El país del nunca jamás

Si bien es cierto que el nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia tiene grandes errores que deben enmendarse, cuanto antes, ojalá en los seis meses de prórroga que dio el presidente Santos para que entren a operar las multas con todo rigor; la expedición de estas normas es una noticia que debe alegrar al buen ciudadano quien, de seguir así, como cumplidor de sus deberes y vigilante de sus derechos, no tiene por qué alarmarse.

Desde su entrada en vigencia, el pasado 30 de enero, las críticas al articulado de este Código no se han hecho esperar. Y con razón, pues revisando el manual se encuentran varias cosas que atemorizan a cualquiera, rayan con lo injusto y terminan siendo “mandatos” que en vez de prevenir, como según dicen, es su espíritu, castigan al infractor de una manera desmedida.

Por ejemplo, no puede ser equitativo ni coherente, en aras de la legalidad, que a una persona que arroje basura se le cobren casi 800 mil pesos mientras que a quien compre, alquile o use un celular robado, la multa llegue a 200 mil. Tampoco, por supuesto, es entendible que no se tenga claro hasta dónde llega la competencia de la Policía en algunas conductas, como lo dijo el Consejo Superior de la Judicatura y por lo cual teme un número inusitado de tutelas, tal y como lo publicó Caracol Radio en días pasados.

Mucho menos se asimila con facilidad, y por ahora, mientras no haya educación, es inaceptable, lo que en oportuno momento denunció Iván Mejía Álvarez, en esa cadena radial, en la que trabaja, en el sentido de que la Policía dejará de asistir a los estadios y que deberán ser los equipos de fútbol los encargados de la seguridad, a través de esquemas de seguridad privados.

El periódico El Colombiano, de la ciudad de Medellín, hizo público que ya hay cerca de 30 demandas que deberán ser falladas a final del mes de febrero y referenció lo dicho por el mismo secretario ejecutivo de la Policía Nacional, coronel Pablo Criollo: “entre lo más demandado está la posibilidad que tiene la institución para conducir a una persona para protección o para aplicar un procedimiento policial, así como el ingreso a las viviendas y la regulación del espacio público en materia de ventas callejeras”.

Y si a esto se le suman las demandas hechas por Dejusticia en contra de cinco artículos del Código, pues considera que “estarían violando la intimidad de la población”,  y “se somete a los colombianos a un monitoreo “indiscriminado” por la vigilancia masiva”, como lo publicó El Tiempo, pues el panorama se torna aún más oscuro.

Y si al cabo de los seis meses pedagógicos la gente no paga las multas, ¿hay mecanismos claros, fáciles y expeditos para recaudar esos dineros o solo cantos de sirena? ¿O todos a la cárcel?

Por eso es bueno insistir en que todos aquellos errores o desaciertos que muy posiblemente (quiero pensar bien) se pasaron por descuido, por fallas de redacción o por una mala interpretación de las normas, se corrijan y se adapten a lo que realmente beneficie al ciudadano a quien deben respetársele todos sus derechos y a quien se le debe cambiar la mala imagen que tiene de la Policía Nacional, que por desgracia, se ha sabido ganar amén de sus excesos y abusos.

Ahora bien, si nos atenemos a todos las cosas absurdas que pasan cada día en Colombia, como riñas y muertes en estado de alicoramiento  o por peleas entre vecinos por ruidos y otras desavenencias; si nos remitimos a la falta de responsabilidad de muchos tenedores de mascotas, o al irrespeto a la autoridad del cual han sido víctimas decenas de policías; o si recordamos la eterna práctica suicida y, a mi modo de ver, delictiva, de colarse en TransMilenio, en Bogotá, o en los sistemas de transporte de otras ciudades, entre otras deplorables conductas, pues vemos que el nuevo Código es una herramienta útil.

Imagen cortesía de: Publimetro

Claro que la labor correctiva, de persuasión y preventiva para no caer en esos actos, no deberá ser solo de la Policía sino, sobre todo, de los centros educativos tanto de primaria como de secundaria, e incuso de universidades, a los cuales no se ha visto pronunciarse ni se sabe en qué medida participarán para colaborar en la tarea pedagógica que se avecina en pro de conocer los artículos de la Ley 1801 de 2016, pero mucho más en las tareas realmente de prevención que, como centros de conocimiento, deben asumir.

Otro aspecto destacable es el artículo 21, pues de ahora en adelante “todo procedimiento policivo podrá ser grabado (por cualquier ciudadano, no solo por los periodistas) a través de cualquier medio de las tecnologías de información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, (las cuales el ciudadano del común deberá averiguar. He aquí una labor pedagógica importante. Por ejemplo: “El policía puede obstruir cuando se afecte el derecho de un menor, la preservación de custodia de una escena del delito que se pueda alterar o cuando se afecte el derecho a la privacidad”(ver link)) impedir que sean realizadas dichas grabaciones. La autoridad de Policía que impida la grabación de que trata este artículo sin la justificación legal correspondiente incurrirá en causal de mala conducta”.

Y es de resaltar porque ahora, tanto ciudadano como policía, podrán tener pruebas para demostrar si una actuación, del uno o del otro, se llevó a cabo con total ceñimiento a la ley y a la civilidad y no solo se tendrá en cuanta la palabra, que ya poco vale.

Como se observa, hay muchas cosas por hacer aún en torno a la educación, a la pedagogía, y, sobre todo, a la convivencia. No todos están contentos con el Código y son válidas sus críticas y válidos sus temores, los cuales deberán ser tenidos en cuenta para lograr la corrección de algunos artículos, pero en este intento por  preservar la sana y pacífica relación entre ciudadanos y por vivir en armonía, debemos estar unidos a ver si algún día salimos del país del nunca jamás, del país del ‘No’, del país de la sangre, la corrupción y las “narconovelas”, del país del ‘vivo’ y en donde todo es malo, nada sirve y todo es demandable.

Ya ustedes saben que en Colombia todo lo que funciona es susceptible de que sea dañado, luego es de esperar que eso también cambie sin necesidad de código alguno sino simplemente utilizando el tan añorado pero vilipendiado y poco usado sentido común.

Ñapa: ¡Qué bueno que las Farc estén llegando a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización para empezar su desarme, su posterior reintegración a la vida civil y su inclusión a la vida política nacional! Ese era el fin del proceso de paz que, dicho sea de paso, debe cumplirse a cabalidad, tanto por parte de los miembros de esa ya casi exguerrilla como del Gobierno Nacional a quien se ha visto retrasado en algunas cosas, para que podamos todos gritar con alegría, ¡viva la paz!