de lo que los otros hacen o hicieron a su favor. ¡Realmente el expresidente vive en un universo fantástico de buenos samaritanos!

Por eso es importante no olvidar los hechos de la historia reciente de montajes y estrategias inmorales como el que aquí se rememora, que le permitirán al ciudadano del común, hacerse a una idea u opinión de cuáles han sido las actuaciones de los insólitos altruistas personajes que rodean al carismático líder político, recurrentes por cierto, que se sacrifican por él.

Para recordar entonces también, entre otros: Bernardo Moreno, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República durante la administración Uribe, Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, exdirectores del DAS, fueron condenados los tres por las famosas interceptaciones ilegales realizadas por ese organismo de inteligencia del Estado. Diego Palacio y Sabas Pretelt, exministros también lo fueron por el caso de la Yidispolítica, todos, sin que el interesado directo, curiosamente, se hubiera enterado de nada, no obstante que todas las conductas ejecutadas por sus áulicos lo favorecieron.    

No cabe duda entonces de que para el examen solicitado por el expresidente y su defensa sobre su situación, abogan por el levantamiento de la reserva de la investigación, es menester tener en cuenta todos estos antecedentes para concluir lo obvio y por eso esta columna titula con el refrán: no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Adenda 1. Según la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia, en el caso de aforados, la relación del delito con la función pública tiene lugar no solo cuando la conducta tenga origen en la actividad congresional, o sea su necesaria consecuencia, sino también cuando el ejercicio de las funciones propias del congresista se constituya en medio y oportunidad propicia para la ejecución del punible, o que represente un desviado o abusivo ejercicio de funciones. Así las cosas, no es tan claro que deba remitirse la investigación a la Fiscalía, así nada más, por el hecho de verificarse la renuncia a la curul del senador Uribe, tarea que le corresponde determinar a la autoridad judicial.   

Adenda 2. El primer mandatario de los colombianos no puede distraer a los gobernados cambiándole el nombre a las masacres. Entre el 21 y 22 de agosto, en menos de 48 horas, ocurrieron tres. Según El Espectador, en lo que va corrido del año suman 43 y 181 víctimas mortales. Para que entienda señor presidente, no se confunda y le que quede bien claro, esas son las cifras de lo que usted denomina homicidios colectivos. Esperamos su respuesta y medidas ante la matanza indiscriminada en nuestro país.

[1] Toda la información fue extractada de la sentencia de segunda instancia de fecha 27 de febrero de 2013, proferida dentro del radicado 110016000102200700135 02 (12-12). Procesado: Sergio Augusto González Mejía. Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal. Magistrado ponente: Jorge Enrique Vallejo Jaramillo.