El proyecto autoritario más allá de los partidos

Las fuerzas que desean mantener el estatus quo se oponen en su conjunto a la redistribución de tierras, a la acción de la justicia y muchos de ellos utilizan la estigmatización de sus rivales políticos para conseguir sus objetivos. El proyecto conservador y autoritario que aparece sobre Colombia no puede identificarse con un solo partido ni con un programa político determinado, por el contrario, es una coalición de intereses que por ahora no está acuartelada y cuyos exponentes juegan de manera relativamente independiente.

Ante la insoslayable artificialidad y debilidad de los partidos políticos en Colombia, el autoritarismo no sólo acude a los caudillos, se aprovecha de los prejuicios latentes para reproducir las desigualdades que aquejan al país y recoge los frutos de la pedagogía de la guerra que fuera inculcada por Uribe y sus acólitos.

En un escenario en donde los partidos no son una unidad sólida de análisis, en donde carecen de programas políticos serios e ideología distinta del ordeño del Estado y la perpetuación en el poder, es  necesario recurrir a otro tipo de miradas que nos permiten encontrar afinidades y diferencias entre los distintos actores.

En el presente texto, hemos abordado las afinidades entre una parte del estamento militar, el Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical, explorando sus afinidades y similitudes para poder afirmar de manera sólida la existencia de un solo proyecto autoritario y conservador que a pesar de su relativa desarticulación, existe.

De esta manera, damos inicio a la revista propuesta más arriba, dando un vistazo a posiciones comunes que aquellos que hemos identificado, hacen parte de este proyecto esgrimen de forma compartida.

Durante la entrevista que concedió Germán Vargas Lleras a Caracol Noticias con ocasión de su llamado “destape”, el ex vicepresidente expresó sus dudas sobre la idoneidad de la Justicia Especial para la Paz (JEP) como herramienta jurídica adecuada para afrontar la situación de los ex combatientes y de todos aquellos relacionados con la guerra en el llamado periodo del Posacuerdo.

Uno de los reparos que exhibió el ahora candidato presidencial, está relacionado con las implicaciones de terceros y la responsabilidad que éstos podrían tener en razón de su colaboración con los actores armados. Siguiendo lo expresado por Vargas Lleras, esta situación cambiaría el “juez natural de 48 millones de colombianos”, que tendrían que someterse al arbitrario poder que representaría la justicia restaurativa o transicional.

En consonancia con esa preocupación, el general en retiro Jaime Ruíz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro ACORE, hizo pública su animadversión hacia este tipo de justicia debido a la escogencia de los magistrados que serán parte del tribunal en que el proceso tendrá lugar, para Ruíz Barrera, los miembros de las Fuerzas Militares serán juzgados por el enemigo, instando a la sospecha frente a la carrera y las posiciones políticas y jurídicas que podrían tener los jueces escogidos para estas funciones.

Ambos líderes temen a los sucesos que podrían desencadenarse a raíz de la aplicación de la Justicia Transicional en los próximos años, ACORE, como es de esperarse, porque quienes hacen parte de esta organización fueron militares, es decir, parte del conflicto y podrían verse contrariados con los fallos y decisiones que respecto a ellos pueda tomarse en ese ámbito; Vargas Lleras ha sustentado el penumbroso silencio que mantuvo frente a las conversaciones en La Habana, y ahora que se ha desligado formalmente del gobierno, asume de lleno su papel de opositor, después de su provechosa estadía en el Ministerio de Vivienda y en la vicepresidencia.

Germán advierte de la existencia de un proyecto político de izquierda, que sería abanderado por Humberto de la Calle, Claudia López y Sergio Fajardo, cuyo ponzoñoso objetivo sería preservar un desequilibrio que sea favorable al partido político de las FARC y garantice los privilegios que este grupo recibiría como consecuencia de su desmovilización.

Ante esa situación tan espeluznante, el jefe de Cambio Radical plantea explorar las alternativas de alianza que hay con aquellos líderes nacionales que sean afines a su propuesta política. Aunque niega cualquier acercamiento con Álvaro Uribe Vélez, es casi predecible que éste se dé en un futuro próximo o en la segunda vuelta de las elecciones.

Vargas Lleras no lo dice, pero el principal ingrediente de su proyecto presidencial es la perpetuación de las exclusiones y desigualdades que están latentes en el campo colombiano así como el de las dificultades de formar gobierno desde distintas facciones que no sean las tradicionales, y para eso pretende abanderar una coalición que cuente con los suficientes apoyos para enfrentar a lo que a sus ojos es una bestia.

En este sentido las innovaciones en infraestructura, a saber, el desarrollo de las vías en zonas específicas del territorio y la entrega desaforada de viviendas en zonas en donde cunde la pobreza son una parte más, quizá la más crucial, de su campaña, pero para él, ese punto no representa una ventaja a favor suyo, por el contrario, deberíamos agradecerle por usar su importante posición en el Estado en beneficio propio.

Él siempre tuvo la sinceridad de demostrar su aspiración presidencial mientras que aquellos que se vieron envueltos en el proceso prefirieron abstenerse, engañando al pueblo colombiano. Así, Vargas Lleras se presenta como adalid de la decencia y la honestidad.

