Columnista:
Germán Ayala Osorio
No es posible negar que Colombia es un país con los más altos índices de desigualdad, pero pensar que es factible superar esa circunstancia creando el Ministerio de la Igualdad y Equidad no solo es una gran mentira, sino un insulto al buen criterio.
Si bien hay que reconocerle al actual Gobierno la intención de contrarrestar los daños que dejan años y años de políticas neoliberales, la creación de esa nueva cartera solo se justifica por la necesidad de pagar favores políticos, crear burocracia y hacerle un real reconocimiento y darle una efectiva relevancia a Francia Márquez Mina. Y es así, porque todos sabemos que el puesto de vicepresidente en este país es un saludo a la bandera. Que Francia Márquez merece un mayor reconocimiento político, no lo discuto, pero creando más burocracia no creo que sea la manera.
Los uribistas que aún sobreviven en el Congreso se oponen a la creación de ese ministerio y recuerdan que durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez se fusionaron los Ministerios de Vivienda y Ambiente, dizque para reducir gastos y costos burocráticos, bajo la idea, mentirosa por demás, de un «Estado austero».
Al final, la corrupción durante los 8 años de esa administración fue espantosa. Hay que decir también que el objetivo de Uribe era debilitar al Ministerio de Ambiente y, por ese camino, menguar la institucionalidad ambiental para poder entregar, a diestra y siniestra, licencias para la explotación minera, el crecimiento de la ganadería extensiva de baja producción y la consecuente deforestación de las selvas, en particular la Amazonía.
Cuando se creó la cartera ambiental (Ley 99 de 1993) se pensó que era posible generar una institucionalidad capaz de poner controles a las actividades antrópicas altamente disruptivas como los monocultivos, la ganadería extensiva y la minería a gran escala. Sin duda alguna, hubo momentos en los que la institucionalidad ambiental logró ponerle límites a algunas de estas actividades, pero con otras, el fracaso fue total porque emergió el gran problema del país: la corrupción público-privada. Luego vino la creación de la ANLA en el 2011, instancia burocrática y técnica que en varios casos sucumbió a las presiones que desde la Casa de Nariño y, fuera de esta, surgieron en beneficio de actividades económicas de gran impacto socioambiental y ecológico. Baste con recordar lo sucedido con la licencia ambiental del proyecto Hidroituango para entender que la ANLA es una rueda suelta que gira en virtud de intereses políticos.
Volvamos, entonces, a la idea de crear el Ministerio de la Igualdad y la Equidad. ¿Es posible acabar o minimizar la desigualdad en Colombia con la creación de esa cartera? ¿Por qué no pensar mejor en un conjunto de políticas que, con carácter sistémico, hagan posible que todos los ministerios y dependencias oficiales trabajen en pro de atacar el problema de la desigualdad? Se podría pensar, por ejemplo, en fortalecer y mejorar la operatividad del SINA (Sistema Nacional Ambiental) con miras a atacar desde todas las carteras comprometidas, las acciones que aportan al crecimiento de la desigualdad. Entonces, pensar que con la creación del Ministerio de la Igualdad se atacarán las raíces mismas que la producen, constituye un engaño.
El país necesita de un profundo cambio cultural. El problema es que no hay nadie liderando ese proceso. Un cambio cultural que deberá darse en todas las esferas de la sociedad. Por ejemplo, en la élite parásita que desde los inicios de la República capturó el Estado y provocó, desde allí, el nacimiento y la consolidación de la desigualdad que hoy nos avergüenza. También en la clase política, cuyos miembros solo están interesados en mantener en el tiempo la captura de entidades estatales. El caso de la Aerocivil, en manos de miembros del Partido Conservador es la prueba irrefutable de cómo opera aquí el ejercicio del poder.
Me pregunto: ¿Con el Ministerio de la Igualdad se creará un fortín político y burocrático de exclusivo manejo de Francia Márquez Mina? No faltará quien piense que la creación de esa dependencia es una forma de reparación por el racismo soportado por los pueblos afros representados por la vicepresidenta. Si es así, quienes representan los intereses de la población afro corren el riesgo de parecerse en su actuar a los «blancos» que los han sometido.
No por tener un Ministerio de Cultura el país ha superado el racismo estructural del que siguen siendo víctimas los indígenas y los pueblos afros y, mucho menos, la sociedad ha superado el clasismo. El mismo presidente Gustavo Petro llamó la atención del mundo ante el fracaso del Estado en la tarea de cuidar las selvas del Chocó Biogeográfico y del Amazonas. Y esa frustración compromete de manera directa al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y así podemos seguir con las otras carteras.
Insisto: el gran problema del país es la corrupción público-privada, amparada en un débil aparato productivo y auspiciada por la clase política y empresarial. Así entonces, el racismo, el clasismo y la desigualdad seguirán presentes en nuestra sociedad, pues estos problemas no se solucionan con ministerios, sino con un profundo cambio cultural. Y ello toma tiempo. El asunto problemático es que nadie lidera por el momento ese proceso.
