Columnista:
Santiago Gamboa
La expresión, «dormir el sueño de los justos» hace referencia, en la antigua Grecia, a quien dormía con la conciencia tranquila, sin perturbaciones, ya que llevaba una plena vida ética y moral. Sin embargo, siglos después, en la actual Colombia, a este término se le pueden encontrar algunas variaciones de acuerdo con diferentes situaciones vividas en los últimos meses.
En algún momento del año 2018, se dijo en la campaña de Iván Duque, que «el que la hace la paga», algo que con el tiempo se convertiría en una de las banderas del entonces candidato para llegar a la presidencia. Hoy vemos que esa consigna solo quedó escrita en las pancartas y camisetas que también citaban en su momento, «El futuro es de todos».
Resulta que, en lo que va de este año, el que las ha hecho no las ha pagado. Muchos de ellos están durmiendo una especie de sueño de los justos, y digo especie, porque en parte tienen la conciencia tranquila, pero por el hecho de que sus casos serán juzgados por la Fiscalía, la cual dirige uno de los amigos personales del presidente de la República.
El primero de los dormidos es Edwin Ballesteros, quien fuese representante a la Cámara por el Centro Democrático, hasta el 8 de septiembre de este año, Ballesteros estaba siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia y decidió renunciar a su curul para que su caso pasara a competencia de la Fiscalía.
Además, Ballesteros es investigado por ser uno de los presuntos receptores de los beneficios de los contratos, elegidos a dedo, que se habían adjudicado por la Gobernación de Santander entre 2014 y 2015 y en los cuales se cobraban coimas sobre el porcentaje total del negocio; todo esto cuando fue gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (ESANT). En el mismo sentido, se le investiga por el desembolso de 4588 millones de pesos para la construcción del Acueducto Regional del Río Quiratá, ubicado en Landázuri, Santander.
Estas investigaciones que se adelantan en contra de Ballesteros son solamente la punta del iceberg. El excongresista ha sido investigado previamente por irregularidades en contratos en los municipios de Enciso para la elaboración de una planta de agua potable y Sucre (Santander) para el mantenimiento del alcantarillado del sector. El primero fue adjudicado a la Unión Temporal Enciso Potable por 572 millones de pesos y el segundo a la empresa Ingream S.A.S por 1188 millones de pesos.
No contento con esto, Ballesteros también sería el presunto responsable de firmar contratos para obras que quedarían inconclusas y que inclusive colapsaron, como es el caso de la represa La Batanera, en el municipio de Vélez.
Esto conlleva, directamente, al segundo de los dormidos, Richard Aguilar, quien fuese gobernador de Santander entre 2012 y 2015 y que hoy se encuentra detenido. La Corte Suprema de Justicia alcanzó a emitir una orden de captura en su contra. Aguilar se desempeñaba como senador de la República por Cambio Radical al momento en que fue investigado y detenido. El exsenador, siguiendo los pasos de Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada, renunció a su curul en el Congreso para que su caso también se trasladara a manos de la Fiscalía.
El exgobernador, aparentemente, también está durmiendo el sueño de los justos bajo tranquilidad, ya que se encuentra recluido en el Batallón Número 13, en Bogotá, en el cual también se encuentra su padre, condenado por parapolítica.
Aguilar es investigado por ser quien adjudicaba los contratos a dedo con el objetivo de beneficiar empresas y cobrar coimas con relación al porcentaje total del contrato, como se mencionó anteriormente, con la ESANT. Principalmente, esto se evidenció en el contrato para el reforzamiento estructural del Estadio Alfonso López y la Villa Olímpica de Bucaramanga, el cual se adjudicó a la Unión Temporal Reforzamiento 2015 por más de 24 mil millones de pesos, y del cual presuntamente el exgobernador habría cobrado una coima del 10 por ciento.
Estos dos personajes de la política santandereana, vinculados a dos de los partidos que integran en su mayoría el Congreso y apoyan la gestión del presidente Duque, hoy duermen tranquilamente, sin preocupaciones, esperando que la impunidad los acobije con la libertad, la casa por cárcel o una ostentosa celda con güisqui y salidas permanentes.
Alguien que también ha caído en este profundo sueño, es la ex ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Karen Abudinen. La exministra no está condenada, pero tampoco se le ha realizado una investigación concreta al momento del escándalo de la adjudicación del contrato a la Unidad Temporal Centros Poblados por más de 1 billón de pesos, en el cual se dio un adelanto de 70 mil millones, que, hasta ahora, no aparecen. Es más, Abudinen, recientemente, se ha declarado víctima en el proceso y la denuncia que se le ha interpuesto por medio de la Veeduría de la Rama Judicial en Cartagena, será revisada por el fiscal Gabriel Jaimes.
Este es el panorama que afrontan quienes la hacen y no la pagan, por medio de jugadas y algunas influencias, logran evadir la justicia y ponerse del lado de sus protectores desde los organismos de control, para así, poder continuar impunes y en serenidad bajo el amañado sueño de los justos.