También en el seno de Cambio Radical, hay algunos sectores políticos que buscan radicar una ley según la cual se protegería a los poseedores de buena fe o los segundos ocupantes, con ese propósito se expresó el senador por Cambio Radical, Antonio Guerra de La Espriella, también el año pasado, cuando impulsó un proyecto que dificulta la acción de la justicia frente a aquellos que se hagan con tierras que han sido usurpadas por los actores armados de manera que la ley que ya existe tenga menor alcance en su carácter redistributivo, pero ejerza mejores garantías para las personas que llegaron a terrenos que han sido objeto de procesos relacionados con el conflicto armado.

El senador Guerra sustentó su iniciativa argumentando que hay personas que compraron parcelas inocentemente, sin percatarse de la expropiación ni averiguar sobre su procedencia, a lo que la Corte respondió evaluando la idea de exención de culpa, de manera que la ley no resultara tan desfasada para los campesinos que llegaron a ocupar espacios que habían sido arrebatados de forma violenta a sus antiguos dueños y que no tuvieron ninguna relación con los hechos victimizantes.

Por otro lado, el año pasado, con motivo de su lanzamiento al ruedo presidencial, Alejandro Ordóñez visitó las poblaciones de San Alberto, en el departamento del Cesar y Sábanas de San Ángel, en Sucre, acompañado de José Félix Lafaurie y con la connivencia de la Asociación de Víctimas de la Ley de Tierras ASOCOLVIRT, principal movimiento social contrario a la implementación de la restauración de tierras que fueron despojadas a campesinos durante el conflicto armado interno.

En los eventos, el ex procurador hizo fuertes críticas al proceso de repartición de la tierra que fuera tomada por la fuerza y Lafaurie llegó a afirmar que se estaba preparando su toma por determinados agentes políticos, refiriéndose de manera velada a la ahora recién desmovilizada guerrilla FARC.

Así mismo, el proyecto sobre tenedores de buena fe, formulado por la senadora del Centro Democrático Nohora Tovar pone en su articulado la reversión de los procesos llevados a cabo por la extinta INCODER y mina la posibilidad de una restitución equitativa que abarque de forma completa la entrega de los baldíos; el objetivo de esta iniciativa es que se legalice la tenencia de esos terrenos, que en teoría estarían a nombre del Estado pero que actualmente son explotados por particulares que obtienen beneficios de ellos sin ser los propietarios formales.

Quienes impulsan esta idea, indican que no es necesario tocar los territorios que ya están siendo explotados por propietarios apócrifos desde antaño, puesto que eso sería nocivo para el desarrollo empresarial y agropecuario del país, por el contrario, pretenden que se blinde su tenencia.

De hecho, el proyecto de ley presentado por Nohora Tovar desea dejar sin efecto los procesos de recuperación de baldíos que iniciara el INCODER y que ha heredado la Unidad de Restitución de Tierras y en ese sentido, va más allá que el de segundos ocupantes que mencionamos más arriba.

Volviendo a las preocupaciones de Vargas Lleras respecto a la vinculación de terceros en los procesos de la JEP, la intencionalidad de su denuncia sería resguardar a aquellos empresarios, terratenientes y otros sectores de la población colombiana que aún sin haber tomado las armas fueron partícipes del conflicto, ya fuese porque se veían beneficiados por los despojos u otros atropellos que en su transcurrir se sucedían, porque vieron oportunidades de negocio en asociación con los armados o porque de alguna forma contribuyeron a atizar el fuego que ya se cernía sobre los campos de Colombia a través de sus acciones.

Es por eso que Germán elabora el embeleco de los 48 millones de colombianos y el juez natural que expresara en Caracol Televisión, detrás de eso se encuentra la idea de proteger a esos actores del conflicto que participaron de formas diferentes de la armada pero que jugaron papeles importantísimos en los avatares de la confrontación y la perpetuación de ella. En esa categoría entran la mayoría de los segundos ocupantes de los que habla Cambio Radical o como les llama el Centro Democrático, los tenedores de buena fe.

La idea es que los llamados terceros sean eximidos de su responsabilidad ante la justicia, poniendo un manto de oscuridad frente a sus actuaciones, dado que en esta categoría entrarían sectores muy poderosos de la sociedad colombiana, que no querrían ser vinculados con el conflicto y rechazan con vehemencia que se les asocie con hechos ilegales perpetrados por las fuerzas estatales o paraestatales en el marco del conflicto, de esta manera, sus intereses se ven representados.

Por ende y como dijimos arriba, aunque hay varios movimientos que buscan abanderar las fauces del proyecto conservador, es la campaña de Vargas Lleras, con su utilización del Estado en beneficio propio la punta de lanza y su aspiración es la más viable. Igualmente, como se ilustró también en párrafos anteriores, una parte central de su visión de país consiste en la perpetuación de la desigualdad en el campo y la salvaguarda de los sectores autoritarios que han impulsado tras bambalinas los hierros de la confrontación y se han beneficiado de ellos.

Y ahora ¿hay proyectos alternativos al autoritarismo que los actores aquí mencionados proponen, que sean viables y tengan vocación de llegar al poder?