El periodismo vence ante la censura eclesiástica

Autor:

Santiago Gamboa

Los poderes establecidos en Colombia tienen un escenario bastante amplio, en ellos no únicamente se posicionan sectores de la política tradicional ubicados en los más altos podios del manejo de influencias, sino también, sectores como la Iglesia católica, que ha intentado, por medio de triquiñuelas y fatídicas manipulaciones, reprimir el libre albedrío. 

Nuestro país, profundamente creyente y practicante, ha demostrado que la Iglesia juega un papel fundamental en todos los ámbitos de desarrollo: tanto en lo social, como en lo cultural y ni hablar de sus intervenciones en materia política y económica. Sin embargo, ante la imposibilidad de esta entidad religiosa en la toma de decisiones sobre algunos temas que les quitan el sueño, deciden interponerse por medio de la presión, mostrándose como una autoridad competente, que, en realidad, no lo es. 

En Colombia, recientemente, se ha visto cómo el periodismo de investigación ha vuelto a ser víctima de los intentos de censura por parte de la Iglesia católica. Por segunda vez, el periodista Juan Pablo Barrientos ha recibido hostigamientos y pleitos jurídicos, ahora, en contra de su nueva obra Este es el cordero de Dios. Siete acciones de tutela fueron interpuestas por la Arquidiócesis de Villavicencio y la abogada Marlén Vega, quien asegura que, a sus clientes, los sacerdotes, Ricardo Calderón, Carlos Julio Beltrán y José Guillermo Sánchez les fueron vulnerados sus derechos a la honra, buen nombre, intimidad personal y familiar, derecho a la igualdad y la presunción de inocencia al ser mencionados en la investigación. 

El pedido de la Arquidiócesis de Villavicencio es de suspender la reproducción y comercialización del texto que contiene más de 200 páginas, en las cuales se narra la historia de un hombre que, por medio de denuncias, cuenta como fue abusado e inducido a la prostitución por parte de 38 sacerdotes de ese departamento.  

Como autoridad eclesiástica, la Iglesia católica busca demeritar la libertad de expresión, así como la libertad de prensa, además de desvirtuar el testimonio del hombre denunciante de estos hechos de abuso. ¿No es más fácil salir, dar la cara y presentar las pruebas de que Barrientos está cayendo en calumnia e injuria? Si esto no se hace, es tan sencillo como pensar que no se tienen, y la única manera de salir bien librados de un entramado tan grave como este, es presionar para que este libro deje de venderse, que, además, lo está haciendo como pan caliente. 

Esta no es la primera vez que esto sucede con investigaciones periodísticas que han puesto la lupa sobre las conductas de sacerdotes y personajes pertenecientes a la Iglesia. Barrientos, en el año 2019, ya había sido víctima de censura por su libro Dejad que los niños vengan a mí, cuando el juez promiscuo municipal de San Rafael, Antioquia, Rafael Vásquez Gómez, ordenó suspender la reproducción y comercialización de la obra. Días después, Barrientos junto a un equipo jurídico, apoyado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) solicitó que la medida fuera levantada «pues constituye censura previa y desconoce mandatos constitucionales». 

Los efectos de aquella obra fueron mayúsculos. El revuelo en Medellín causó diferentes reacciones de la gente y, claro está, también de la Iglesia. El padre Carlos Yepes, mencionado y denunciado por abuso sexual en ese libro y de gran reconocimiento en Antioquia, intentó atravesarse con una tutela en contra de Barrientos, la cual no funcionó y, junto con la decisión del juez de frenar la comercialización del libro, dieron paso a que la gente pudiera celebrar la frase: «no hay mejor publicidad que la censura». 

El libro se convirtió en bestseller y el padre Yepes fue suspendido por el Vaticano, que también abrió una investigación en su contra. Después de toda esta novela, se pasó la página hacia un nuevo capítulo. A inicios de este año, el presbítero Óscar Augusto Álvarez Zea fue multado por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Oralidad de Medellín debido al desacato sobre la sentencia que obligaba a la Arquidiócesis de Medellín a responder los derechos de petición enviados por Barrientos, en los cuales solicitaba información acerca de sacerdotes pederastas en ese departamento. El padre Álvarez Zea fue quien pagó los platos rotos de este entramado, ya que era él quien revisaba las denuncias de abuso sexual y las remitía a Roma. ¿Qué quería esconder? 

Sumado a todo esto y no menos importante, fue la sanción por desacato que recibió el entonces arzobispo Ricardo Tobón Restrepo en un caso que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. 

Hoy por hoy, tres de las siete tutelas interpuestas han sido negadas por el Juzgado 2 Civil de Villavicencio argumentando que lo plasmado en el papel por Barrientos no está basado en una opinión sino en el resultado de una investigación periodística y que, además, la Arquidiócesis de Villavicencio no envió ninguna prueba que contradiga lo mencionado en la investigación, sino, únicamente, remitió la solicitud para interrumpir la comercialización de la obra. 

Tal parece que los atentados a la libertad de expresión no dieron resultado y la obra continuará en los estantes de las librerías del país, siendo este un triunfo del periodismo ante la censura eclesiástica.  

Una y otra vez, las intervenciones de esta entidad religiosa intentan frenar la verdad y poner un telón frente a las denuncias que los involucran en delitos de abuso y encubrimiento. El prestigio pareciera ser lo más valioso para ellos, mientras que, no solo acallar sino intentar callar hace parte de su modus operandi en el cual, quienes pagan con creces, por medio del silencio que se les impone, son las víctimas.