El resurgimiento de una guerrilla, de equivocación en equivocación

Autor: Hernando Bonilla Gómez

Creo que a nadie sorprendió la declaración de las disidencias de las FARC, al mando de Iván Márquez, Jesús Santrich y el Paisa, de retomar las armas y continuar con la vana ilusión de derrocar el gobierno y suprimir o modificar el régimen constitucional vigente.

Estaba cantada desde hace mucho tiempo –y se evidenció aún más con la huida de Santrich- la decisión de volver a la subversión que se formalizó en el comunicado de un pequeño grupo de guerrilleros, como consecuencia, entre otras circunstancias, de la lentísima implementación del Acuerdo Final del Teatro Colón y los constantes ataques del Gobierno y el Centro Democrático al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), tendientes a desmontarlo, a lo que contribuyó también la desatada ola de violencia contra los exguerrilleros,  que ha cobrado la vida de más de 140 de esos seres humanos.

No obstante, según las cifras del Gobierno, más de 10.000 excombatientes -una mayoría aplastante- que se acogieron al proceso de paz, siguen hoy firmemente empeñados en lograr su reincorporación y la implementación de lo pactado con el Estado en el Colón.

Tampoco asombra la reacción del Centro Democrático y su cabeza, el senador Uribe Vélez, quien, en lugar de apaciguar las aguas, anuncia que lo que se debe hacer es bajar los acuerdos de la Constitución y realizar unas reformas para que los responsables de delitos atroces paguen y después sí, puedan gozar de los privilegios que les concedió el expresidente Santos, al considerar que no hubo paz sino un indulto general para quienes cometieron ese tipo de conductas punibles.

Pues bien, tanto quienes abandonan los acuerdos y resurgen como un nuevo grupo guerrillero, informándonos su decisión definitiva de tomar nuevamente las armas, como el Gobierno Duque y el Centro Democrático –Uribe- se equivocaron y se equivocan.

El primero, porque si bien existen hechos que permiten pensar, como se señala en el comunicado, que les hicieron conejo con lo pactado en el Acuerdo del Teatro Colón, lo cierto es que la gran mayoría de excombatientes de las FARC se convencieron, lo que es una indiscutible realidad, de la nula posibilidad de un triunfo militar y optaron por la vía democrática, para lograr la transformación política, social y económica que defienden.

Una sola golondrina no hace verano y el país está cansado del horror de más de cincuenta años de confrontación armada, que dejó alrededor de 220 mil muertos, sin contar los desaparecidos y las cifras de desplazamiento forzado.

No se advierte entonces, la más mínima opción de apoyo de la sociedad para la transición que pretenden las disidencias a través de la acción bélica, como lo claman. Si los que se decidieron por el camino de la política han encontrado una fuerte resistencia de la sociedad, ya se podrán imaginar la respuesta de la población civil a los disidentes en armas. ¡Craso error!

También se equivocaron el presidente Iván Duque y su gobierno cuando, por no contradecir al senador Uribe, colaboraron con estrategias y medidas para frenar la implementación del Acuerdo Final, y atacaron y boicotearon el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Estas situaciones permitían prever las consecuencias, sin que ello justifique, de modo alguno, la decisión de Iván Márquez y su séquito.

Y se equivocaron Álvaro Uribe y el Centro Democrático –no de muy buena fe-  con sus discursos incendiarios en los que se niega el conflicto armado, se vende la tesis mentirosa de la impunidad que encarna la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y se propaga la falacia de que el gobierno Santos realizó un pacto con el terrorismo.

El movimiento político y su líder se negaron –y siguen haciéndolo- por el miedo a la verdad, a darle una oportunidad a la Paz y al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), cuyos principales fines son: la aplicación del principio de reconocimiento de responsabilidad de todos los victimarios o, mejor, de todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Adicionalmente, para dar cabida al propósito belicista que siempre lo ha caracterizado, el expresidente en sus declaraciones, de manera irresponsable, azuza a los excombatientes que permanecen del lado de la paz para que, ante la duda sobre la seguridad y estabilidad de lo pactado, opten por acompañar a los disidentes, cuando anuncia que deben realizarse reformas para evitar la impunidad y privilegios otorgados en el Acuerdo.

Ante este panorama, lo que corresponde al Estado colombiano, a través de sus instituciones, no es seguirle el juego al Centro Democrático y su presidente vitalicio,  sino brindarle seguridad personal y jurídica a los excombatientes que se encuentran en proceso de reincorporación y se acogieron a lo pactado en La Habana y el Teatro Colón, garantizando sin demoras la implementación los acuerdos.

A la sociedad le corresponde tender hacia ese propósito de paz, apoyando lo convenido, si es que realmente no se quiere volver a las atrocidades de la guerra fratricida que se pretende superar con el proceso de paz.

Si se actúa y piensa de manera distinta, la conclusión no puede ser otra sino que el pueblo colombiano y sus gobernantes no estaban ni están preparados o listos para poner fin al conflicto armado y consolidar la paz estable y duradera con justicia social.  

Foto cortesía de: BBC